El fiscal Eduardo Montealegre les hace una advertencia tajante a las Farc: si los máximos responsables de las más graves violaciones de los derechos humanos no son investigados y sancionados por la justicia transicional, no puede haber proceso de paz. Montealegre, caracterizado defensor del proceso de La Habana, revela en entrevista con EL TIEMPO que la Fiscalía tiene documentados al menos 56.000 actos de esa naturaleza y que está próxima a imputar, por primera vez, cargos por crímenes de guerra contra el Secretariado y el estado mayor de esa guerrilla.
El propio jefe de la delegación del Gobierno, Humberto de La Calle, advirtió hace una semana que el proceso de paz vivía su peor momento. ¿Usted cómo lo ve?
Es normal que este tipo de dificultades ocurran en un proceso de paz tan complejo como el que se adelanta con las Farc. Todos los procesos de paz tienen altibajos. Por ejemplo, luego de que el Gobierno de El Salvador y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) decidieran iniciar un proceso de paz, esta lanzó una ofensiva militar para demostrar su fuerza. Esta estrategia no dio resultado, ya que el ataque fue contenido por el Ejército. Sin embargo, esta acción convenció a las partes de firmar un acuerdo de paz, y las llevó a reconocer que una victoria militar era muy costosa en términos humanos y que era mejor dejar de lado el camino de las armas y someterse a las reglas de la democracia. La experiencia salvadoreña muestra que los procesos de paz alcanzan un punto de inflexión, después del cual, como dijo el jefe de la delegación del Gobierno, el proceso se acaba, para bien o para mal. Es probable que el proceso de paz en Colombia haya alcanzado ese punto, y poco a poco se acerque el momento de las decisiones definitivas. Lo más torpe que podría hacerse sería escalar el conflicto bajo la consideración de dar muestras de fuerza. Lo más razonable es que, con el actual estado de cosas, se adopten las decisiones de cese del fuego.
¿Por qué dice usted que es el momento de un cese bilateral?
Como lo dije hace unos días, creo que el modelo de negociar en medio de la guerra es insostenible en esta fase final de las negociaciones. Uno no puede salir y pedirles a los colombianos que respalden este proceso, que crean en la voluntad de las Farc de ponerle punto final a la guerra, si lo que se percibe alrededor es una andanada de graves ataques contra la población civil. Los colombianos no hemos logrado exorcizar del todo los demonios que quedaron después de la frustración del Caguán, y es natural que muchos ciudadanos se estén preguntando: ¿y por qué debo creer que esta vez sí? Los colombianos quieren ver hechos de paz y no simple retórica. Bajo ese contexto, estoy convencido de que lo único que verdaderamente puede llevar a entusiasmar a los colombianos con estas negociaciones es vivir la antesala del fin de la guerra a través de un cese bilateral y verificado de las hostilidades. Pero, además, por otra razón. En el fondo, firmar la paz es un acto de fe en las promesas y la palabra empeñada de la contraparte. Sucede con frecuencia que en las etapas decisivas de las negociaciones se exacerben las desconfianzas de lado y lado, y se acreciente el temor de echar por la borda todo lo que hasta el momento se ha logrado construir. Lo único que puede desatar las tensiones y desactivar definitivamente las desconfianzas y los miedos que aún persisten en la mesa de negociaciones es cesar bilateral y definitivamente las hostilidades.
¿Qué implicaciones jurídicas tiene que la guerrilla haya planteado un cese unilateral?
Si hay cese del fuego unilateral, como mínimo el Gobierno tiene que desescalar el conflicto. De hecho, el Gobierno necesariamente debe ajustar el uso de la fuerza a las nuevas condiciones de cese del fuego, porque así lo exigen tanto el derecho internacional como el derecho constitucional. Por un lado, el derecho internacional de los derechos humanos ha permeado el derecho de guerra, de tal forma que los operadores militares ponderen la proporcionalidad de las amenazas a las que están expuestos para restringir el uso de la fuerza letal. Esto va de la mano con la constitucionalización del derecho, que rige las hostilidades, donde la Fuerza Pública debe sopesar la intensidad de la fuerza que emplean con los derechos fundamentales de los combatientes. En este sentido, hay que tener en cuenta que el cese unilateral voluntario que han decretado las Farc disminuye considerablemente la intensidad de las hostilidades, lo cual necesariamente afecta el juicio de proporcionalidad y necesidad militar que realiza la Fuerza Pública en la planeación y ejecución de sus operaciones. No tendría sentido jurídico que un conflicto armado menos intenso mantenga el mismo nivel alto de hostilidades bélicas. Es por esto por lo que, muy respetuosamente, invito a las partes para que comprendan que llegó el momento de acabar con esta esquizofrenia de hablar de paz en La Habana y de hacer la guerra en Colombia. El presidente Santos no debe temerles a las encuestas coyunturales. Debe apostarle a la historia y no retroceder ante los guerreristas de siempre.
