La democracia participativa

La democracia participativa

El Gobierno tiene 6 meses para reglamentar aspectos medulares de esta nueva norma: la Ley 1757.

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29 de julio 2015 , 06:38 p. m.

Durante 25 años la democracia participativa ha sido una promesa incumplida de la Constitución del 91. La nueva Ley Estatutaria de Participación, recién sancionada, puede ser la fórmula para resucitarla.

En 1991 la Constitución abrió las puertas a la renovación del sistema político, mediante la apertura hacia la participación ciudadana. La experiencia de este periodo en materia de democracia directa es precaria. Los mecanismos se han usado poco y han fracasado sus distintos intentos, incluido el referendo del gobierno Uribe.
La mayor dificultad radica en los altos requisitos y trabas para su uso. La Constitución misma estableció umbrales excesivamente altos para ser realistas. Los legisladores de la época terminaron de agravar el problema. Hacer uso de los nuevos mecanismos se volvió una tarea titánica y estéril.

Con un espíritu distinto, luego de un proceso de consulta con organizaciones sociales, el gobierno Santos decidió remover los obstáculos legales y avanzar hacia un nuevo orden jurídico, que favorece y facilita la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

La Ley 1757 disminuye los requisitos y pasos para la participación. Estos son algunos de sus más importantes avances: para las revocatorias del mandato se reduce un 15 por ciento los votos necesarios para que sean efectivas. Las iniciativas ciudadanas no necesitarán recoger firmas para que la Registraduría autorice la creación de comités promotores. Los cabildos abiertos podrán ser convocados directamente por la gente con tan solo un 5 por ciento de firmas, y los propios alcaldes tendrán que atender los requerimientos de sus electores. Las iniciativas legislativas contarán con la garantía de que sus promotores tendrán voz durante todo el proceso legislativo y, de este modo, defender directamente sus propuestas en el seno del Congreso. Adicionalmente, las consultas populares podrán ser de iniciativa ciudadana, lo que destraba un importante mecanismo para resolver los problemas que preocupan a los ciudadanos (y no solo los que les convienen a los gobernantes).

La nueva ley reconoce que la participación no es solo un asunto de oferta de espacios, sino de fortalecimiento de capacidades ciudadanas, y por eso genera mecanismos de diálogo para promover las políticas e incluye la obligación de incorporarlas en los planes de desarrollo. La democracia participativa no surge por generación espontánea, sino que requiere el fortalecimiento de la sociedad civil, lo cual converge con los acuerdos del punto 2 de La Habana. La democracia requiere sujetos y no solo reglas.

Finalmente, la ley busca un Estado que convierte la ciudadanía en su mejor socio para cumplir sus tareas. Si el Gobierno está al servicio de los ciudadanos, no hay razón para temer el empoderamiento social mediante nuevos mecanismos de control, planeación, presupuestos participativos y mejores metodologías para la rendición de cuentas.

Para acercar el Estado a los ciudadanos, promueve nuevos espacios de concertación, incluso en temas como los impactos de la industria extractiva. Si no se reconstruye el diálogo para que los proyectos de alto impacto ambiental sean viables, difícilmente se podrá superar el estancamiento actual.

El Gobierno tiene 6 meses para reglamentar aspectos medulares de esta nueva norma con base en la filosofía de la nueva ley: que la democracia es un acto de fe en los ciudadanos.


Juan Fernando Londoño

Exviceministro del Interior

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