'Tener a 'Iván Márquez' tras las rejas no soluciona el conflicto'

'Tener a 'Iván Márquez' tras las rejas no soluciona el conflicto'

Directora de articulación de Fiscalías anuncia la exhumación más grande en la historia del país.

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04 de julio 2015 , 09:08 p.m.

La Fiscalía General de la Nación, por medio de Caterina Heyck Puyana, directora de articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, que actúa contra la corrupción, el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, derechos humanos y la aplicación de la ley de Justicia y Paz, considera que la Policía sí debe garantizar la seguridad de los guerrilleros de las Farc cuando se firme la paz.

Para la alta funcionaria, el concepto de justicia “va mucho más allá de la cárcel”, y la prisión “no es sinónimo de justicia”. Según dice, la paz “no es tener a ‘Iván Márquez’ en La Picota”, al igual que “la solución no es llenar las cárceles con desmovilizados de las Farc”.

Heyck tiene una maestría en Paz, Conflicto y Democracia de la Universidad de Granada (España) y es Master Public International Law de la Universidad de Leiden (Holanda), con especialidad en Derecho Financiero de la Universidad del Rosario.

¿Usted diría que el capítulo del paramilitarismo, desde que se empezó a aplicar la ley de Justicia y Paz hasta ahora, está cerrado o concluido?

No. Todavía hay temas pendientes en judicialización y verdad. El país no ha entendido completamente lo que fue el fenómeno paramilitar. Fue un periodo demencial de violencia, un capítulo vergonzoso de crueldad, violencia sexual, torturas, desplazamiento, desapariciones y masacres. La mayor degradación humana. Pero avanzamos con análisis de contexto y con priorización de casos.

A propósito de la ley de Justicia y Paz, ¿cuántos paramilitares están detenidos?

1.408 postulados a la ley de Justicia y Paz están privados de la libertad.

La ley estableció que los paramilitares que se entregaran tendrían una pena máxima de ocho años de cárcel. Muchos ya la cumplieron. ¿Serán liberados?

La ley establece una expectativa de sustitución. Pero esto depende de si han contribuido sustancialmente a la verdad y a la reparación de las víctimas y de que no hayan seguido delinquiendo. La decisión de otorgar la libertad corresponde a los magistrados de Justicia y Paz. Para esto, el Fiscal General expidió una circular que impuso una revisión integral y articulada de los procesos existentes en contra de los postulados antes de emitir la certificación que deben enviar a los magistrados para que adopten su decisión. En aplicación de este procedimiento, a la fecha se les ha sustituido la medida de aseguramiento a 32 postulados.

¿Cree ahora, dentro del proceso de paz con las Farc, en la justicia transicional?

Si queremos avanzar en la paz, es importante que todas las personas y actores del conflicto estén dentro de la justicia transicional. Pero los procesos transicionales son complejos, no son gratis ni consisten en un simple lavado de culpas. Implican el reconocimiento de verdades y de responsabilidades de todos.

¿Debería cobijar también a los empresarios, ganaderos, agricultores?

Sí, pero también dentro de un concepto de verdad, justicia y reparación, y de garantía de no repetición. El deber de estas personas es reparar y garantizar que las atrocidades con las que contribuyeron no volverán a repetirse.

Los dirigentes de las Farc han dicho que no aceptarán penas de cárcel…

El país necesita un modelo de justicia transicional legítimo a nivel nacional e internacional. Al Marco Jurídico para la Paz le falta la expedición de leyes estatutarias. El marco es bastante sólido y coherente con los requerimientos internacionales, pero necesita ajustes, sobre todo en el tema de participación política. Hay que permitir que los líderes de las Farc puedan participar en política. No se les puede negar esta posibilidad democrática. Hay que tener en cuenta que el proceso tiene un componente de negociación política.

¿Y cree que eso debe ser así? ¿Que sean miembros del Congreso de la República?

Creo que se les debe permitir el juego democrático, la participación política, y que el pueblo colombiano decida.