Pareciera que el tema que atasca la negociación es el de la justicia. ¿Cómo superarlo? ¿Qué límite tendrían los beneficios para seguir adelante sin sacrificar a las víctimas?
Un proceso de paz sin justicia, especialmente de tipo penal, es hoy un imposible ético y jurídico. Existen normas internas y compromisos internacionales que le impiden al Estado colombiano pasar la página de la guerra sin hacer algún tipo de ajuste de cuentas frente a los máximos responsables de estas décadas de violencia. Las Farc deben entender eso. El modelo de las amnistías e indultos no tiene viabilidad alguna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado inválidas las amnistías incondicionales que se han producido en las últimas décadas en América Latina. Hay unas fronteras que el Estado colombiano no puede cruzar en aras de la paz. Por ejemplo, el componente penal de la justicia transicional. Es indispensable la investigación y sanción a los máximos responsables por las más graves violaciones de los derechos humanos. Si las Farc no aceptan ese mínimo, el Presidente no puede firmar la paz. Y si la firma, sería frágil y vulnerable ante la justicia internacional. Si las Farc no aceptan esos mínimos de justicia, es mejor que el Presidente se levante de la mesa de negociación. En aras de la paz no es posible pactar un modelo de impunidad que se derrumbaría como un castillo de arena. Esto no quiere decir que las penas alternativas no privativas de la libertad para crímenes internacionales estén prohibidas o sean incompatibles con el derecho internacional.
¿Cómo ve el masivo retiro del respaldo de los colombianos al proceso de paz?
Este es un escenario preocupante pero comprensible. Los ataques de la guerrilla en estos meses han generado una merecida indignación en la opinión pública, pues, parafraseando al filósofo norteamericano Richard Rorty, pareciera que las acciones de las Farc muestran que ellos no tienen la capacidad imaginativa de ver a los afectados por estos hechos como compañeros en el sufrimiento. Sin embargo, es importante recordar que desde que se inició el proceso de paz han bajado los niveles de violencia de una forma significativa. La posibilidad real de terminar con uno de los conflictos internos más antiguos del mundo no puede echarse por la borda, como lo sostienen algunos azuzadores de la guerra desde la comodidad de su escritorio. Además, la oportunidad de desterrar la violencia como forma de hacer política es el único camino para superar la enciclopedia de la infamia que ha dejado esta guerra sin nombre.
¿Cómo va el trabajo de la Fiscalía sobre los crímenes de las Farc?
La Fiscalía está enfocada en la investigación de crímenes internacionales, especialmente de aquellos que tengan la connotación de crímenes de guerra. Los crímenes de guerra son aquellos hechos relacionados con el conflicto armado, por ejemplo, el uso de medios ilícitos de combate, como los elementos explosivos no convencionales. Se trata de infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En este segundo semestre vamos a formular las primeras imputaciones por crímenes de guerra contra el estado mayor y el Secretariado de las Farc, por el caso del minado en el territorio de la comunidad indígena awá en el departamento de Nariño y por el reclutamiento forzado de menores, en el caso del páramo de Berlín, en el Magdalena Medio. En este caso, el Ejército interceptó e identificó una operación masiva de reclutamiento por parte de las Farc. La Fiscalía tiene reportadas más de 56.000 graves violaciones de los derechos humanos cometidas por ese grupo, sobre las cuales se adelantan investigaciones. De estos actos, casi un 61 % ocurrieron en 4 departamentos: Antioquia, Meta, Caquetá y Guaviare. Adicionalmente, tenemos conocimiento de que muy probablemente más de 9.000 secuestros son atribuibles a las Farc, aunque en el análisis comparativo de las cifras con otras instituciones pensamos que estos casos pueden subir a 12.000. Adicionalmente, en otros 15.000 casos de secuestro no se descarta que estén involucrados. Investigamos también 11.400 casos de reclutamiento forzado, que, comparado con otras fuentes, pueden configurar también unos 27.000 niños reclutados.
