Libre abogado implicado en el caso del grafitero

Libre abogado implicado en el caso del grafitero

Por orden de una juez, Héctor Ruiz recobró su libertad. Es pieza clave en la investigación.

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13 de agosto 2015 , 12:22 a.m.

Héctor Hernando Ruiz, exasesor jurídico de la Policía y uno de los involucrados en el caso de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra, fue dejado en libertad por orden de la juez 57 de garantías quien argumentó vencimiento de términos en el proceso.

El nombre del abogado se escuchó por primera vez en las audiencias que se adelantaron en contra de los coroneles José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo. De acuerdo con la Fiscalía, fue uno de los que presuntamente alteró la escena del crimen de Becerra, en la noche del 19 de agosto de 2011 en el norte de Bogotá.

La Fiscalía considera que el abogado tiene la clavede hasta dónde, en la cadena de mando de la Policía, se movió el supuesto plan para presentar al joven grafitero como si fuera un delincuente. Al día siguiente de la muerte de Becerra, de la Policía Metropolitana emitió un comunicado en el que aseguraba que Becerra, junto con dos jóvenes más, portaban "armas blancas y arma de fuego, (y) estaban atracando a los pasajeros" de un vehículo de servicio público.

Los testigos y las pruebas en manos del ente acusador sostienen que se habrían modificó registros del Centro Automático de Despacho y que, presuntamente, se habrían destruido denuncias de otros policías que ponían en duda la versión oficial sobre la muerte de Becerra. Esta sostenía que fue abatido por el patrullero Wílmer Alarcón en un cruce de disparos, tras el supuesto intento de robo a la buseta.

Los cargos que enfrentaba Ruiz le darían hasta 20 años de prisión. Según el organismo investigador, usó sus conocimientos y experiencia para organizar un acto de “corrupción judicial”.

El proceso también ha involucrado al coronel John Harvey Peña, excomandante de la Policía en la localidad de Suba, y los subintendentes Fléiber Leandro Zabaranda y Giovanni Tovar,

Estos uniformados deben responder por los delitos de porte ilegal de armas, fraude procesal, favorecimiento al homicidio, falsedad ideológica y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio por presuntamente haber alterado la escena del crimen.

JUSTICIA

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