El 'dossier' de los crímenes ecológicos de la guerrilla

El 'dossier' de los crímenes ecológicos de la guerrilla

Ríos envenenados y minería ilegal, entre los desastres. También, comunidades indígenas golpeadas.

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05 de julio 2015 , 12:24 a.m.

“Priorizar la protección de ecosistemas frágiles y el acceso y disfrute estratégico del agua por parte de la población”. La paradoja entre lo que está pasando hoy en las selvas y la costa nariñense por causa de los atentados de las Farc contra el oleoducto Trasandino y esa, una de las ‘Cien propuestas mínimas para la democratización y la paz con justicia social en Colombia’ –con las que esa guerrilla llegó a hablar de paz a La Habana–, es clara. (Lea también: Tibú se quedó sin agua tras ataque de las Farc a oleoducto Caño Limón)

El atentado provocó el derrame de más de 9.000 barriles de crudo pesado, que asfixiaron flora y fauna selvática por centenares de kilómetros hasta que el río Mira los depositó en aguas del Pacífico, que ahora siente sus estragos. De paso, miles de habitantes de Tumaco y pequeños caseríos, de los más pobres del país, llevan sin agua dos semanas porque el derrame afectó las bocatomas del acueducto que los surtía.

A pesar de que el discurso ambiental es recurrente en las declaraciones de esa guerrilla, la realidad que se vive día a día en el país revela a las Farc y a los otros grupos armados ilegales como grandes azotes del ecosistema. No solo por sus ataques contra la infraestructura petrolera –muchos de los cuales, según las autoridades, son retaliaciones ante la negativa de las empresas a pagarles ‘vacunas’– sino por su enorme peso en las dos actividades que más están acabando selva y ríos en Colombia: el narcotráfico y la minería ilegal.

Alias ‘Robledo’, jefe del frente 48, que delinque en la zona de frontera con Ecuador y es uno de los más involucrados con el narcotráfico, es el hombre señalado directamente por los ataques contra la industria petrolera en Putumayo y todos sus efectos de allí hasta el Pacífico. Fueron sus guerrilleros los que obligaron a los conductores de 24 carrotanques a derramar todo el petróleo que llevaban sobre la vía Puerto Asís-Teteyé, algo que ya habían hecho hace un año. El daño ambiental puede ser catastrófico, porque se ha afectado el Refugio Húmedo del Napo, un santuario de flora y fauna aún inexplorado. Ese frente es también uno de los mayores ladrones de crudo del oleoducto. A través de válvulas ilegales, la guerrilla y otros grupos sacan el petróleo para utilizarlo en las ‘cocinas’ del narcotráfico. Los lugares donde hay válvulas, usualmente cercanos a cañadas y fuentes de agua, están literalmente muertos por la salida permanente de crudo. (Además: Mancha de crudo ya se extiende por 7 km de playa de Tumaco)

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, en el 2014 las Farc realizaron 130 ataques contra la infraestructura petrolera, a un promedio de 1.623 metros de distancia de un río. De ese total, 107 no estaban en zona de reserva, mientras que los otros 23 ataques sí tuvieron como epicentro zonas protegidas por su riqueza de fauna y flora, concentrándose en las reservas del Pacífico, Magdalena, del Cocuy y la de Los Motilones.

En el 2015, la Fundación Ideas para la Paz ha registrado 40 ataques contra la infraestructura petrolera. Ocho de esos atentados se hicieron en zonas de reserva forestal y ocurrieron en promedio a 512 metros de un río.

Más de 4 millones de barriles

Desde 1986, cuando el Eln empezó a atacar el ‘tubo’ Caño Limón–Coveñas, a suelos y ríos del país han caído 4.119.667 barriles de petróleo por los atentados con dinamita. Ese grupo carga en su historial, de hecho, con uno de los más graves crímenes en la historia del conflicto armado en Colombia, la masacre de Machuca (Antioquia), que estuvo directamente amarrada a la práctica de volar la infraestructura. En octubre de 1998, el Eln voló el poliducto que pasaba sobre ese corregimiento de Segovia y provocó la muerte, incineradas, de 84 personas. Más de 22.000 barriles de combustible cayeron a las quebradas de la región.

En el caso de las Farc, fiscales de la unidad de Protección a los Recursos Naturales y el Medio Ambiente adelantan 60 investigaciones por ataques en nueve departamentos, varias de las cuales terminarán por encartar, por línea de mando, a varios de los que están en La Habana y a ‘Timochenko’, el máximo jefe de ese grupo ilegal.
Entre los más golpeados por el deterioro del ecosistema atribuido a la guerrilla están los miembros de tres comunidades indígenas del oriente y el sur del país: los uwas de Arauca y Boyacá, los nukak de Guaviare y los awás, en Nariño.

