La tragedia social en Tumaco luego del atentado al oleoducto

La tragedia social en Tumaco luego del atentado al oleoducto

Crónica de la escritora Melba Escobar quien visitó el municipio tras voladura perpetrada por Farc.

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15 de julio 2015 , 08:34 p. m.

Una semana después del atentado al oleoducto Trasandino, uno de los principales hoteles de la ciudad está casi vacío. Las pocas habitaciones ocupadas han sido tomadas por funcionarios del Gobierno que han venido a atender la emergencia. La ocupación fue casi del 100 por ciento durante la tregua que se dio en diciembre, pero, ahora que el conflicto se ha recrudecido, los turistas no han regresado: “El último puente de junio, no tuvimos una sola habitación ocupada”, cuenta Álex Flórez, gerente de Los Corales.

Pero la afectación del sector turístico es un mal menor, comparado con el drama ambiental y social que están viviendo la ciudad y sus alrededores. Según Luis Alberto Giraldo, coordinador del Sistema Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente, “el atentado fue bien pensado, con toda la mala intención. Hicieron que el tubo se rompiera, para afectar directamente el cuerpo de agua”.

Los 13.500 barriles de crudo derramado en los dos últimos atentados coinciden con la cabecera de las tres cuencas, por lo cual las principales vertientes acuíferas de la zona se contaminaron: “La parte más complicada, en este sentido, está entre los kilómetros 50 y 100 de la carretera, y justo a esa altura se hizo la voladura, donde se afecta la cuenca de los tres ríos”.

Resulta difícil entender por qué envenenan su propia agua. La guerrilla habita río Mira arriba, donde hay cultivos de coca, cerca de la frontera con el Ecuador. Para el almirante Guevara, comandante de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico de la Armada Nacional, es una contradicción que el mal llamado ‘ejército del pueblo’ ataque a la gente. Los 300 kilómetros de aguas afectadas, los miles de familias que habitan en las riberas del río y que han hecho del agua su fuente de vida, los 14.000 pescadores desocupados han quedado desamparados. Por esta razón, para el secretario de Gobierno de Tumaco, Jader Chillambo, es previsible un desplazamiento masivo de familias provenientes de las áreas rurales al casco urbano.

El Gaula, la Policía Antinarcóticos, la Infantería de Marina, el Ejército, las brigadas antiexplosivos y la Policía se aglomeran en puentes y parques, como si un enfrentamiento estuviese a punto de estallar. Por estos días, Tumaco vive una tensa calma.

María Carolina Castillo, viceministra de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, destaca la eficiencia en la atención a la emergencia por parte del gobierno local, así como el liderazgo del gobernador de Nariño y el apoyo de la Armada, al transportar 100 mil galones diarios de agua procedente de Ecuador en tres buques, desde el primer día de crisis.

También, como plan de contingencia, se extrajo el agua de tres pozos, entre ellos el de la Universidad Nacional sede Tumaco. A la fecha, Ecopetrol ha invertido más de 9.000 millones de pesos en la atención de la emergencia, y se dejarán instalados dos pozos profundos cerca de la bocatoma, para tener una reacción más eficaz en el futuro. De igual manera, Tumaco pasó de no tener carrotanques a contar con 42. Se habló de reanudar el servicio del agua en un mes, y este fue activado el pasado jueves, a 18 días del atentado.

Me reúno con un líder comunitario, que prefiere mantener su nombre en reserva. Estamos en el parque Colón, donde una veintena de policías circulan por el lugar: “Están por todas partes”, me dice, refiriéndose la guerrilla. “En los barrios, infiltrados en los consejos comunitarios, en las mototaxis, en cualquier parte”. El almirante de la Armada Paulo Guevara lo explica de la siguiente manera: “Las Farc se benefician de los problemas de la región. Unas necesidades básicas altísimas, la pobreza, la falta de cobertura, eso hace que el trabajo de las Fuerzas Militares sea muy difícil. Nosotros hemos comenzado a hacer trabajo comunitario, a acompañar el desarrollo. El centro de gravedad, para nosotros, es ganarnos a la sociedad civil. No ha sido fácil, esta brigada lleva aquí solo tres años y digamos que en cierta forma la amenaza nos cogió ventaja”.

Y quizá ese sea el centro del problema. El Estado se dejó coger ventaja en hacer presencia en el territorio, y hoy la ilegalidad está a la orden del día.

Las alternativas laborales son escasas, mientras que lo ilegal suele llegar primero. Casi a diario, Ecopetrol sella válvulas ilegales de petróleo desde donde lo roban con diferentes fines, incluido el narcotráfico. Adicionalmente, están el tráfico de hidrocarburos con el Ecuador, el transporte de drogas, el cultivo, el procesamiento, pues, a pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos, la droga sigue siendo la gran industria de la zona: “La posición geográfica de Colombia es privilegiada –agrega el almirante Guevara–, tenemos acceso al mar Caribe, el canal de Panamá, al Pacífico, al Brasil, a Venezuela, a todas las áreas fronterizas. Particularmente, aquí estamos en la frontera con el Ecuador, y eso, sumado a una dinámica del narcotráfico, hace de Tumaco un lugar estratégico para las actividades ilícitas”. Esto, sin mencionar el flagelo de la minería ilegal, el cual también tiene un impacto corrosivo sobre las comunidades y el medioambiente.

