La minería criminal, una actividad ilícita con capacidad de mover alrededor de 7 billones de pesos anuales, es ahora un objetivo de alto valor para la Fuerza Pública y será combatida a través de una estrategia integral que presentó este jueves el presidente Juan Manuel Santos.
El objetivo principal es atacar a las grandes mafias que se han apoderado de este negocio ilegal –entre ellas grupos armados como Farc, Eln, y bandas criminales–, que con esta actividad afectan a por lo menos 233 municipios del país.
Esta nueva estrategia, en la que se viene trabajando desde hace varios meses, tendrá dos componentes legales, con los que se busca darle dientes al Estado para atacar frontalmente un negocio que, debido a sus multimillonarias ganancias, está desplazando al narcotráfico entre los ilícitos más rentables en Colombia.
Uno de esos componentes será un proyecto de ley que se pondrá a consideración del Congreso con mensaje de urgencia (para darle celeridad a su trámite), el cual, entre otras cosas, clarificará los delitos minero-ambientales y equiparará varios de ellos al lavado de activos o la instigación al terrorismo.
Esto implicará que quienes sean hallados responsables de alguna de esas conductas podrían pagar hasta 20 años de cárcel. La intención es castigar a todos los que participen en la cadena ilícita, no solo al que explote el mineral, sino también al que se beneficie, al que lo transforme, almacene, transporte o comercialice.
“Esta tiene que ser una guerra que se libre por parte de todo el Estado si queremos triunfar, porque las consecuencias de esta minería criminal son difíciles de calcular”, aseguró Santos desde Puerto Asís (Putumayo), donde presentó el balance de gestión de todo el sector de defensa. (Lea: El 'dossier' de los crímenes ecológicos de la guerrilla)
En esta iniciativa legislativa también se incluirá un capítulo para darle nuevas facultades a la Fuerza Pública. La Policía podrá –de aprobarse el proyecto– suspender actividades mineras, potestad que hoy recae en las administraciones locales, y decomisar productos como el oro cuando no se pueda justificar su procedencia.
El proyecto, además, busca que la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf) entre a fortalecer el control sobre la comercialización nacional e internacional de minerales, lo que potenciará el control sobre los capitales que produce esta actividad.
Otro aspecto importante de esta iniciativa es que las que se conocen como “plantas de beneficio” deberán estar inscritas en el Registro Único de Comercializadores de Minerales y, sobre todo, cumplir con todos los requisitos allí se les exigen.
“Tenemos que vencer este enemigo, que está causando mucho daño y que se ha convertido en un objetivo de alto valor”, enfatizó el Jefe de Estado en Puerto Asís.
En esta nueva estrategia contra la minería criminal habrá un decreto, que en poco tiempo hará público la Casa de Nariño, con el cual se busca hacer algunos ajustes institucionales para fortalecer esta lucha.
La intención es que la Policía y el Ejército tengan una dirección, comandada por un general, dedicada exclusivamente a combatir la minería criminal. (Además: 'Lejos de Dios, del diablo y del Estado')
Con este componente, además, se busca fortalecer la capacidad de la Fuerza Pública, en especial la de la Policía Judicial, para realizar actividades claves como la destrucción de maquinaria usada esta actividad ilegal.
De hecho, ya se han producido resultados como la realización de 1.118 operaciones, que han desembocado en la intervención de 3.555 minas y la captura de 8.202 personas. La intención es potenciar estos resultados en todo el país.
“Cuando comparamos lo que produce la minería criminal a base de oro, es mucho mayor que lo que produce el narcotráfico”, precisó Santos.
La nueva estrategia también incluirá un fortalecimiento de los planes de formalización de los pequeños mineros que, por diferentes circunstancias, se encuentran en la ilegalidad. (Lea: La minería ilegal arrasa con la cuna de las tortugas gigantes)
Lo que se busca, entre otras cosas, es fortalecer las alianzas entre las comunidades mineras y el sector privado y, además, capacitar a quienes no cumplan todos los requisitos para su formalización con el fin de que puedan encontrar empleo en otros sectores.
Santos, con todo esto, quiere acabar de raíz con un negocio ilícito que, como ayer lo advirtió, “está acabando con nuestro medioambiente y con nuestra biodiversidad”.
Las tres caras de la extracción
1. Extracción ilícita de minerales
Legalmente, este es el delito que cometen todas las personas que hacen minería sin cumplir con los requisitos de ley, como poseer un título minero vigente, pagar impuestos y tener los permisos ambientales al día.
