¿Qué hacemos con los perpetradores?

¿Qué hacemos con los perpetradores?

¿Cuánto tiempo se necesitará para resolver todos los delitos cometidos durante 50 años de conflicto?

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12 de agosto 2015 , 07:34 p.m.

Uno de los puntos pendientes en la negociación con las Farc es la justicia. Los expertos dicen que este es el asunto más difícil de pactar en todos los procesos de paz del mundo. En Colombia puede ser aún más difícil, porque los antagonistas conversan sobre él en medio del conflicto armado y de la polarización con respecto a las negociaciones.

Lo que hoy se debate en torno a ello, tanto en la mesa de negociaciones de La Habana como en los espacios de opinión, es cómo juzgar y castigar a quienes –en distintos grados y medidas– han estado vinculados a grupos armados ilegales, a todas las personas que –siendo parte de las Fuerzas Armadas– cometieron delitos creyendo que su conducta criminal servía para ganar la guerra, y a los que promovieron y aprovecharon el conflicto armado para delinquir en su propio beneficio.

La duración y la dimensión cuantitativa del conflicto, sumadas a las dificultades de nuestros sistemas judicial y carcelario, hacen imposible que se juzgue y encarcele a todos ellos. Veamos.

Si el conflicto armado en Colombia ha durado más de cinco décadas y en él han participado casi tres generaciones de combatientes, saque usted la cuenta de cuántas personas han estado vinculadas a los grupos armados ilegales, y cuántos del Ejército regular han cometido delitos durante estos cincuenta años. Súmele empresarios, periodistas, intelectuales, ganaderos y líderes políticos que han orientado y promovido, o que se han beneficiado a sabiendas, del accionar delincuencial de unos u otros. Se puede decir que hay más de 60 mil personajes en proceso de investigación, en juicio y/o en la cárcel.

Y tenga en cuenta que tratando de juzgar a 160 paramilitares, nuestro sistema judicial gastó ocho años y solo dictó once sentencias parciales, incluidas dos megasentencias contra hombres que tuvieron mando y responsabilidad en la comisión de delitos atroces. A ese ritmo, ¿cuánto tiempo se necesitará para juzgar a 60 mil personas y esclarecer todos los delitos cometidos durante cincuenta años de conflicto armado?

Aún más: si la justicia colombiana lograra hacer la investigación, el juicio y la condena de esa cantidad de personas, ¿en qué cárceles los vamos a poner? Según la Defensoría del Pueblo, en Colombia hay 266 reclusos por cada 100 mil habitantes. Esto es, tres veces más de los que hay en Ecuador, casi el doble de los que hay en Venezuela. El hacinamiento promedio ronda el 50 por ciento, aunque hay cárceles en las que llega al 500 por ciento. La infraestructura carcelaria es insegura y anticuada. La atención en salud es precaria y el país carece de adecuados programas de resocialización.

En conclusión: ni la rama judicial tiene suficiente capacidad para investigar, juzgar y condenar a todos los que han delinquido en el marco del conflicto armado, ni hay cupos en las cárceles para poner en ellas a 60 mil nuevos prisioneros.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario que empecemos a pensar si es políticamente posible, jurídicamente viable y socialmente útil, usar los mecanismos de la justicia comunitaria para juzgar a los excombatientes que no han cometido delitos de lesa humanidad.

En Colombia hay más de cinco mil operadores de esos mecanismos de justicia. De ellos hacen parte, entre otros, los conciliadores en equidad, los jueces de paz, las autoridades de la jurisdicción especial indígena, y las autoridades jurisdiccionales de los grupos de afrodescendientes y raizales. Estos operadores están en casi todo el país, conocen la dinámica de la guerra y saben quién cometió qué delitos, y cuándo y cómo.

Tendrían que coordinar su trabajo con la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que hace parte del Centro Nacional de Memoria Histórica. Así, al tiempo que evitarían una mayor congestión de los despachos judiciales, ayudarían a las víctimas a obtener verdad, justicia y reparación; en la misma medida, definirían la situación jurídica de quienes han cometido delitos menores en el marco del conflicto armado. Para cumplir esta tarea, solo necesitan recibir la capacitación adecuada y garantías de seguridad.

Ribete: Siguen en la cárcel los trece jóvenes detenidos y señalados públicamente por la autoridad competente de haber puesto bombas en Porvenir, pero acusados judicialmente –y por las mismas autoridades-, no por ese, sino por otros delitos. En la opinión pública quedará la sensación de que los acusarán de cualquier cosa con tal de no reconocer que su detención y señalamiento fue una equivocación.

César Torres

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