Cuando tenía tres meses de embarazo, el día de la primera ecografía, el médico que atendía a Aura le advirtió que había algo mal con la salud de su hijo.
Pero solo hasta el siguiente examen se pudo confirmar lo que los médicos temían. Diagnosticaron que el bebé tenía hidranencefalia, una malformación por la que el feto no desarrolla el cerebro y la cavidad craneana se llena de líquido. El extraño caso se da en uno de cada 10.000 nacimientos.
Tras nuevos análisis clínicos en los que los médicos concluyeron que la enfermedad era incompatible con la vida y que si el niño nacía podía morir antes de cumplir su primer año, el hospital autorizó la petición de Aura para que se interrumpiera el embarazo.
Ella cumplía con una de las tres causales que la Corte Constitucional declaró, en un histórico fallo de mayo del 2006, como legales para abortar: la malformación del feto incompatible con la vida. Los otros dos casos de despenalización se dan cuando el embarazo implica un riesgo de muerte o a la salud física y mental de la madre, además de los embarazos como consecuencia de violencia sexual.
Aunque el alto tribunal fijó un plazo de máximo 5 días para atender estas solicitudes, pasaron los meses y el procedimiento nunca se llevó a cabo.
Como el de Aura, hay otros 955 más casos documentados por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización social que acompaña en Bogotá a las madres que han solicitado el aborto legal y a las que las instituciones de salud les impusieron trabas.
“Hay desconocimiento de las normas y, como sucede en los casos de la eutanasia, hay un espacio muy amplio para la interpretación del sufrimiento, de lo que consiste el riesgo para la salud, o de lo que significa la vida digna y siguen imponiéndose posiciones de los médicos y no las de la paciente”, dice Tamara Puerto, abogada de la organización.
De los casos que ha conocido esa organización, en el 82 por ciento (785) el embarazo representaba un riesgo para la salud de las madres, el 13 por ciento (128) fue consecuencia de violencia sexual y en el 4 por ciento (33) había malformaciones del feto. En nueve casos, había más de una causa.
En 487 casos, la intervención de la ONG logró la interrupción del embarazo. En 155 casos los médicos finalmente no las realizaron, y en otros 301 las madres desistieron. Puerto asegura que “las dificultades para el proceso” las llevaron a esa determinación. Según la abogada, las pacientes son objeto de cuestionamientos morales y frases despectivas.
Elkin Osorio, director de prevención y promoción del Ministerio de Salud, dice que si bien entre 2009 y 2012 se practicaron cerca de 15.000 interrupciones voluntarias del embarazo en el país, “son frecuentes las acciones de tutela para poder acceder al derecho y se sabe que se imponen barreras como la de citar comités, pedir autorizaciones, presentar objeción de conciencia sin remitir a la paciente a otro profesional de la salud”.
Esa situación es aún más compleja en un país en el que, según un estudio de Allan Guttmacher Institutute, hay 380.000 abortos que se hacen en la clandestinidad cada año. El Ministerio asegura que de 446 muertes maternas en el 2012, el 9 por ciento tuvo que ver con complicaciones por abortos inseguros, como hemorragias e infecciones.
En Bogotá, entre el 2006 y 2013, según cifras de la Secretaría Distrital de Salud, se realizaron 16.947 abortos legales. Mientras que en el año en el que se despenalizó el aborto se realizaron 7 interrupciones del embarazo, en el 2013 esa cifra fue de 5.668. El 19 por ciento de los casos los atendió la EPS Famisanar.
‘No hay médicos’
Una de las barreras para las mujeres sigue siendo la falta de médicos que hagan el procedimiento. “Me dijeron que en Bogotá no había quién me lo hiciera. Yo quería interrumpir el embarazo porque no quería que mi hijo naciera en esas condiciones, pero me dilataron el proceso, se pasaron los meses, hasta que ya era muy tarde”, cuenta Aura.
El 9 de diciembre del año pasado finalmente su hijo nació. “Como no tiene cerebro, no ve, no come, se alimenta por un tubo que se le conecta al estómago, no se mueve y su cabeza cada vez crece más, llena de agua. Ya tiene seis meses, pero su cuerpo no ha crecido. En el hospital han llegado a pincharlo 25 veces para sacarle sangre por que los médicos dicen que es casi un vegetal, que no siente. Está vivo, ¿pero en qué condiciones?”, dice la madre.
Hace un mes, la misma EPS que impidió el aborto le quitó a Aura dos elementos necesarios para el cuidado del niño: el oxígeno y el fenobarbital, medicina para que no convulsione: “Es injusto con nosotros. Ahora nos obligan a entender que en cualquier momento se va a morir”.
Vacíos frente a la salud mental
Casi la mitad de los abortos legales realizados en Bogotá desde el 2006 están sustentados en ‘problemas de salud mental’ de la madre.
Constitucionalistas consultados por este diario señalaron que el término es demasiado abierto y por lo tanto da lugar a dos extremos: por un lado, a que las instituciones de salud interpreten de manera restrictiva esa afectación o a que, en sentido contrario, se aborte cuando no están tipificadas las causales.
En noviembre del 2013, luego de que Ana no pudo reunir los 600.000 pesos que le cobraba una institución privada para realizar un aborto legal, acudió a un hospital público. Ella tenía un concepto médico que señalaba que tenía “trastorno mixto de ansiedad y depresión, confusión, inseguridad, miedo, ánimo deprimido o tristeza, baja autoestima, pérdida de apetito, dificultad con la memoria y la concentración, y dificultad para conciliar el sueño”.
Sin embargo, su EPS le realizó tres valoraciones más antes de autorizar la interrupción del embarazo. Para ese momento ya tenía 5 meses y los médicos se negaron a practicar lo que llamaron ‘feticidio’.
El caso de Ana, quien finalmente tuvo al bebé, llegó a la Corte Constitucional, que negó la tutela por la falta de claridad sobre el momento límite para practicar un aborto, si bien determinó que la EPS dilató indebidamente el proceso.
En los casos de abuso sexual, la Mesa por la Vida ha conocido casos en los que las víctimas han tenido dificultades. Por ejemplo, la madre de una niña víctima de abuso tuvo que denunciar tres veces ante la Fiscalía. Solo cuando la ONG intermedió ante la Secretaría de la Mujer, el ente acusador remitió el caso a una EPS.
MILENA SARRALDE DUQUE
Periodista de EL TIEMPO
milsar@eltiempo.com
