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El independentismo catalán vuelve a la carga

Quieren convertir elecciones en un plebiscito para su secesión en medio de gran crispación.

Camilo Sixto Baquero M.
Septiembre será un mes de alta tensión en la política española. El día 27 se celebrarán las elecciones regionales en Cataluña, de las que en teoría debe salir un nuevo gobierno autonómico. Los independentistas, sin embargo, quieren convertir la cita electoral en un plebiscito por la secesión. Desde el Gobierno central de Madrid ya advierten que harán todo lo posible para detener cualquier intento de desvirtuar las urnas. Y que tampoco habrá separación.
“Ya no tenemos margen, que todos entiendan que esto va de verdad, que estamos dispuestos a hacerlo bien y, sobre todo, a hacerlo”, aseguró el pasado lunes Raül Romeva, exeurodiputado ecosocialista y cabeza visible de Junts pel sí (Juntos por el sí), la candidatura que agrupa a la mayoría de los partidos políticos y entidades ciudadanas que quieren la independencia de Cataluña.
Se trata de una lista transversal, con varios independientes. Por ejemplo, el último lugar lo ocupa el exentrenador del Barça, Josep Guardiola, que ya ha dicho que no tiene ninguna aspiración política sino que solo busca prestar su nombre a favor de la causa separatista.
El plan de Junts pel sí para lograr la independencia tiene cuatro pasos: si la lista gana en número de diputados (al menos 68), el Parlament declararía oficialmente el proceso de secesión. Después, el nuevo Gobierno (La Generalitat) crearía las estructuras de Estado necesarias (una agencia tributaria, un sistema de seguridad social, por ejemplo) y posteriormente se elaboraría una Constitución Catalana, que sería refrendada en las urnas, para después proclamar formalmente la independencia.
La convocatoria del 27-S es muy diferente a la del pasado 9 de noviembre (no avalada por España y sin un censo oficial y hasta recurrida por el Tribunal Constitucional) y en la que participaron más de 2,3 millones de catalanes. En ella, el 81 por ciento voto a favor de la independencia. En este caso sí hay todas las garantías electorales y el resultado debe ser reconocido por el Estado. Junts pel sí espera que esta oficialidad le dé cobijo a su plan y, de paso, le permita ganar visibilidad ante la comunidad internacional.
Es potestad del presidente autonómico, en este caso Artur Mas (del partido Convergència Democrática, CDC), convocar las elecciones cuando lo considere conveniente. De hecho, esta es la segunda vez que lo hace. En 2010, cuando llegó por primera vez a la presidencia de la Generalitat, logró 62 diputados. Dos años después volvió a convocar elecciones. En su campaña pidió lograr la mayoría absoluta para poder poner en marcha un camino hacia “el derecho a decidir”.
Sus argumentos, entonces, recogían el descontento que aún aviva las ganas de independencia: la mala financiación autonómica, cierto desprecio hacia la lengua y cultura catalanas, la falta de inversión en infraestructuras como los trenes y los puertos, entre otras. Los electores, sin embargo, castigaron a Mas, que perdió 12 escaños. Esos votos fueron a parar a Esquerra Republicana (ERC), el partido tradicionalmente independentista.
Desde entonces, ERC y CDC se han peleado por la centralidad del independentismo. Mas intentó aglutinarlo todo con una lista única que él encabezaría, pero Esquerra se negó e hizo una contrapropuesta: hacer una candidatura sin políticos. ERC considera que los escándalos de corrupción que sacuden a Convergència (su fundador y ex presidente catalán Jordi Pujol, por ejemplo, es un evasor fiscal confeso) son una carga que le impide hacer bandera de la renovación democrática que necesita un nuevo país.
El debate entre ambas fuerzas cansó tanto a los catalanes que la independencia empezó a perder fuelle en las encuestas. En junio, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), el 42 por ciento quería la independencia. En marzo era el 44. Pero los sondeos también demostraban que solo yendo unido el independentismo tenía oportunidades electorales de triunfar.
La Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, las entidades que han organizado las multitudinarias marchas en apoyo al independentismo, presionaron hasta poner a los partidos de acuerdo. En Junts pel Sí, además de Romeva, Mas ocupa el quinto puesto en la lista. Oriol Junqueras, líder de ERC, el cuarto. El segundo y tercer lugar es para Carme Forcadell y Muriel Casals, las caras visibles de las entidades soberanistas.
Desde los partidos que abogan por una reforma constitucional donde haya un nuevo encaje para Cataluña (como los socialistas o Podemos) hasta los que creen en el unionismo puro (el Partido Popular o Ciudadanos) ven en la lista conjunta un esfuerzo desesperado de Mas para salvar su carrera política.
La Constitución Española prevé la intervención del Estado si una autonomía “no obedece la ley”, algo que el Gobierno que lidera Mariano Rajoy no descarta utilizar. Sin embargo, decir que se le quiere dar un carácter plebiscitario a unas elecciones no está tipificado como delito. “Voten lo que voten (los catalanes), la Administración y los que estamos aquí vamos a parar eso; no va a haber independencia”, aseguró esta semana Jesús Posada (PP), el presidente del Congreso. Para darle una vuelta más de tuerca a la tensión, en noviembre se elige el reemplazo de Rajoy.
Polémica por los reyes
El nuevo gobierno municipal de Barcelona, liderado por la activista antidesahucios Ada Colau, retiró un busto del rey Juan Carlos del salón de plenos del ayuntamiento por entenderlo como “una anomalía” tras su abdicación. Ante esto, concejales del PP colgaron una foto del actual rey Felipe VI, pero fue retirada.
Camilo Sixto Baquero M.
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