Celulares, claves en las capturas por las explosiones en Bogotá

Celulares, claves en las capturas por las explosiones en Bogotá

En operativos simultáneos, Policía y Fiscalía capturaron a 15 señalados de tener nexos con el Eln.

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08 de julio 2015 , 09:12 p.m.

Tres contratistas del Distrito, entre ellos una reconocida abogada de derechos humanos. Dos filósofos, un estudiante de educación comunitaria, un estudiante de geografía, un ingeniero agrónomo y una politóloga. Perfiles como esos son los de los 15 capturados este miércoles (dos de ellos en flagrancia) bajo cargos de haber participado en varios atentados registrados en Bogotá en los últimos meses.

Este miércoles en horas de la noche, en los juzgados de Paloquemao avanzaba la audiencia en la que Fiscalía y Policía revelarán las pruebas de su supuesta colaboración con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Dos de los 15 capturados fueron dejados en libertad hacia la medianoche de este miércoles, pues no tenían orden de captura y no se comprobó su relación con los hechos. Sin embargo seguirán vinculados al caso.

Aunque las capturas se expiden por ataques anteriores a los de la semana pasada en el norte y el occidente de Bogotá, la Policía asegura que varios de ellos tienen relación con los petardos que dejaron a varias personas heridas, una de ellas de gravedad.

“Los investigadores revisarán los videos de los atentados ocurridos la semana pasada”, señaló al respecto el vicefiscal general, Jorge Perdomo. Este diario pudo establecer que dos de ellos, de acuerdo con la ubicación arrojada por sus teléfonos celulares, estuvieron en la calle 72, uno de los sitios donde ocurrieron las explosiones del pasado jueves.

Varias de las detenciones generaron sorpresa en la Administración de Bogotá, en el medio universitario y hasta en Naciones Unidas, entidad que, a través del asesor de la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, pidió que se aclare cuanto antes la situación de los detenidos y que se garantice el debido proceso.

“Estas personas fueron capturadas, pero son sindicadas, no hay decisiones judiciales que las declaren culpables y así han sido presentadas, lo que vulnera los derechos que tiene cualquier sindicado”, dijo Fernández, quien cuestionó además que medios de comunicación usaron fotos obtenidas de Facebook y otras redes sin que haya surtido efecto el proceso judicial.

Atentados fallidos, la pista clave

En el expediente aparece que fue la pista de varios atentados fallidos la que condujo a las capturas.

El 29 de julio del año pasado, desconocidos abandonaron un artefacto explosivo en la calle 80 con carrera 119, el cual fue desactivado por las autoridades. El 6 de octubre se evitó que otro artefacto explotara en el puente de la carrera 6.ª con calle 6.ª, en el centro de Bogotá.

Esos dos ataques, que fueron controlados a tiempo, terminaron por dar a las autoridades la ruta para desmantelar a la señalada célula urbana del Eln que venía cometiendo atentados en la capital del país desde hace más de un año.

El general Rodolfo Palomino, director de la Policía, manifestó que los detenidos están implicados en al menos 14 acciones terroristas y que, en varias de ellas, “habrían contratado el servicio de delincuencia común para instalar artefactos” explosivos.

Investigadores explicaron que en los dos hechos de la calle 80 y de la calle 6.ª se logró salvar la información que contenían los celulares que serían usados como mecanismo para activar los explosivos. Allí se encontraron números telefónicos y mensajes de texto que llevaron a la Policía a capturar a 15 personas en operativos simultáneos realizados este miércoles en Suba, Ciudad Bolívar, Kennedy, Teusaquillo, Chapinero y El Tunal.

Con esa información jueces avalaron interceptaciones telefónicas que permitieron ubicar a los integrantes de la red, que serán acusados de los delitos de terrorismo, rebelión, lesiones personales y daño en bien ajeno. Se exponen a condenas superiores a los 15 años.

 

El expediente dice que los investigadores de la Fiscalía y la Policía encontraron coincidencias entre los mecanismos de activación y el tipo de explosivos usados en esos dos ataques frustrados y los utilizados en el atentado contra un CAI del sector de Lourdes el 20 de junio del año pasado, que dejó heridas a tres personas. El mecanismo era idéntico al de otros cuatro artefactos, todos de bajo poder, que explotaron en la ciudad el 29 de julio del 2014.

