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Editorial: Homicidios sin castigo

Editorial: Homicidios sin castigo

Los innegables resultados en la reducción de crímenes no van de la mano con el castigo.

Si hay un frente exitoso en la cruzada por tener un país más seguro para todos colombianos, ese es el de la lucha contra la violencia homicida. Sostenidamente, a lo largo de los últimos 13 años, Colombia no solo logró parar la disparada del número de asesinatos, sino que revirtió la tendencia, hasta el punto de que el total de casos del 2014 (13.343, según cifras del Ministerio de Defensa) representa menos de la mitad de los del año 2002.

Hoy, la tasa de homicidios en el territorio nacional está en 27,8 casos por cada cien mil habitantes, la más baja en 34 años, y las cifras del 2015 –salvo capítulos preocupantes como el de Bogotá– dan pie para pensar en resultados todavía más positivos, si bien aún estamos lejos de los promedios internacionales.

Sin embargo, aquí hay unas de cal y otras de arena. Es, desde luego, un hecho alentador que bajen los números en lo que tiene que ver con el homicidio. Pero, en cambio, no es nada tranquilizadora la efectividad del castigo penal para los que asesinan en Colombia. La efectividad de estrategias de desarme y lucha contra los generadores de esta violencia (por ejemplo, la priorización de las capturas de los homicidas instrumentales, profesionales en esa práctica criminal) no ha corrido de la mano, desafortunadamente, de una mayor eficiencia de la justicia a la hora de descubrir y condenar a quienes son capaces de acabar con la vida de los otros.

Esa es la estremecedora realidad que revela un informe publicado el pasado domingo por este diario sobre la impunidad, que blinda a los homicidas en nuestro país. Por cada diez casos, solo en dos la Fiscalía logra llevar a algún supuesto responsable ante los jueces. Y lo más preocupante, apenas en uno de cada diez procesos se llega a una condena. Las cifras en rojo son, hay que decirlo, mejores que las de hace seis años, cuando solo en tres de cada cien casos de homicidio se produjo una sentencia condenatoria.

Pero ese es un triste consuelo. No hacen falta muchas luces para comprender que la falta de una justicia pronta y, valga la redundancia, justa es una de las falencias más graves del país y, a la vez, uno de los retos que se deben vencer para lograr una nación en paz.

La violencia que tanto dolor nos ha causado tiene dos grandes vertientes ligadas a la falta de castigo: por un lado, la de los que deciden tomar la justicia por propia mano, ante la ineficacia o la desidia del Estado para cumplir con su obligación de garantizar el imperio de la ley. Por el otro, quizás más grave, la de los delincuentes de todos los pelambres que le apuestan a mantener sus tenebrosas actividades ante el poco chance de ser efectivamente castigados.

Esto, además, lleva un complicado mensaje de desánimo ciudadano y pérdida de fe en las instituciones. En un país en el que grandes magnicidios completan décadas de impunidad, las personas del común bien pueden asumir que en los casos de violencia contra sus familiares y allegados habrá aún menos posibilidades de que la justicia muestre su rostro. Eso, así mismo, incuba venganzas y odios difíciles de sanar.

Por ello, el Estado todo –encabezado por el Gobierno, la Fiscalía y los jueces de la República– está en la obligación de desmentir esa percepción, que corresponde, como pocas otras, a las frías cifras de la realidad.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com.co

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