Deuda de EPS a hospitales ya afecta atención en Medellín

Deuda de EPS a hospitales ya afecta atención en Medellín

La IPS Universitaria tuvo que cerrar quirófanos, San Vicente Fundación no da a basto en urgencias.

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15 de julio 2015 , 08:28 p. m.

Hace tres semanas, cuando los efectos de la deuda de las EPS con las clínicas y hospitales de Antioquia eran apenas visibles, León Jairo Montaño, director de la IPS Universitaria, advirtió que si la cartera persistía y ascendía, “en cuestión de uno o dos meses, la prestación del servicio de salud podría tambalear”.

A la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia, que tiene a cargo la Clínica León XIII de Medellín y a su vez opera la red pública hospitalaria de Barranquilla, San Andrés y Apartadó, las EPS le deben 307.000 millones de pesos, la suma más alta dentro del listado de instituciones afectadas por la deuda hospitalaria en el departamento, que incrementó de manera importante en el 2015.

El problema lo tienen los 17 miembros de la Alianza Somos 14+1, que representa a las clínicas y hospitales con mayor número de pacientes atendidos en el área metropolitana, Rionegro y La Ceja.

Según Juan Edgar Marín, uno de los voceros, la deuda supera los 1,5 billones de pesos y, en promedio, las EPS tardan 203 días en pagar cada servicio a estas instituciones, que pese a la falta de recursos no pueden frenar el sostenimiento de proveedores, médicos, alimentación, servicios, combustible y medicamentos.

Hace un mes, la IPS Universitaria tuvo que cerrar 10 camas y las actividades en la sede de San Andrés se detuvieron durante tres días por retrasos en los pagos a los empleados. Esta semana tuvieron que cerrar tres quirófanos, dos en el día y uno en la noche, lo que equivale a prescindir de tres cirujanos con su respectivo equipo de asistencia.

Mejía dice que la crisis es creciente, “una bola de nieve que no la para nadie”, y advierte que con los cierres, la población pobre y vulnerable es la más afectada, ya que pertenecen a EPS sin redes para prestar servicios de salud en otros hospitales.

Entretanto, San Vicente Fundación suspendió actividades educativas de actualización para médicos y enfermeras, que venían realizándose desde hace 10 años, y la institución tuvo que solicitar a EPM un plazo para concertar el pago de 216 millones de pesos en servicios públicos.

Lo que más le preocupa a Alba Arroyabe, directora de Relaciones Corporativas del San Vicente, es que la capacidad de urgencias supera sus límites cada vez que algunos centros asistenciales de la ciudad le niegan el servicio a pacientes de Saludcoop y Coomeva por los dineros que las EPS les deben. En consecuencia, las personas llegan al San Vicente donde “es regla general que a nadie se le cierra la puerta”, dice la funcionaria.

Si bien a Arroyabe no le compete revelar los nombres de estos centros, advierte que son “muchos, demasiados y grandes”, y que su negligencia tiene efectos, como las demoras en la atención ante la imposibilidad de abrir nuevos consultorios y quirófanos en hospitales también afectados por la deuda de las EPS.

La situación de los hospitales públicos del departamento no es muy distinta.

A marzo de este año, la deuda de las EPS con estas instituciones ascendió a los 600.000 millones de pesos, cerca de 50.000 millones más que en el 2014, y según ha indagado Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, con las prestadoras de salud (de las cuales Coomeva y Nueva EPS tienen el mayor porcentaje de la deuda con hospitales públicos en Antioquia), su argumento sigue siendo el mismo: el Fosyga (Fondo de Seguridad y Garantías) también les debe a ellos y están insolventes.

De acuerdo con la viceministra de Protección Social, Carmen Eugenia Dávila, tanto las EPS como las IPS de Antioquia “afrontan un problema de iliquidez complejo”, que si bien tiene que ver con las deudas entre ambas, también se relaciona con el hecho de que las prestaciones del No POS crecieron de manera significa en Antioquia, y el responsable del pago de esta deuda (que según Dávila asciende a los 70.000 millones de pesos) es el departamento y algunos municipios certificados que han incumplido.

Para Luis Guillermo Saldarriaga, director administrativo del Hospital Pablo Tobón Uribe, y uno de los voceros de 14+1, hay una verdadera preocupación en el sector, porque los recursos de las instituciones no están alcanzando para atender las obligaciones del día a día, y con un panorama así, agrega, “los hospitales irán cerrando servicios selectivos paulatinamente, y a la final lo que habrá será un deterioro grande en la calidad”.

Buscan solución a la crisis de salud

Si bien las clínicas y hospitales han sostenido diálogos con las EPS, y el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, le dijo a EL TIEMPO que está ‘abiertísimo’ a servir como mediador en estas conversaciones, para Sergio Tobón, coordinador del Centro de Pensamiento Social, el conflicto que afrontan las IPS con las prestadoras de salud requiere algo más que acuerdos de saneamiento de la deuda.

Lo esencial, dice, es la confianza, idea que además comparte Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), quien sugiere que las partes se sienten, soliciten la intervención de un mediador fuerte, definan y acepten la cuantía de la deuda (que según dice, desconocen las EPS) y procedan a elaborar un plan de pagos basado en la financiación que debe propiciar el Estado.

Mientras tanto, Tobón y su equipo vienen trabajando en una propuesta que ya han escuchado las EPS e IPS de Antioquia.

“Un gran acuerdo social”, lo llama, basado en un diálogo amplio, franco y coherente que identifique un mecanismo de financiación realista con el paisaje macroeconómico del país, basado en información certera sobre la situación del sistema de salud y, en esencia, concluye el experto, “que no busque más culpables, sino que construya confianza e identifique puntos en común para de una vez por todas, pensando en el derecho a la salud, abra las puertas a una solución”.

MEDELLÍN

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