La dificultad de sancionar por demoras en obras

La dificultad de sancionar por demoras en obras

Pocas veces los contratistas son castigados, mientras el ciudadano es perjudicado intervenciones.

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01 de agosto 2015 , 07:07 p.m.

El pasado 30 de junio, Brandon Naranjo, un supervisor de 22 años, salió disparado de su motocicleta al caer en un hueco de la avenida 68 con calle 34 sur. Al precipitarse a tierra, se golpeó contra el pavimento, sobrevivió 20 minutos al golpe y al final murió.

Lo dramático de esta historia es que el hueco que desestabilizó su motocicleta debía estar tapado tres meses y 28 días antes del fatal accidente. Así quedó estipulado el 3 de marzo, cuando el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) firmó el acta de inició de un contrato por 1.392 millones de pesos con la firma Construcciones AR & S Ltda., para tapar unos 2.300 huecos en la avenida 68, la Primero de Mayo y la calle 13, localidades de Kennedy, Puente Aranda y Fontibón.

El contrato tenía un plazo de seis meses para su ejecución, y el día del accidente de Brandon habían pasado casi cuatro. Y lo que es peor, el 30 de abril y el 4 y 15 de mayo, por solicitud del IDU, el interventor le pidió al contratista “atención de emergencia y reparaciones puntuales al corredor de la avenida 68, desde la calle 22 hasta la autopista Sur”. Hoy, las obras no han comenzado.

Esta es solo una muestra, por desgracia trágica, del efecto que produce en los ciudadanos el incumplimiento de los contratos de obra pública, que lleva a suspensiones, prórrogas y costos adicionales.

EL TIEMPO investigó qué está pasando con los contratos en Bogotá y por qué, con tanta frecuencia, su ejecución se suspende, se prorroga una y otra vez, y la entrega de las obras se pospone hasta dos años y más después de la fecha inicialmente pactada.

De los 80 contratos que están en ejecución actualmente en Bogotá, por cuenta del IDU, 19 tienen un atraso en su ejecución superior al 10 por ciento, y de estos, 11 están colgados por encima del 20 por ciento.

Detrás del incumplimiento en las obras, el IDU ha detectado falta de apalancamiento financiero de los contratistas, que a la hora de ejecutar los trabajos no tienen la solvencia económica, técnica ni administrativa que demuestran en los papeles cuando les adjudican un contrato, y una actitud reactiva de algunos interventores que llegan a apagar incendios cuando las obras ya están mal hechas o atrasadas y no a prevenir para garantizar que los contratos se cumplan.

Lo que ha pasado con la primera fase de la peatonalización de la carrera 7.ª entre la calle 10 y la avenida Jiménez ilustra el problema. La obra contratada para 10 meses va en quince porque ha tenido tres prórrogas, y el valor del contrato pasó de $ 10.357’818.183 a $ 14.451’056,978. Al contratista, el Consorcio VP Ingeniería, el IDU le impuso una multa por incumplimiento y le tiene en marcha otro proceso.

Más allá de los hallazgos arqueológicos que según el IDU y el contratista han demorado la obra, el director general de infraestructura del IDU, Leonardo Celis, explica que en ese caso se comprobó que el contratista no disponía de materiales en el frente de obra de manera oportuna, como la piedra Royal Beta y el adoquín. No tenía recursos para pagar y los proveedores no entregaron el material.

En ocasiones, no tienen para el pago de obreros ni proveedores. William Camargo, director del IDU, advierte que es frecuente que los contratistas dependan de los giros que hace la entidad y se quedan cortos para financiar, sobre todo, las primeras etapas.

Y así, no es raro que cuando llegan el IDU o el interventor a un frente de obra no se encuentre al personal pactado en el contrato, la maquinaria y equipos que se necesitan o los materiales para cumplir oportunamente con la ejecución.

Camargo dice que también son frecuentes los casos en que los contratistas no afilian a seguridad social a sus trabajadores y eso también constituye un incumplimiento que puede demorar el pago de las facturas y dificultar el flujo de recursos al contratista.

El problema para el IDU es que sancionarlos por los incumplimientos es un problema que desgasta y no da frutos. “Para nosotros, un contrato empieza a volverse riesgoso cuando supera el porcentaje de atraso del 20 por ciento”. En ese punto se inician procesos para multar, pero casi siempre terminan sin sanción. En el 2012, de 13 solo quedaron en firme 3, igual que en el 2013, cuando de 11 se sancionaron tres. El año pasado de 76 abiertos se cerraron 46 y sancionaron 16.

Lo que pasa es que la ley permite que a la hora de sancionar, si el contratista se ha puesto al día, se cierre el proceso, sin importar la demora en los frentes de obra que se van acumulando y el perjuicio que se causó a la ciudad. Así, el cierre de andenes y vías más tiempo del previsto, como ocurre en la 7.ª; los problemas de movilidad para peatones y carros y el impacto ambiental de las obras quedan sin sanción.

Interventores no anticipan el riesgo

“Prever y anticipar el riesgo”. Esa es, según el director del IDU, William Camargo, la misión de los interventores para garantizar que la obra se cumpla de acuerdo con las especificaciones, los diseños, los planos, y en el tiempo y con el presupuesto asignado.

Pero no es eso lo que, en su concepto, está pasando en Bogotá, por lo menos en la mayoría de los casos. “Pocos interventores hacen eso”, dice Camargo.

El interventor falla cuando no hace la vigilancia correcta, deja que el contrato se atrase, permite que el constructor haga obras defectuosas o no presenta los informes en la forma adecuada y de manera oportuna. “Hay cosas como que en vez de ir a la cantera a verificar la calidad del material, espera a que llegue a la obra y se compacte, y ahí sí le dice al contratista: ‘levante ese material porque no me sirve’ ”, explica Camargo. Uno de los errores de muchos interventores, según él, es que le llaman la atención al contratista cuando ya está atrasado en el cronograma, y no se anticipan en días o semanas para cerciorarse de que la planificación de los trabajos es apropiada para que no incurra en la demora. “Ellos están acostumbrados a una cosa que se llama controlar calidad, que es muy diferente a asegurar calidad”, explica.

Controlar calidad es que llego al final del proceso y lo verifico; aseguramiento es que durante cada etapa o subetapa del proceso yo garantizo que las cosas no pasen”, dice Camargo.

‘La ley facilita evadir las sanciones’

William Camargo
Director IDU

¿Por qué los atrasos rara vez terminan en sanción al contratista?

Al comienzo, la Ley 80 estableció multa por incumplimiento. Después se volvió un apremio. Si se evidencia un atraso en el 2.° mes pero el contratista lo cumple en el 6.° mes, y no se ha fallado porque se gasta cuatro meses defendiéndose, la multa se cae. Y el incumplimiento del 2.º mes, que generó seguramente tres meses más en obra, una falta de prestación del servicio en algún segmento que duró cuatro meses más abierto porque no se terminó, termina sin sanción.

Los contratistas se escudan en que aparecen redes que no estaban en los diseños…

Ese es un problema habitual en los proyectos del IDU. Reconocemos la culpa. Hay una debilidad en el catastro de redes que tiene la ciudad.

¿Y no es para eso para lo que se contratan estudios?

Sí, pero esa información nos la entregan las empresas, y nosotros hacemos algunos apliques y sondeos, pero muchas de esas redes ni siquiera están en el corredor, o están en el peor lugar. Cuando se llega a obra y mete centímetro a centímetro excavaciones, ahí es donde aparece.

EL TIEMPO

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