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En 18 meses, Nación se ahorró $ 3,2 billones en demandas

Según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, son procesos fallados desde el 2014 a la fecha.

JUSTICIA
Los pleitos jurídicos que se han fallado a favor de la Nación le han ahorrado al país cerca de 3,2 billones de pesos, según las cuentas de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Ese monto corresponde a los procesos que tuvieron sentencia desde el 2014 a la fecha.
Los procesos en los que el Estado ha salido triunfador en los estrados han tenido como protagonistas a diferentes entidades no solo del orden nacional sino también distritales, como la disputa que la ETB sostuvo con Comcel (hoy Claro).
“Un Tribunal de Arbitramento falló a favor del Estado evitándole el pago de más de $ 40.000 millones que reclamaba Comcel. Esta decisión se sumó a los $ 45.000 millones que ETB ya se había ahorrado con un laudo anterior, en donde también se le dio la razón a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá”, explica la agencia estatal.
Otra acción judicial por 346.000 millones de pesos que quedaron en las arcas nacionales se dio en el marco de la demanda que EPM le interpuso al Ministerio de Defensa por la suspensión del proyecto hidroeléctrico Porce IV. Empresas Públicas adujo que la obra se paralizaba en razón de la situación de orden público que vivía el noreste antioqueño, donde se realizaría la imponente obra.
La intervención de la Agencia de Defensa consiguió que EPM desistiera de esa pelea jurídica.
La Agencia actualmente cuenta con 3.500 abogados que crearon una hoja de ruta que sirve como guía para las 20 entidades que actualmente concentran el 75 % de los procesos judiciales en contra de la Nación.
Ese modelo de gestión fue clave para que, por ejemplo, a Indumil se le levantara un embargo decretado por el municipio de Barrancas (La Guajira) contra la empresa Cerrejón. En juego estaban 284.000 millones de pesos con los que, de haberse perdido, la industria militar hubiese sido inviable, como en su momento lo advirtió la Contraloría General.
En síntesis, el pleito se fundamentó en que la carbonífera tenía una deuda con el municipio por el que la tesorería de Barrancas vinculó a Indumil en calidad de deudor subsidiario. Ese nexo se dio en razón de la autorización que otorgó la industria militar para que Cerrejón produjera explosivos para sus labores de extracción.
Otro caso en el que el Estado salió venceedor fue el de las famosas ‘pirámides’. Como lo informó EL TIEMPO en julio pasado, el juzgado primero de descongestión de Pasto (Nariño) acogió el argumento de la Agencia de Defensa en el sentido de que fueron los ciudadanos los que arriesgaron sus ahorros en entidades que no tenían el aval para captar dinero.
Ese argumento servirá, además, para que el Estado no pierda unos 46 billones de pesos por cuenta de las demandas interpuestas por miles de ‘tumbados’.
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