El procurador Alejandro Ordóñez se pronunció este lunes sobre el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de cesar, por segunda ocasión, los bombardeos contra los campamentos de las Farc.
El jefe del Ministerio Público criticó que la medida anunciada por el Gobierno sea indefinida, pese a que el cese unilateral decretado por las Farc va hasta el 20 de agosto de este año, que podría prorrogarse hasta noviembre.
"Se repite la dolorosa historia que terminó con la masacre de 11 soldados por parte de las Farc en abril pasado. Veinte héroes más quedaron heridos", dijo Ordóñez, recordando el asesinato de esos uniformados en zona rural de Buenos Aires (Cauca).
Para el Procurador, el cese de bombardeos "paralizó en alto grado las acciones de las Fuerzas Armadas y facilitó la preparación de la atroz ola de atentados terroristas ejecutada en los meses siguientes de mayo, junio y julio por parte de ese grupo".
Agregó que, como sucedió con la primera suspensión que se dio en marzo de este año y que duró hasta abril, cuando Santos la levantó tras la muerte de los 11 militares, esta nueva medida es un "cese bilateral disfrazado".
Para el Procurador, el cese de ataques aéreos contra la guerrilla "afecta ostensiblemente la capacidad de neutralización de la Fuerza Pública, poniéndose en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos".
Ordóñez afirma que, según cifras del Ministerio de Defensa, durante el periodo en el que se hizo efectiva la orden presidencial de suspensión de bombardeos, las desmovilizaciones descendieron en un 16 por ciento respecto al mismo periodo del 2014.
Afirma que las capturas se redujeron en un 28 por ciento y los guerrilleros muertos en combate cayeron en un 56 por ciento. "Las propias cifras del Gobierno demuestran que no es cierto, como lo sugirió el Presidente, que se perseguirá el delito y se asegurará el cumplimiento de la ley", advirtió.
Dijo que muchas de los campamentos de las Farc están en zonas geográficas en donde sólo es posible atacarlos con medios aéreos. "Al prohibir las operaciones beta de bombardeo a las Fuerzas Militares, el Gobierno convierte a los campamentos de las Farc en santuarios de protección de sus miembros y en lugares desde donde se podrá continuar ordenando la realización de actos criminales como el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de niños, el tráfico de armas, la minería criminal, el desplazamiento forzado y el asesinato", dijo.
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