Registro de antiguas víctimas podría reabrirse para determinados casos

Registro de antiguas víctimas podría reabrirse para determinados casos

Directora de la Unidad de Víctimas dice que aplicaría en casos de violencia sexual o reclutamiento.

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22 de julio 2015 , 06:56 a. m.

La directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, en entrevista con EL TIEMPO, hace un corte de cuentas del plazo que se venció el pasado 10 de junio y que cerró la posibilidad de registrar a más víctimas de delitos cometidos entre 1985 y 2011. Afirma que la ley contempló una cláusula de casos de fuerza mayor en los que se podría ampliar ese límite para seguir registrando a personas afectadas por el conflicto armado.

Asegura que se está evaluando con el Ministerio de Hacienda si se le inyectan más recursos a la ley para indemnizar a todas las víctimas que no estaban contempladas en un principio, como las de desplazamiento forzado.

¿Qué pasó con las víctimas que después del 10 de junio no alcanzaron a entrar en el registro?

Los meses antes del 10 de junio se hizo un esfuerzo muy importante. Desde marzo empezamos a hacer campañas de divulgación y sensibilización de la ley y efectivamente en abril, mayo y junio recibimos el número más alto de declaraciones de víctimas ante el Ministerio Público en la historia del proceso, con 40.000 mensuales. Surtió efecto la campaña, y tenemos información de encuestas que hemos hecho con el DANE que indican que el subregistro cada vez es menor. Por ejemplo, delitos como el desplazamiento se vienen registrando desde hace mucho tiempo.

¿La Procuraduría decía que al menos un millón de víctimas se iban a quedar por fuera?

Nosotros creemos que lo que queda por registrar es muy poco. Aún así la ley previó una cláusula de fuerza mayor que estamos coordinando con el Ministerio Público y la Defensoría para ver qué casos entrarían en esa categoría. Estamos evaluando qué casos no tuvieron la posibilidad de enterarse probablemente de la ley y que tendrán la oportunidad de hacer su registro. Pero estos son casos de desplazamiento forzado muy residuales.

¿Pero se ha pensado en ampliar el plazo?

Sabemos que hay delitos históricamente más invisibles como la violencia sexual y el reclutamiento de niños y niñas que, por la persistencia del conflicto, no hemos podido registrar. Para esos dos delitos principalmente, y para las víctimas que se encuentran fuera del territorio nacional, es importante que se garanticen las medidas para que puedan presentar su declaración, aún vencido el plazo del 10 de junio.

¿Se tiene un cálculo de cuántas personas serían?

De víctimas en el exterior se dice que pueden haber 500.000 refugiados, pero no todos ellos son víctimas en el marco de la ley. No se sabe con certeza el número de víctimas en el exterior y por ello es importante ampliar el plazo, para conocer el número. En los casos de violencia sexual ya hemos registrado 10.000 casos, algo histórico en el registro de este delito, pero tampoco se sabe cuál es la cifra  real de victimización.

En el caso de víctimas en el exterior ya se amplió el plazo…

Sí. Emití una resolución que amplía el plazo de inscripción dos años más siendo consecuentes con que para las víctimas en el exterior la implementación de la ley empezó un año después mientras generábamos protocolos, hacíamos las capacitaciones a los consulados, expedíamos un instructivo. Por todo eso, realmente empezó a implementarse en el 2013. Dado este tema, atendiendo un criterio de igualdad, decidimos ampliar su plazo dos años más porque hay barreras por la distancia, el idioma, que hacen que muchas personas, tal vez, aún no sepan que existe una Ley de Víctimas.

¿A qué se refiere cuando dice que no todos los refugiados son víctimas?

