El 'top ten'

Los avales se han entregado bajo el paraguas de la demencia senil y la ambición electoral.

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11 de julio 2015 , 08:59 p. m.

El período del posconflicto hacia el cual el presidente Santos quiere conducirnos con la firma de la paz nos va a coger al resto de colombianos que no pertenecemos a las Farc con los pantalones abajo.

Si como anuncian, las Farc entran a hacer política desde la legalidad, lo que tenemos para enfrentar su impacto retador en la arena política serán unos partidos cundidos de laxitud moral, clientelismo, financiación ilegal de campañas, nepotismo, explotación indebida de la contratación pública y abuso de los mecanismos de poder.

Nuestro tejido social está descompuesto. Son dispersas y débiles las fuerzas activas de la sociedad colombiana. El sistema moral colectivo está en absoluta decadencia. El escenario de la justicia no puede ser más deplorable. El Fiscal emite juicios políticos abiertos, al recomendarle al Gobierno que el Ejército repliegue su ofensiva antes de firmar la paz. La organización institucional del Gobierno, que hoy se expresa por Twitter, es caótica y carece de estructura para ejercer el liderazgo social. Pero concentrémonos solo en el mapa aterrador de los gobernadores y alcaldes que elegiremos en octubre, factiblemente el peor de nuestra historia.

Elizabet Ungar advierte desde Transparencia por Colombia. “Están prendidas las alarmas por los antecedentes y vinculaciones de políticos y candidatos con actividades ilegales, paramilitarismo y criminalidad. No aprendimos la lección”, concluye. Y razón tiene. En el último período electoral se ha destituido a 4 gobernadores y a 30 alcaldes, mientras hay cientos con procesos abiertos.

La Fundación Paz y Reconciliación, de la mano de los investigadores León Valencia y Ariel Ávila, tiene listo su monitoreo electoral. Al día de hoy, concluye que en varios departamentos y municipios materialmente no habrá a quién elegir. O porque los candidatos son herederos de la ‘parapolítica’, hijos, esposas, hermanos, primos. O porque están vinculados a organizaciones criminales. O porque tienen inhabilidades por haberse robado los recursos cuando fueron funcionarios. O porque están ligados con redes de contratistas, con las que han desfalcado el erario, y traficado influencias.

Los multimillonarios costos de campaña tienen matriculados a los candidatos en “casas” o en “clanes” políticos, auténticas empresas electorales que ponen la maquinaria y los desbocados capitales requeridos. A eso se suman los candidatos de la ‘mermelada’ o de los cupos indicativos entregados por el Gobierno en el 2014 a diferentes congresistas.

En el top ten de departamentos donde Paz y Reconciliación sostiene que prácticamente no habrá a quién elegir figuran: Magdalena, Caquetá, Bolívar, Cesar, Huila, Sucre, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Guajira. Faltan datos de cómo se moverá la guerrilla en Vichada, Norte de Santander, Arauca, Chocó, Caquetá y Putumayo, donde hace política armada y probablemente en el posconflicto conservará su millonaria financiación producto del narcotráfico, calculada en 35 mil millones de pesos al año.

Como reflejo del desolador panorama electoral, Alejandro Galvis, propietario de Vanguardia Liberal, diario insignia de Santander, anunció el retiro de su partido por considerar que el aval dado al excongresista Didier Tavera para la Gobernación del departamento es producto de la demencia senil del jefe del liberalismo Horacio Serpa. No es solo problema del liberalismo: ninguno de los partidos se salva. Los avales entregados, si no es por demencia senil, lo han sido bajo el paraguas de la laxitud, la desidia, la ambición electoral y una absoluta falta de valores.

En esas condiciones, Colombia se asoma rápidamente a convertirse en los próximos años en un país invivible. Y si eso pasa, de ello no podremos culpar exclusivamente a la guerrilla y al desorden que imperará en el posconflicto.

Quizás será más grande la responsabilidad de nosotros, el resto de los colombianos, convencidos de que lograremos resistir el impacto retador de esos nuevos y poderosos actores de la política con un país así.

Entre tanto… Más de tres años lleva el coronel Plazas Vega esperando fallo de casación de la Corte, y nada.

María Isabel Rueda

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