¿Pero está bien atender la petición de la guerrilla de no ir a prisión?

El concepto de justicia va mucho más allá de la cárcel. La cárcel no es per se sinónimo de justicia. Hay que ser creativos con la pena alternativa: el desminado, el trabajo social, la construcción de infraestructura, la reparación de los daños ambientales, la participación en misiones humanitarias, por ejemplo, opciones novedosas que contribuyan con la reconciliación y la reconstrucción del país.

No podemos ser ciegos ante la catastrófica realidad de las cárceles de nuestro país y pensar que la solución está en llenarlas con desmovilizados. Muchas veces, en las cárceles los internos siguen delinquiendo y salen peor. El fin principal de la pena debe ser la resocialización.

¿Es decir, no debe haber prisión para los dirigentes guerrilleros?

Hay que ser realistas y decirles a los colombianos que la solución de un conflicto armado de 60 años no es tener a ‘Iván Márquez’ en La Picota.

La solución es...

La solución es una justicia transicional legítima para todos y, dentro de esta, la pena alternativa, la confesión de la verdad, la reparación de las víctimas, la no repetición. Necesitamos pasar la página del conflicto armado.

¿Está usted de acuerdo en que, cuando se produzca esta reintegración de la guerrilla a la vida normal, la policía proteja a guerrilleros si se hace la paz?

Sí, esa es su función institucional. De hecho, eso lo hace la Policía hoy. Ejército y Policía son garantía de seguridad y garantía de confianza. Hay que aprender de la lección que tuvimos con la UP y de lo que fue la privatización de la seguridad con las autodefensas. Hay que fortalecer las instituciones y confiar en ellas.

¿Es cierto que en la Fiscalía hay impunidad frente a las Farc?

Hay que desvirtuar el falso imaginario de impunidad frente a las Farc. Tenemos 10.524 casos activos frente a las Farc, con 15.000 indiciados. Quiero hacer notar que tenemos un registro de 1.496 condenas contra miembros de las Farc, de las cuales 157 corresponden al Secretariado.

¿Todas esas investigaciones sobre las Farc quedarán archivadas si hay paz?

Estos casos entrarán en un análisis de valoración jurídica dentro de la justicia transicional que se establezca.

¿La eventual firma del proceso de paz no supone la automática suspensión de los procesos que adelanta la Fiscalía contra miembros de las Farc?

Todo depende de cómo quede definido el esquema de justicia transicional.

¿Cuántos guerrilleros hay detenidos por rebelión?

Hay en curso más de 4.000 investigaciones por el delito de rebelión, que pueden incluir a más de un procesado. La Fiscalía está en un trabajo de consolidación de cifras.

¿Quedan en libertad si se firma la paz?

Frente a las condenas e investigaciones por rebelión, la opción del indulto es viable. Lo complejo es frente a otros delitos, de ahí la importancia de la justicia transicional.

¿Cuántos desaparecidos nos deja la guerra?

Medicina Legal ha reportado 8.000; la Unidad de Víctimas, 20.000; la Dirección de Justicia Transicional, 105.000, y el Eje Temático de Desaparición Forzada de la Fiscalía, 15.000. Muchos casos no han sido reportados.

¿Cuántos cementerios clandestinos hay en el país?

La Dirección de Justicia Transicional ha encontrado, a la fecha, 4.632 fosas. No se sabe cuántos cementerios clandestinos hay.

¿Qué va pasar con los ‘paras’ que ya cumplieron ocho años de prisión?

Ellos tienen una expectativa de libertad que debe ser decidida por los magistrados de Justicia y Paz. Ese no es un derecho adquirido. Es una expectativa condicionada a que hayan contribuido a la verdad y la reparación.

¿Cuántos paramilitares aspiran a la libertad?