Porque no todos están en el marzo de la Ley de Víctimas. La Ley de Víctimas tiene una definición amplia, pero aún así tiene un ámbito de aplicación. Hay refugiados que pudieron haberse ido a buscar protección internacional de otro Estado, pero no tienen la categoría de víctimas, según la Ley de Víctimas. Por eso la cifra exacta no se conoce. Se sabe que hay unos 500.000 refugiados, pero no todos pueden ser beneficiados por la ley. Además, hay una cantidad de víctimas que sí cobija la normativa y que están en el exterior, pero no pidieron la protección internacional.

¿El Contralor Edgardo Maya dice que ha sido muy lenta la entrega de viviendas a desplazados?

La política de vivienda gratuita priorizó a las víctimas de desplazamiento. Hasta el momento, en asignación, el 71 por ciento es para víctimas de desplazamiento. La asignación, hasta hace unos meses, iba de acuerdo a lo proyectado. Se habían entregado más de 51.000 viviendas hasta hace tres meses, de 70.000 que se proyectan para desplazados dentro de las 100.000 casas gratis. No estoy de acuerdo con la afirmación del Contralor cuando dice que ha sido lenta la asignación de vivienda.

El jefe del órgano de control asegura que el presupuesto tampoco va alcanzar para reparar a todas las víctimas…

La Ley de Víctimas fue proyectada con un universo de casi 5 millones de víctimas. Ya el universo a la fecha es de más de 7 millones, pero según las depuraciones que hemos hecho son 5'800.000 las que tenemos que reparar, estas son las víctimas directas. En las víctimas directas hay personas desaparecidas que seguimos buscando, personas inactivas desde hace más 15 años en el registro. Con esas personas hemos hecho cálculos de que hay alrededor de 1,7 millones de personas que no tenemos que atender ni reparar porque ya no hay cómo entregarles indemnización ni reparación.

Esto significa que el universo real de víctimas para reparar es 5,8 millones, por lo que hay entonces 800.000 más que las proyectadas en el 2011 por la ley. Este es un primer escenario, sí hay más víctimas, pero sabemos cuántas más.

Pero la Ley del 2011 no contemplaba que se debía reparar a las personas desplazadas, como lo ordenó la Corte Constitucional en un fallo posterior...

La Corte también definió que se indemnizaba a los desplazados, y eso no estaba previsto en el 2011. Por eso nos ha tocado buscar fuentes, organizar metas para indemnizar a este grupo. El Presidente es totalmente consciente de esta realidad por eso con el Ministerio de Hacienda estamos haciendo proyecciones para ver cómo alcanzamos en el marco de la ley, al 2021, a indemnizar a los desplazados.

¿Pero podría darse el caso de una adición presupuestal?

Es algo que estamos evaluando tras las proyecciones  que se hagan con el Ministerio de Hacienda. No se descarta esa posibilidad.

¿Cuáles son esas fuentes alternativas de dinero que se están buscando para generar más recursos?

La Ley de Víctimas amplió el Fondo de Reparación con 10 fuentes de dinero: los bienes de excombatientes, los montos de las multas en condenas, los redondeos de vueltas en supermercados, donaciones en cajeros automáticos, donaciones de otros países. Tenemos varias campañas, se han unido más de tres bancos. Sin embargo, hace falta una mayor solidaridad de parte de los colombianos, entender que esto tiene que ver con todos. Que el Estado está haciendo un esfuerzo enorme, pero que necesitamos la ayuda de todos los colombianos para atender a las víctimas.
Precisamente en las multas de los condenados por concierto para delinquir, muchos están libres y pocos han llegado a acuerdos.

¿Se va a intensificar la persecución de bienes de los condenados por concierto para delinquir?

La ley estableció que la Fiscalía creaba una Unidad de Persecución de Bienes que fue creada y ha venido mostrando resultados, pero se requiere mucha más eficacia. Por otro lado, está la posibilidad de cobro coactivo de esas multas, mecanismo que la Unidad tiene la potestad de hacer. El mecanismo se definió hasta este año y ya lo hemos venido implementando porque efectivamente hay una gran cantidad de deudas que no se han pagado y las víctimas necesitan esos recursos para poder seguir reparándolas.

JUSTICIA

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