Los concejales del 'carrusel' de la contratación, ¿en la impunidad?

Los concejales del 'carrusel' de la contratación, ¿en la impunidad?

El archivo de las investigaciones en la Procuraduría prende todas las alarmas. Análisis.

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13 de agosto 2015 , 07:12 a.m.

El archivo de las investigaciones que adelantaba la Procuraduría contra 12 concejales de Bogotá, implicados en el ‘carrusel’ de la contratación, se convierte en un serio campanazo de alerta sobre el enorme riesgo de que uno de los peores escándalos de corrupción en la historia del país termine naufragando en las aguas de la impunidad.

Si bien es cierto que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez jugó un papel determinante en las primeras investigaciones por el saqueo a Bogotá, al sancionar a Liliana Pardo (exdirectora del IDU), Miguel Ángel Moralesrussi (excontralor distrital), Germán Olano (exrepresentante a la Cámara), Iván Moreno (exsenador de la República) y Samuel Moreno (exalcalde de Bogotá), el auto de archivo de los cabildantes abre muchos interrogantes porque se dejaron prescribir los tiempos de las investigaciones, que comenzaron el 20 de octubre del 2011.

Es decir, pasó el tiempo y los procuradores delegados a cargo de este caso y que firman el archivo, Fabio Becerra Heredia, Óscar Alfonso Rodríguez Barrera, Jorge Enrique Sanjuan Gálvez, concluyeron que no encontraron nada sobre Antonio Sanguino, Édgar Torrado, Fernando López, Fernando Rojas, Henry Castro, Javier Palacio, Jorge Durán, Omar Mejía, Rafael Escrucería, Severo Correa, Jorge Salamanca y Julio César Acosta.

¿Por qué ocurrió esto? ¿Qué valoración hizo la Procuraduría de testimonios como el del exsecretario de Salud Héctor Zambrano, que acusó con nombre propio a algunos de los concejales que ahora resultan beneficiados con el archivo de las investigaciones?

Leyendo el auto de archivo se encuentra que, por ejemplo, las declaraciones de Zambrano no figuran en el material probatorio. Es decir, su colaboración con la justicia, que ha sido eficaz para que la Fiscalía desenrede negocios como el de las ambulancias, no se tuvo en cuenta en la Procuraduría. ¿No es sinónimo de negligencia que una investigación que iniciaron los medios, al revelar testimonios y evidencias, a partir del 2010, haya terminado en nada, sin que pruebas claves ni siquiera se hayan revisado? ¿Amerita que se abra una investigación contra los procuradores por no cumplir con sus deberes? ¿Cómo se podría revocar esta decisión?

Es posible que algunos de los concejales beneficiados con el archivo no tengan nada que ver con el ‘carrusel’. Sin embargo, sobre otros de ellos pesan declaraciones que han tenido efectos en lo penal.

Tal como lo reveló EL TIEMPO el 19 de noviembre del 2013, y en una declaración rendida en la Fiscalía, Zambrano dijo que le dio una comisión de 500 millones de pesos del polémico contrato de las ambulancias al concejal Jorge Salamanca. “Pidió que se la hicieran llegar a su casa en La Calera. Como me era muy difícil ir, le pedí el favor a Roberto Baquero (amigo de Zambrano). Esos dineros al concejal Salamanca sumaron 500 millones de pesos y se los llevó (Roberto Baquero) en cerca de cuatro entregas”, había señalado Zambrano.

Bajo la lupa de la Fiscalía, Salamanca tuvo que renunciar a su cargo el primero de agosto del 2014 y, en ese entonces, se conocieron versiones sobre un presunto acuerdo con la Fiscalía. Hoy no se sabe nada al respecto.

En el caso de Ómar Mejía, Zambrano también dio detalles. “Le entregué 120 millones de pesos directamente en su sede (Park Way) en una entrega de 40 millones, dos de 30 millones y una de 20 millones de pesos, respectivamente”, dijo el exsecretario de Salud, preso en la cárcel La Picota.

Mejía, que afronta un proceso penal, se encuentra con detención domiciliaria, precisamente por haber recibido al parecer esos dineros del contrato de las ambulancias.

Sobre los demás concejales también hay pistas en entidades como el Fondo de Vigilancia y algunos hospitales, además de testimonios, que la Procuraduría debió haber valorado antes de dejar pasar el tiempo y permitir que prescribieran las investigaciones.

Incluso, los procuradores delegados dan a entender que los medios debían cerrar el círculo de los procesos, cuando la obligación constitucional es de ellos. “Los informes periodísticos que dieron origen a las presentes diligencias, no concretan ningún hecho en particular, si bien señalan presuntos intereses indebidos en la celebración de contratos o tráficos de influencias o peculados, no se pudo establecer dentro de qué contratos o dentro de qué entidades los concejales han cometido las presuntas irregularidades denunciadas”, dice el auto de archivo de la Procuraduría.

El ‘carrusel’ de la contratación, que estalló en el 2010 y que tuvo su punto de inicio en el retraso de las obras de la calle 26 a cargo del Grupo Nule, no habría podido estructurarse sin la participación de los concejales. Los cabildantes involucrados sirvieron como motor de un gran sistema de corrupción que se apoderó de millonarios contratos y de cargos estratégicos en las entidades, en una alianza criminal para apoderarse del erario.

Algunos concejales recibieron comisiones por contratación, presionaron para nombrar a sus fichas en las entidades y eran la punta de lanza de los contratistas para acercarse a los funcionarios del Distrito.

Cinco años después de que se denunciara el ‘carrusel’, algunos concejales han pagado por sus actuaciones. Es el caso de Hipólito Moreno, Orlando Parada y Andrés Camacho, que ya fueron condenados. Otros más están detenidos, en medio de las investigaciones, como José Juan Rodríguez, Omar Mejía y Wilson Duarte. Hasta ahora, la Procuraduría había destituido a Hipólito Moreno, Andrés Camacho y José Juan Rodríguez

Sin embargo, el archivo de las investigaciones disciplinarias contra 12 concejales y la lentitud de los procesos en la Fiscalía prenden las alarmas sobre la impunidad que podría estar beneficiando a los concejales que saquearon a Bogotá, en la alcaldía de Samuel Moreno.

YESID LANCHEROS
Jefe de Redacción de ELTIEMPO.COM
Twitter: @YesidLancheros
yeslan@eltiempo.com


 

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