Los peritos realizaron un ‘análisis link’, que ubicó los celulares de varios de los detenidos en las zonas en las que explotaron los petardos. Esas mismas líneas coincidían con los registros de señal detectados en reuniones previas cerca de centros educativos en las que supuestamente se acordaron detalles de los ataques.

En medio de la investigación, se evidenció que varios miembros de la red participaron en una revuelta en la Universidad Nacional en la que se lanzaron ‘papas explosivas’ contra la Policía que dejaron nueve uniformados lesionados. Uno de los capturados fue, según la Fiscalía, quien ingresó los artefactos al campus. De hecho, al menos dos de los detenidos son estudiantes de ese centro educativo. El señalado cerebro de la red, David Camilo Rodríguez, alias el Profe, fue detenido en uno de los operativos, en los que se encontraron un teléfono satelital y panfletos alusivos al Eln. La Policía indicó que los detenidos respondían al frente ‘Domingo Laín’ y, en ese sentido, la Fiscalía contempla vincular a jefes guerrilleros por línea de mando.

Este miércoles, el alcalde Gustavo Petro se declaró a la espera de que la justicia demuestre la responsabilidad de los contratistas –Paola Andrea Salgado Piedrahíta, Sergio Esteban Segura y Lorena Romo Muñoz– en los hechos que se les atribuyen.

A su vez, la Secretaría de Educación aclaró que Segura y Romo Muñoz tienen contrato de prestación de servicios con la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de esa entidad, y que sus certificados de antecedentes judiciales y disciplinarios no tienen anotación alguna.

El Eln señaló este miércoles, en su cuenta de Twitter, que no conoce a ninguno de los capturados, y calificó el operativo como un ‘falso positivo’. Igualmente se pronunció la ONG Congreso de los Pueblos, que señaló que los capturados son “líderes de procesos sociales” que no han cometido delitos, y pidió garantías para su adecuada defensa.

Salgado, abogada en caso emblemático

Una de las tres personas detenidas por la Fiscalía General de la Nación y que pertenecen a la Administración Distrital es reconocida como abogada activista para el reconocimiento del derecho al aborto. Se trata de Paola Andrea Salgado Piedrahíta, quien llevó ante la Corte Constitucional el caso de una menor de 12 años que había quedado embarazada por una violación y a la que una EPS le negó la interrupción del embarazo. En el 2012, luego de que la niña se convirtió en madre, la Corte Constitucional les dio la razón a ella y a su abogada, en una de las sentencias claves en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Por antecedentes como esos, la ONU y varias organizaciones no gubernamentales piden tomar con precaución las acusaciones contra Salgado Piedrahíta.

EL TIEMPO estableció que la abogada tiene un contrato de prestación de servicios con el Hospital de Suba desde el 18 de junio, por 3 meses. Gabriel Castilla, gerente de esta entidad, señaló que, tras la captura, “se procederá a la suspensión” del contrato.

Trabajaban en educación

Lorena Romo Muñoz y Sergio Esteban Segura Guisa son los otros dos detenidos que hacen parte de la Administración Distrital.

La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó que ambas personas tienen contratos de prestación de servicios con la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de esa entidad.

Segura Guisa está vinculado con tal despacho desde el año 2013, y hasta la fecha firmó cuatro contratos, el último de ellos el 21 de enero del 2015, por 11 meses y con un pago de 42 millones de pesos. El objeto contractual es de apoyo profesional en la formulación e implementación de planes de ciudadanía y convivencia.

Entre tanto, Romo Muñoz sólo tiene un contrato en su haber, cedido por un tercero y firmado el pasado 12 de mayo, por 6 meses y un pago de 16’700.000 pesos.

El objeto de este es el trabajo con comunidades, en un programa liderado por la Dirección de Participación. La Administración se declaró a la espera de los resultados de la justicia.

Según los certificados de antecedentes judiciales de la Policía Nacional, ni Lorena Romo Muñoz ni Sergio Esteban Segura tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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