Fiscal General demanda reforma al equilibrio de poderes

Fiscal General demanda reforma al equilibrio de poderes

Para Eduardo Montealegre, las reformas que tocaron a la justicia son 'inconstitucionales'.

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13 de agosto 2015 , 11:10 a.m.

El fiscal general, Eduardo Montealegre, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al equilibro de poderes por considerar que es "incompatible con la Constitución de 1991".

La demanda se enfocó específicamente en las reformas que el acto legislativo trae para la justicia, es decir, "todas aquellas disposiciones que modificaron el funcionamiento de la Rama Judicial", dice un comunicado de la Fiscalía. 

En el comunicado, el órgano acusador recordó que desde septiembre del 2014, cuando esta reforma comenzó su trámite en el Congreso, algunos representantes de la Rama Judicial y el fiscal general Eduardo Montealegre "explicaron públicamente que ciertos aspectos del proyecto afectan el balance entre los poderes públicos, y la independencia y autonomía de la administración de justicia".

El Fiscal también dijo que en ese momento advirtió que de no corregirse esas fallas, se convertiría "la iniciativa en un cambio constitucional altamente nocivo para la institucionalidad del país y nuestro Estado de Derecho".

Montealegre dice que a pesar de esos llamados, el Congreso "lejos de remediar los desajustes institucionales y los desbalances de poder contenidos en el proyecto original, optó por agravarlos y profundizarlos a lo largo de las distintas etapas del tránsito legislativo".  

La Fiscalía considera que son inconstitucionales los artículos de la reforma que modificaron el sistema de gobierno y administración del poder Judicial "y el régimen disciplinario de los empleados de la Rama Judicial".

Para Montealegre, una reforma legislativa solo puede modificar temas que tengan conexión entre ellos. En el Acto Legislativo 02 de 2015, el tema central era el reequilibrio de los poderes públicos. Es decir, la reforma buscaba principalmente modificar el sistema de controles establecido en la Constitución de 1991 para que las ramas del poder público se controlen entre ellas mismas.

Por esta razón, para el Fiscal, las reformas que tienen que ver con el sistema de gobierno y administración del poder judicial y que también afectan el régimen disciplinario de empleados de la Rama Judicial deben declararse inconstitucionales, pues "no guardan relación" con el sistema de equilibro de poderes.

Es decir, que para la Fiscalía los cambios que el acto legislativo trajo para la justicia "no afectaron la forma en que el poder Judicial se relaciona y equilibra con las demás ramas del poder público", que se supone era la finalidad del acto legislativo.

Otros pecados que señaló el Fiscal

Otro de los argumentos de la demanda interpuesta por la Fiscalía es que el "Congreso de la República violó los principios de consecutividad e identidad flexible durante el trámite de la reforma constitucional". Esto porque la reforma aprobada introdujo en la constitución "algunas normas que no fueron objeto de los ocho debates que exige la ley colombiana".

El Fiscal sustenta que el Congreso no podía modificar en segunda vuelta lo que se había aprobado en los primeros debates. Esa violación específicamente, según el Fiscal, se dio en los artículos que reformaron temas como el nuevo proceso de juzgamiento de altos funcionarios del Estado o la disposición transitoria con la que se prorrogó el periodo de los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La demanda sostiene, además, que el Congreso "desbordó sus competencias constitucionales, porque la aprobación de la reforma de equilibrio de poderes condujo a la sustitución de pilares de la Carta Política de 1991". 

Ese poder, según Montealegre, solo lo tiene el pueblo colombiano a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

Uno de esos puntos en los que la Fiscalía asegura que el Congreso desbordó su poder fue en la creación de la Comisión de Aforados. Para la Fiscalía, esta entidad encargada de la investigación y acusación de los altos funcionarios de la Rama Judicial "no puede ser controlada por ninguna rama del poder público".

Dice Montealegre que el Congreso le dio a esa Comisión de Aforados "poderes desorbitantes en materia de investigación y acusación, no estableció mecanismos de control a sus procedimientos y decisiones y no definió su lugar dentro de la estructura del poder público".

Además, dice la demanda, el Congreso modificó el sistema de investigación y juzgamiento de magistrados de Altas Cortes y del mismo Fiscal General, eliminando la figura de antejuicio político para esos funcionarios. "Con la implementación de este cambio, el Congreso rebasó sus competencias para reformar la Constitución, pues desconoció que el control político de la acción penal en contra de los altos funcionarios de la Rama Judicial es una piedra angular del sistema de pesos y contrapesos, a la par que es una garantía institucional para proteger la función jurisdiccional de injerencias indebidas por parte de otros poderes públicos", dice el documento.

Otro de los puntos que toca la demanda es que "se dejó a los empleados de la Rama Judicial, temporalmente, sin juez natural en materia disciplinaria", pues se debe esperar a que se cree la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que reemplazará a la Judicatura. Esto, según Montealegre, generaría una especie de  “impunidad disciplinaria”. Además, plantea que no hay reglas claras sobre quién tiene competencia para juzgar a los servidores de la justicia.

"En la medida en que mayor sea la participación ciudadana, el proceso deliberativo se verá favorecido y el Alto Tribunal contará con mejores elementos de juicio para tomar una decisión de suma transcendencia para la institucionalidad de Colombia", concluyó Montealegre.

JUSTICIA

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