Alrededor de 570. Pero cada situación es analizada particularmente. En el caso de ‘Julián Bolívar’, por ejemplo, ya salió en libertad, pero sigue vinculado a Justicia y Paz y con el compromiso de seguir cumpliendo sus obligaciones. En el caso de alias el Águila, que es otro ejemplo diferente, la Fiscalía le imputó cargos por secuestro y homicidio planeados desde la cárcel. Siguió delinquiendo. Por esto se espera que los jueces no lo dejen libre. El ‘Alemán’ está en Itagüí y ad portas de salir en libertad. Hay que dejar claro lo siguiente: no van a salir en desbandada, pero tampoco se les está haciendo ‘conejo’ como muchos afirman. Quienes contribuyeron a la verdad y repararon a las víctimas podrán salir. Los que no se tomaron en serio el proceso no. Esto es seriedad de parte y parte.

¿En el caso de Salvatore Mancuso, cuando regrese a Colombia será detenido?

Sí. Tiene dos condenas: la primera por 126 hechos y la segunda, macrocondena, que corresponde a la política de priorización del fiscal Montealegre, de 1.426 hechos que incluyen violencia sexual, tortura, desplazamiento, la masacre de El Salado y la práctica de incineración de cuerpos con hornos crematorios y llantas, entre otros.
Además tiene un proceso pendiente por lavado de activos. La Fiscalía está valorando si ha habido ocultamiento de bienes –lo cual implicaría su exclusión– y todavía tiene un pendiente importante en Justicia y Paz. Se está evaluando su colaboración y reparación de las víctimas. La llave de continuar en Justicia y Paz la tiene él. Si colabora eficaz y realmente con la justicia, no puede ser excluido.

¿A cuántos años de prisión está condenado?

La pena principal es de 40 años, pero se le concedió la pena alternativa de 8 años, de conformidad con la Ley 975 de Justicia y Paz.

¿Es decir, se reducirá a 8 años?

Mancuso, al regresar a Colombia, debe continuar respondiendo en Justicia y Paz. Ya tiene condenas, pero hay un pendiente del 70 por ciento, aproximadamente. Se estima que es responsable de alrededor de 30.000 hechos. Tiene una imputación en justicia ordinaria por lavado de activos, dentro del proceso que se adelanta al clan de Enilse del Rosario López, la ‘Gata’, en el que hay varias personas capturadas. En este proceso se documentó el lavado de dinero por valor de 200.000 millones de pesos. Se está evaluando la posibilidad de la exclusión.

¿Qué fue lo que hizo Mancuso con El Salado?

Fue una masacre sucedida en febrero del 2000 y en la cual 450 paramilitares llegaron a este corregimiento, mataron a 66 personas, torturaron, violaron, empalaron mujeres y aterrorizaron a todo un pueblo. Durante la masacre, tocaban tamboras e hicieron fiesta. Cuando los familiares fueron a enterrar los cuerpos, no cabían en el cementerio. Por eso, 12 fueron inhumados en otros sitios. Hoy domingo finaliza la entrega a sus familiares de 9 cuerpos que estaban pendientes. Falta entregar 3 cuerpos.

¿Qué viene después?

El próximo 27 de julio se inicia la diligencia judicial de exhumación de mayor magnitud en la historia de Colombia, en el sector de La Escombrera de la comuna 13 de Medellín. Es un proyecto de colaboración y apoyo con otras entidades, como la Alcaldía de Medellín y el Ministerio del Interior. Hay un componente valioso de concertación con las organizaciones de víctimas.

¿Cuántas exhumaciones ha hecho hasta hoy la Fiscalía?

Se han exhumado 5.958 cuerpos, de los cuales se han entregado a sus familiares 3.224. Es complejo, porque implica ubicación de los familiares y cotejos de ADN.

¿El despacho a su cargo qué otros delitos investiga?

La situación del conflicto no ha dejado salir a flote la violencia sexual estructural que azota a Colombia y muchos otros fenómenos delincuenciales de los que también debemos hacernos cargo. Para poner un ejemplo, quiero referirme al fenómeno de la trata de personas, uno de los crímenes transnacionales más lucrativos del mundo, tanto o más que el narcotráfico, en el que lo que se comercializa son seres humanos. Es la esclavitud del siglo XXI.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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