Límites a la detención preventiva

Límites a la detención preventiva

Es oportuna la iniciativa de MinJusticia de enmendar los desajustes de la detención preventiva.

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14 de julio 2015 , 03:55 p. m.

Oportuna la iniciativa del ministro de Justicia, Yesid Reyes, plasmada en la Ley 1760 del 2015, tendiente a enmendar algunos desajustes y frecuentes abusos –justificadamente criticados– de la detención preventiva dentro del sistema penal acusatorio, como a evitar que las personas pasen demasiado tiempo en esa condición, estableciendo términos más cortos para la investigación y el juicio.

Oportuna iniciativa, digo, justo cuando se cumplen diez años de la implantación, un tanto apresurada, del nuevo sistema (el anterior no era tampoco el ideal), sin capacitación previa de funcionarios, ni medir consecuencias, ni tener en cuenta la particular naturaleza de la delincuencia en Colombia, ni prever dificultades presupuestales.

El Gobierno, la Fiscalía de la época y el Congreso actuaron con inexcusable ligereza. Se hablaba sin mucho rigor de las “ventajas” del nuevo sistema garantista al frenar los abusos en la detención preventiva, cuando en verdad eran propiciados más por los jueces que por los fiscales, como ocurrió en el caso Hazbum, precipitadamente acusado del crimen de Galán (¿se estará repitiendo algo parecido, según denuncias mediáticas, en redes sociales, columnas y editoriales y por defensores de derechos humanos, con la reciente captura masiva por los petardos en Bogotá?).

En aquel momento se argumentaba que, con los nuevos métodos de investigación y juzgamiento, la detención preventiva sería la excepción y la libertad, la regla, mientras se adelantaba el juicio. Pero ello solo se ha dado en el plano retórico.

Las cifras no mienten: en el 2001 la población carcelaria era cercana a los 50.000 individuos. Hoy son aproximadamente 130.000, de los cuales cerca de un 33 por ciento están en detención preventiva, de modo que, como asegura el Ministro, si solo se dejara en la cárcel a los condenados, no habría hacinamiento.

Otro argumento era que se agilizarían los procedimientos, pero todo litigante sabe que hoy, en la práctica, hay tantas dilaciones como antes o más, por lo cual se lo llama sistema ‘aplazatorio’, pues todas las audiencias viven aplazándose.

Los ciudadanos solo conocemos los casos con eco mediático, p. ej., el del exalcalde de Bogotá que lleva más de cuatro años en detención preventiva sin ser juzgado. Próximo a expirar el periodo de su sucesor, seguramente se va a elegir otro burgomaestre sin que haya terminado el proceso por el llamado cartel de la contratación, en el que, por cierto, ni son todos los que están, ni están todos los que son, como lo reconoció hace poco el condenado exdirector jurídico del IDU Inocencio (¡ironías del destino!) Meléndez.

¿Qué estará pasando con millones de casos que afectan a compatriotas sin posibilidad de ventilar sus problemas en los medios? Además, los llamados preacuerdos, orientados a agilizar condenas, se prestan para toda clase de aberraciones judiciales: desde inocentes presionados por la Fiscalía para aceptar “algo” que los funcionarios puedan mostrar como resultado a sus jefes hasta culpables que no reciben un solo día de cárcel solo por delatar, de forma parcial y a menudo interesada, a uno o más de sus compinches.

¡Y ni qué decir de los descomunales ‘osos’ de capturados que por errores técnicos tienen que ser liberados en horas o días, y luego declarados en libertad por los jueces ante la falta de solidez probatoria de la Fiscalía, porque es allí donde se abre la puerta a indemnizaciones, que pagamos los colombianos! El propio ministro Yesid Reyes señalaba en meses anteriores que aproximadamente veinte billones de pesos cuestan las demandas contra la Nación por casos de detenciones preventivas que terminan en absolución.

Es hora de aprender la lección y no volver a embarcar al país en reformas sin estudios, análisis de costos, impactos, conveniencia y viabilidad. En ese camino, es muy buen comienzo esta nueva ley.

Alfonso Gómez Méndez

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