Accidentada audiencia de capturados por atentados

Accidentada audiencia de capturados por atentados

Dos detenidos en flagrancia, libres por errores en capturas. Hubo marchas en respaldo a detenidos.

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09 de julio 2015 , 10:00 p. m.

Con dos de los capturados el miércoles liberados por errores en su detención, plantones de familiares y universitarios, presencia del Esmad y largos recesos que pusieron en vilo el cumplimiento del plazo de 36 horas que tenían las autoridades para legalizar las capturas, se cumplían este jueves en la noche más de 24 horas de audiencia contra los señalados de participar en los atentados del Eln en Bogotá.

La misma jueza de garantías que dejó en libertad a dos de los detenidos legalizó las pruebas con las que la Fiscalía pretende demostrar que los 15 conformaban una red de apoyo a la guerrilla que intervino en al menos 14 explosiones y atentados fallidos en la capital de la República.

Entre esas pruebas están las interceptaciones de llamadas que fueron oídas con autorización judicial y que supuestamente muestran cómo se planearon varios de los ataques. El material recabado por la Fiscalía en los allanamientos cumplidos en varias zonas de Bogotá, entre el que se cuentan memorias USB, teléfonos celulares y computadores, también será considerado como prueba válida en el juicio.

Ante lo prolongado de la sesión se determinó que una segunda jueza completará la audiencia de legalización de capturas. Ella consideró que se trata de un caso de seguridad nacional y por eso la diligencia fue reservada.

Durante todo el día fue constante la presencia de estudiantes universitarios, familiares y miembros de ONG que llegaron a Paloquemao a protestar por lo que consideraron un ‘falso positivo’ judicial. Incluso, anunciaron que pedirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que proteja el debido proceso de los capturados.

Contra ellos, dice la Fiscalía, existen evidencias técnicas y documentales de su apoyo a las milicias ‘elenas’ en Bogotá. Las pruebas presentadas en el expediente no tienen, hasta ahora, relación con los últimos actos terroristas en Bogotá, que se produjeron hace una semana en la calle 72 y el sector de Puente Aranda.

Este jueves, la Secretaría de Gobierno del Distrito –con el que tienen contrato de prestación de servicios tres de los detenidos– señaló que la alcaldía de Gustavo Petro “confía en que la justicia garantice el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, a la vez que garantizó la plena colaboración con las investigaciones.

“La Administración expresa su solidaridad con los movimientos sociales y las organizaciones a las que, según se ha informado, pertenecen varios de los capturados por su presunta participación en estos hechos condenables y hace un llamado a la ciudadanía para que no se estigmatice a los integrantes de estos movimientos”, dice un comunicado del Distrito.

Este jueves en la noche, la jueza evaluaba si accedía a la petición de la Fiscalía de enviar a prisión a los 13 detenidos, de quienes sostuvo “son un peligro para la sociedad” y podrían afectar el curso del proceso.

El fiscal del caso les imputará los cargos de rebelión, terrorismo, daño en bien ajeno y concierto para delinquir, por los que se exponen a penas que van de los 15 a los 20 años de prisión.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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