2. Minería criminal
s el término que ha utilizado el Gobierno Nacional para definir aquella actividad que es financiada por grupos al margen de la ley y que les aporta recursos. Incluye, por ejemplo, aquellas minas que pagan ‘vacunas’ a ‘bacrim’.
3. Minería artesanal
Al igual que el de ‘minería criminal’, este término no está en una norma específica. Se refiere a aquellas explotaciones que hacen algunas comunidades manualmente, sin maquinaria pesada, como actividad de subsistencia.
Ya han arrasado con 17.000 hectáreas de bosque: ONU
En al menos 12 departamentos, la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía ha encontrado el rastro de la minería criminal, que es controlada por las Farc, el Eln y el ‘clan Úsuga’.
La Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU (Unodc) señala que este fenómeno, que tiene su mayor concentración en Antioquia, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y Bolívar, deforestó en el 2014 en esos cinco departamentos 16.784 hectáreas de bosque primario. Es decir, unas 1.400 hectáreas cada mes.
Chocó, donde la minería criminal está en zonas de reserva, tiene el 59,5 por ciento del total de la deforestación, seguido de Antioquia (con 11,3 por ciento) y Nariño (con 10,9 por ciento).
Sumado a esa deforestación, la Policía –junto con las CAR y el Ministerio de Ambiente– diagnosticó que al menos 19 ríos en 5 departamentos han sufrido contaminación por las sustancias como el mercurio, que en medio del proceso para extraer el oro terminan en cuencas hídricas. Estos están en Chocó, Antioquia y Amazonas.
Un estudio realizado en la comunidad Pani, sobre el río Caquetá, arrojó que sus pobladores presentan los niveles más altos de concentración de mercurio en sus cuerpos. En promedio, de acuerdo con el informe del Ministerio de
Ambiente, es de 15,4 y 19,7 ppm (parte por millón), casi 20 veces superior al equilibrio calculado internacionalmente.
En otro aparte, señala que los Parques Nacionales Naturales más afectados son Los Farallones, en Cali, y Puinawai, en Guainía. En el primero, se proyecta crear, por ejemplo, un puesto de policía para cerrar el paso de insumos usados para la minería criminal, como cianuro, mercurio, gasolina, ACPM, entre otros. Además, con la dirección de Parques Naturales Nacionales trabajan en planes para contrarrestar ese daño.
En la nueva estrategia del Gobierno, el objetivo es que diferentes carteras unan esfuerzos para frenar la expansión de este fenómeno, que se ha convertido en fuente de financiación de los grupos armados ilegales.
Además de las intervenciones e investigaciones de la Fuerza Pública, en las mesas de trabajo se ha planteado un tratamiento social, dado a que en los campamentos construidos alrededor de los puntos de la minería criminal y la ilegal confluyen delitos como la explotación sexual y trata de personas, que son obligadas a trabajos sin remuneración.
Oro, más rentable que el negocio de la coca
Un kilo de oro en el mercado legal vale, en promedio, 90 millones de pesos. Y un kilo de cocaína en las principales ciudades puede costar 4,5 millones de pesos.
La Policía dice que esa notable diferencia en las ganancias ha impulsado que Farc, Eln y bandas hayan optado por dedicarse a la minería criminal.
Además de la rentabilidad, estas organizaciones ilegales ven menos riesgosa esta acción. Esto, porque el Código Penal contempla, por ejemplo, penas entre los 2 y 8 años de cárcel por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero.
Mientras que para tráfico de estupefacientes, sin ningún agravante, fija condenas de 8 y 20 años, lo que traduce que quien incurra en este obligatoriamente irá a prisión. En tanto que en el delito de explotación ilícita de yacimiento minero, si la persona no tiene antecedentes quedará en libertad. De hecho, la Policía calcula que el 90 por ciento de los capturados por esa conducta no van a prisión.
Este año, la Policía ha capturado a 1.633 personas, y desde el 2011 suman 8.300. Otra de las debilidades en la norma que son utilizadas por los grupos ilegales es que el oro incautado por vía administrativa por la Policía (sin documentos) es entregado a las alcaldías locales, que después, en procedimientos oficiales, terminan por devolverlo luego de que se presenta la documentación exigida. Pero, según los investigadores, no hay claridad si los documentos son auténticos. Así, las autoridades trabajan en procedimientos de incautación dentro de procesos penales (y no administrativos).
Esta semana, en el aeropuerto Olaya Hererra, de Medellín, la Policía incautó 64,5 kilos de oro que iban a ser trasportados por vía aérea a Bogotá.
EL TIEMPO