La reforma agraria está lista para ser llevada al Congreso en cuestión de semanas y contempla medidas como la compra de tierras privadas para redistribuirlas en el posconflicto.
Así se lo reveló a EL TIEMPO el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien confirmó que habrá un banco de tierras para redistribuir entre los sectores rurales más golpeados y que –al finalizar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos– contará con más de 2 millones de hectáreas disponibles.
¿Cuál es la reforma agraria que se piensa hacer?
Ya tenemos fuentes de información que son claves para esa reforma. Una es el resultado de la Misión Rural, que viene trabajando con el propósito de fijar un plan de acción a 20 años en el sector agropecuario. La otra son las 90.000 propuestas de las regiones que llegaron con el Pacto Agrario en torno a lo que en estas zonas esperan que sea esta reforma. Y, además, estamos pendientes del censo nacional agropecuario que tiene que estar listo para este segundo semestre.
¿Pero aún no hay bases concretas?
Claro, ya hay unas bases sólidas. Esta reforma tiene la parte institucional, que ya se está desarrollando con las facultades especiales que se le dieron al Presidente en el Plan Nacional de Desarrollo para reformar el sector agrario, ya que se busca una modernización de este sector. También estamos trabajando en el acceso a tierras. De aquí también nace la creación de un banco de tierras, con el que se le dará a la gente más necesitada acceso a las tierras.
¿Ese banco ya está funcionando?
Está en marcha. Una fuente de la que se alimentará es de la recuperación de las tierras baldías, que son alrededor de 1 millón de hectáreas. Es innegable que ha habido un desorden histórico en la administración de los baldíos, comenzando porque no hay una obligación de registrarlos a nombre del Incoder, pero eso ya se reformó y en poco tiempo estará en marcha esa obligación. Recordemos que la mayor víctima en pérdida de tierras ha sido el propio Estado, porque en este país se robaron los baldíos y muchos están indebidamente ocupados.
¿De qué más se va a alimentar ese banco?
Se van a agilizar los procesos de restitución de tierras, porque vamos a incrementar las metas para llevar más procesos a la jurisdicción agraria y poder recuperar más terrenos despojados. Y, además, se van a usar subsidios integrales de reforma agraria.
¿En qué consiste lo último?
Se trata de la posibilidad de que el Incoder adquiera predios privados para ser titulados y redistribuidos a los campesinos más necesitados de tierras. Es algo que el Estado viene haciendo, pero en el Plan de Desarrollo se estableció que ese proceso sea integral, es decir, que se entreguen recursos que les alcancen para adquirir la tierra, hacer un proyecto productivo en la zona y que puedan construir vivienda rural en esos lotes.
¿Esto incluirá la posibilidad de realizar expropiaciones?
En este tema no hablamos de expropiación, porque una prioridad es la protección de la propiedad privada.
Eso requiere de recursos…
Sí, y con el Pacto Agrario nos aprobaron 19.000 millones de pesos para este proceso. Vamos a comprar tierras a los privados para el posconflicto. La intención es realizar este programa en 10 departamentos que se están seleccionando para que se beneficien este año. Otra cosa es que gran parte de las tierras fueron adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico, por lo que ese tipo de terrenos, que ya vienen siendo objeto de procesos judiciales, se van a recuperar. Estos también van a formar parte del banco de tierras.
¿Cuántas hectáreas tendrá el banco de tierras?
Ese cálculo está por encima de las 2 millones de hectáreas para redistribuir y que se pueden consolidar, dependiendo del manejo del presupuesto, en los próximos cuatro años sin problema, o sea, cuando termine el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
¿Habrá otros aspectos en esta reforma?
Se modificará todo el tema de las UAF (unidad agrícola familiar) y se le dará celeridad a la titulación de predios en Colombia. En el país hay, dentro de las 113 millones de hectáreas rurales, 4 millones de predios de los cuales solo el 21 por ciento tiene título de propiedad. Eso quiere decir que los demás tienen solo posesión o tenencia. Otra cosa es que como no hay formalización de los predios, no hay a quién cobrarle impuestos, y eso se tiene que cambiar.
¿Qué tanto riesgo hay de un nuevo paro campesino?
Ya voy a cumplir un año como ministro de Agricultura, durante el cual hemos realizado un trabajo de escuchar a las regiones, cumplir los compromisos adquiridos en los paros anteriores y priorizar los temas de descentralización para que la ejecución de la inversión sea desde la base. Eso ha permitido que en lo que va de este año no se haya presentado ningún paro.
Pero existe una amenaza...
Existen amenazas, pero la más grande es la electoral. Toda manifestación social en la que se hagan exigencias debe ser escuchada y, en la medida de lo posible, los problemas deben ser resueltos. Pero la cercanía con las elecciones regionales hace que algunos sectores políticos quieran aprovechar las dificultades del agro como herramienta para la obtención de votos o para hacer campaña en contra del Gobierno.
¿Siente que quieren bloquear su gestión?
La oposición no puede bloquear las acciones del Gobierno. Esta semana fui objeto de una denuncia en la que se me acusa de supuesta participación en política por cumplir un compromiso adquirido por el ministro anterior. Confío en el criterio jurídico de la Procuraduría, pero digo que si honrar la palabra del Gobierno y cumplir los compromisos con el sector agropecuario es participar en política, pues me van a tener que destituir muchas veces porque no dejaré de hacerlo.
¿Cuál es el balance de su gestión?
Definimos unos ejes estructurales que fueron tres: diálogo social, lucha contra la pobreza en el campo y desarrollo rural. Además, volvimos realidad el Pacto Agrario y demostramos que es posible descentralizar el presupuesto para las regiones, con base en esas líneas de acción. 847 municipios tendrán proyectos en esta materia.
¿Qué modificaciones se hicieron a los subsidios?
Un ejemplo: duramos 10 años implementando un Conpes de algodoneros y el resultado es que pasamos de 200.000 a 30.000 hectáreas sembradas. Por casos como este ahora asociamos los subsidios a unos compromisos de producción.
¿Cómo avanza el tema de la vivienda rural?
En el país tenemos un déficit de 1,6 millones de viviendas rurales. Por eso, tenemos 100.000 viviendas rurales adjudicadas que estarán entregadas este año, entre las que hay temas de estructuras nuevas y mejoramiento de las ya existentes. En este gobierno se incrementaron en un 472 por ciento los recursos para vivienda rural, pasando de $ 307.000 millones (del 2005 al 2009) a $ 1,8 billones (entre el 2010 y el 2015).
¿Qué cambios se harán con las facultades de reforma del sector agrario?
Se necesita una agencia encargada de todo el tema de tierras y otra dedicada al desarrollo rural. También hay que mirar cómo se combinan las funciones para el desarrollo del agro y, entre otros aspectos, para institucionalizar los precios y comercializar nuestros productos.
DANIEL VALERO
Redacción Política
@DanielValeroR