La sangrienta columna ‘Teófilo Forero’, que ha protagonizado ataques tan cruentos como el del club de El Nogal en febrero del 2003, en el que murieron 36 personas, es una de las estructuras que tienen capítulo abierto en la Fiscalía por el grave daño ambiental que han ocasionado en medio de su violencia. (Lea también: Farc atacó oleoducto Caño Limón-Coveñas en Norte de Santander)

A sus jefes, incluido el ‘Paisa’, uno de los criminales más buscados del país, se les busca por la muerte de 33 soldados en Puerres (Nariño) en abril de 1996. Pero también por el desastre ambiental generado por los 25.000 barriles de petróleo que cayeron a ríos y quebradas y que, como ahora, terminaron en aguas del Pacífico en medio de esa acción.

Más de 150 guerrilleros de la ‘Teófilo’ y los frentes 29, 32 y 48 de las Farc dinamitaron una caravana de seis vehículos en los que se desplazaban los militares que vigilaban el oleoducto Trasandino. La explosión rompió el tubo y generó un incendio que cobró las vidas de varios uniformados. En diciembre del año pasado, el Consejo de Estado, que condenó a la Nación a pagar indemnización a las familias de las víctimas, compulsó copias para que se investigara los daños ambientales generados por la guerrilla.

En el dossier de los crímenes ambientales, que va a seguir creciendo porque la Fiscalía está pidiendo a despachos del país los procesos contra la guerrilla para adelantar una investigación ‘en contexto’, hay indagaciones sobre el frente 15 de las Farc por delitos ambientales cometidos en Puerto Carreño (Vichada), contra la columna ‘Gabriel Galvis’ por acciones en Palmira (Valle), contra el frente 36 por delitos en Tarazá y Cáceres (Antioquia) y contra el frente 63 en Leticia (Amazonas).

Todos esos casos están relacionados con el envenenamiento de ríos y quebradas por cuenta de la minería ilegal. Así, aunque en el discurso de las Farc se insiste recurrentemente en los estragos de la gran minería –“las mal llamadas ‘locomotoras del desarrollo’ del Estado colombiano son la mayor causa de degradación ambiental en el territorio nacional”, dice un documento de la delegación de la guerrilla en La Habana que pretendió mostrar la tragedia de Tumaco como un ‘daño colateral’ del conflicto–, lo cierto es que a lo largo del país ese grupo, el Eln y las bandas criminales manejan directamente el negocio de la búsqueda de oro de aluvión, una de las prácticas más contaminantes de la minería y que, según la ONU, el año pasado generó la deforestación de 17.000 hectáreas.

En una investigación adelantada en Santander de Quilichao, Suárez y Buenos Aires, municipios del Cauca con alta presencia de las Farc, la Fiscalía comprobó que las retroexcavadoras que destruyeron parte del bosque primario de cabeceras de los ríos Quilichao, Ovejas y La Toma entraron a la zona con protección de guerrilleros. En el sitio se usó mercurio y cianuro para separar el oro, contaminando esas fuentes hídricas, al igual que el Cauca, que las recibe.

Hace un mes, la Fiscalía y la Policía realizaron un operativo en el sitio y capturaron a seis personas, entre ellos un integrante del frente 29 de las Farc que coordinaba toda la actividad ilegal. Le imputaron los delitos de daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales y concierto para delinquir.

El impacto de la coca

A las Farc les cabe también responsabilidad en la destrucción de más de 220.000 hectáreas de selva desde el 2001 hasta el año pasado a causa de los cultivos de coca. El último informe de la ONU, revelado esta semana, muestra que el 82 por ciento de los cultivos están en los ejes Nariño-Caquetá-Putumayo, Meta-Guaviare, Nariño-Cauca y Catatumbo, todos de altísima incidencia de esa guerrilla. El año pasado, debido a los cultivos fueron deforestadas 15.000 nuevas hectáreas. (Lea también: Ante escalada de Farc, Gobierno convocó a cumbre de partidos políticos)

Los cultivos de coca afectan los ríos por el vertimiento a las cuencas de insumos químicos que se emplean en el proceso del alcaloide. Como consecuencia de esto se afecta el desarrollo y supervivencia de las especies subacuáticas, además de las comunidades que derivan su sustento de estas fuentes de agua. También se ha detectado que donde se ubican estos cultivos se han desviado cauces o se han dispuesto diques que secan las partes bajas de los cursos de agua, lo que genera drenaje en lagunas y humedales.

Cuando se plantan cultivos cerca de las corrientes de agua se provoca erosión. Ese material erosionado es arrastrado a la parte superficial de las fuentes y hace que el agua se ponga turbia, lo que impide el paso de luz.

¿Son las afectaciones del medioambiente “daños no deseados” colaterales a las acciones del conflicto –como lo aseguraron las Farc desde La Habana– o un costo calculado? La justicia colombiana, que hasta ahora no ha producido ninguna condena contra un gran jefe de grupo irregular por esta materia, está trabajando para cambiar esa historia.

REDACCIÓN JUSTICIA

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