El petróleo vertido por la guerrilla no solo contaminó el agua de las fuentes, también deterioró las lanchas de los pobladores. Melba Escobar

Sobre el proceso de paz, el almirante considera que el mayor reto va a ser acabar con el rentable negocio de las Farc, más allá de haber desmontado su estructura, pues, con o sin guerrilla, la ilegalidad es la principal fuente de violencia en la región: “Aquí lo más grave son las Rats (Redes de Apoyo al Terrorismo de las Farc): ellos apoyan la extorsión, recogen la plata, informan. Entonces, lo que vemos es que las Farc tienen una gente en la parte armada y otra en las redes de apoyo, gente que gana mucho dinero, sin tener que hacer casi nada”. Considera que la debilidad del sistema judicial también juega en contra de la ley: “Ha pasado que, luego de un gran esfuerzo, hacemos unas capturas y los sueltan. Entonces, no es solo un trabajo de las Fuerzas Militares, aquí debe participar todo el Estado”.

Para el secretario de Gobierno de Tumaco, el desmonte de la estructura de las Farc permitiría un trabajo más efectivo de las autoridades: “Sin duda, la ilegalidad va a perdurar, pero si se logra desmontar a las Farc como estructura armada, va a haber toda una afectación positiva a favor de las comunidades. Ya no tendrían la capacidad de realizar atentados como los hechos a la infraestructura eléctrica o petrolera, por ejemplo; el poder de control ciudadano que tienen hoy día lo perderían; la capacidad de reclutar, también”.

¿Y qué hay de la posible participación en política de las Farc? Para otra líder comunitaria, que también exige el anonimato, la guerrilla en la región cuenta con un apoyo significativo, debido a la simpatía frecuente que muestran sus habitantes y algunos de sus líderes hacia el denominado ‘castrochavismo’, así como hacia el Gobierno del vecino Ecuador y a un discurso a menudo asociado con el abandono del Estado. Chillambo explica el fenómeno así: “La gente está cansada de la pobreza y la violencia. Por eso quieren un cambio estructural, definitivo”. ¿Y qué más definitivo que imaginar a las Farc en el poder? Una de las cosas más sorprendentes es encontrar que en el discurso de muchos no se culpa directamente a las Farc de los atentados, a pesar del daño que este le ha causado a la comunidad.

“Aquí no hablemos, porque nos pueden estar escuchando –reitera el líder, que prefiere mantener su nombre en secreto–: la gente tiene miedo, y si no se quejan más, si no denuncian, si no actúan, es por temor”, sigue, casi en un susurro. Para él, como para muchos jóvenes de la zona, con o sin acuerdo, la paz no va a volver al territorio mientras los negocios ilegales sean su sustento económico: “En el año 2000, prestar el servicio militar aquí era el paraíso. No pasaba nada. Pero los que están haciendo los males no son de aquí, son del Cauca, del Putumayo, del Valle, de Antioquia. Porque el problema no se acaba, sino que se va desplazando de región”. Cuenta que están desplazando gente nuevamente y que los problemas de tierras azotan todo el territorio.

Las autoridades explican que en algunas zonas no ha sido posible entrar a hacer las labores de limpieza del agua, pues los milicianos no le permiten el ingreso de los equipos de saneamiento a Ecopetrol, por lo que las acciones han tenido que adelantarse de la mano de la Armada y el Ejército. Aun así, algunas de las barreras de acopio del petróleo han sido destruidas por las comunidades, en un sabotaje constante que, paradójicamente, es a ellos mismos a quienes afecta.

Luis Gilberto Murillo, gerente del Plan Pacífico, el programa de la Presidencia de la República que tiene por misión disminuir la brecha de desigualdad en la región a partir de un ambicioso plan de inversiones de 4,7 billones de pesos en proyectos, y con 400 millones de dólares en proceso de aprobación con la banca multilateral, asegura que se están dando pasos históricos para la transformación del territorio. Menciona algunas iniciativas de infraestructura que disminuirían el tradicional aislamiento de la zona. También, estrategias en competitividad, erradicación de la ilegalidad, vivienda, energía, salud y educación: “En el derrame del Golfo de México, que afectó a Luisiana y Mississippi, no hubo solamente un proceso de descontaminación, sino de recuperación social y económica. Y eso que Luisiana venía de Katrina. Ese puede ser un ejemplo para Tumaco”, afirma.

Murillo agrega que la administración Santos ha puesto un especial énfasis en empoderar a las poblaciones locales para que sean sus representantes quienes lideren y determinen las prioridades de gestión en su propio territorio. Desde su perspectiva, uno de los grandes escollos del conflicto está en que el Gobierno pasa la mayor parte de su tiempo atendiendo emergencias, sin poder concentrarse en lo estructural, otro cambio esencial que vendría con el posconflicto.

Sin embargo, las acciones oficiales son recibidas con una buena dosis de incredulidad entre los tumaqueños, habituados a escuchar promesas y ver pocos resultados. A pesar del escepticismo, los entrevistados coinciden en que, junto con un empuje a la inversión pública, firmar un acuerdo es un prerrequisito indispensable para empezar la tarea. Respecto al deseo latente de algunas personas de tener en un futuro un gobierno socialista, lo cierto es que, en un escenario de posconflicto, estas concepciones podrían debatirse desde las ideas y propuestas, no desde la violencia y los ataques recurrentes a la comunidad y el medioambiente. El posconflicto es solo el comienzo. Pero un comienzo anhelado por décadas. Y en un escenario de guerra, como este, su realización podría ser la antesala de un cambio, el primero de muchos que están en mora de ocurrir en el territorio.

MELBA ESCOBAR
Escritora y periodista. Su novela más reciente es ‘La casa de la belleza’
Columnista de ‘El País’ de Cali

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