¿A qué atribuye que haya sectores que sostienen que no se conocen los alcances de lo negociado con las Farc?
Como usted bien sabe, ni la Fiscalía General ni yo, como Fiscal, hacemos parte de la mesa de negociación. Lo que todos sabemos, por los anuncios realizados por el Gobierno, es que actualmente ese es el tema de discusión en la mesa de negociaciones: el componente de justicia. Por tanto, no podría decirle a qué decisiones o acuerdos han llegado las partes. En todo caso, yo coincido en que debe haber mayor pedagogía sobre la paz. Creo que en buena parte el poco respaldo que reflejan las encuestas frente a estas negociaciones obedece muchísimo más a desinformación que a una oposición de los colombianos por encontrar una salida concertada.
¿Cómo deberían reparar los guerrilleros la deuda ambiental con el país, que cada vez es más grande?
Los daños ambientales que han causado los guerrilleros de las Farc son de suma gravedad porque ponen en riesgo la biodiversidad colombiana y los recursos naturales de las generaciones presentes y futuras. Además, como hemos visto en las últimas semanas, impiden satisfacer necesidades básicas –como el acceso a agua potable– a amplios sectores de la población. Los ataques a infraestructura civil, como acueductos, oleoductos, represas etc., son crímenes de guerra. Las Farc deberán responder por los delitos internacionales, en el marco de la justicia transicional.
¿Cómo explicar su pronunciamiento sobre los videos de atentados? ¿Eso no riñe con la libertad de expresión y los alcances de un mundo globalizado?
Lo primero que quiero aclarar es que en ningún momento indiqué que los periodistas o los medios de comunicación serían investigados por difundir los videos de los atentados. Es claro que, en virtud de los derechos a la libertad de expresión y de prensa, los periodistas tienen el derecho de difundir audiovisuales, sin que sea posible establecer algún tipo de censura. Asimismo, los periodistas no pueden ser obligados a revelar la fuente de su información, ya que se encuentran amparados por el secreto profesional. La situación a la que hice referencia está relacionada con quien tiene en su poder un video que constituya una prueba fundamental y, en lugar de entregárselo a las autoridades, lo oculta o lo entrega a otras personas. Será esta persona, no el medio de comunicación o el periodista, quien pueda enfrentar un proceso penal. Este tipo de actuaciones sí son objeto de investigación, porque pueden entorpecer la investigación penal. La misma Corte Constitucional ha resaltado el deber que tiene la Fiscalía General de la Nación de asegurar las pruebas para garantizar la eficacia de las investigaciones y la administración de justicia. No es la regla general hacerlo, pero se justifica en situaciones especiales.
¿Dice que es posible en un Estado de derecho limitar la libertad de información?
Si bien la libertad de información es un derecho prevalente, puede ser válidamente objeto de restricciones en muchos casos. Eso no es un evento extraño ni excepcional dentro del constitucionalismo contemporáneo. Lo que he dicho no es un invento, sino que ha sido el mismo legislador quien en otros casos lo ha regulado así. Fíjese, por ejemplo, en la ley de inteligencia. Allí se salvaguardó la reserva de la fuente de los periodistas, como era debido. Pero esto no implicó que se extendiera una inmunidad a quien revele documentos secretos o reservados.
‘Uso de redes sociales no debe llevar a pánico’
¿Perseguir a quienes –por ejemplo– envían mensajes por las redes para anunciar falsos atentados no es contradictorio cuando se plantean beneficios para quienes los cometen de verdad?
La advertencia que yo hice después del consejo de seguridad que se realizó por los dos atentados que ocurrieron en Bogotá alertó sobre el peligro que representaba para la ciudadanía que algunas personas abusaran de las ventajas que tienen las redes sociales para generar pánico y zozobra entre los ciudadanos. Este llamado al buen uso de las herramientas tecnológicas y de comunicación no puede entenderse como una medida despótica o dictatorial, como algunos sectores de la opinión pública lo han calificado, ya que la administración de justicia está llamada a garantizar que las personas hagan un buen uso de las redes y no se aprovechen para la comisión de delitos y la violación de otros derechos y valores constitucionales.
Es tan importante velar por la libertad de las redes sociales que todos los ciudadanos estamos en el deber de velar para que su uso no lleve a la generación de zozobra y pánico.
SAIR BUITRAGO MEDINA
Redactor de EL TIEMPO
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