Extorsión desde cárceles no afloja; fracaso en control de 'vacunas'

Extorsión desde cárceles no afloja; fracaso en control de 'vacunas'

De 27 capturados, 3 ya estaban presos. Director de Policía pide a Inpec efectividad en controles.

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30 de junio 2015 , 08:49 p.m.

El golpe más grande de los últimos años contra la extorsión dejó este martes la captura de 27 personas, 24 de las cuales estaban libres, y tres que seguían en las cárceles pagando condena por otros delitos.

Las personas que estaban en prisión, y que desde allí participaban de la red que exigía sumas de dinero, son Arliz Caicedo Palacios, presa en el Centro Penitenciario y Carcelario el Pedregal de Medellín, Betsy María Velásquez Hernández y Yenny Moreno Palacios, detenidas en el Centro Penitenciario Carcelario de Apartadó.

En medio de las investigaciones se logró la incautación de 952 teléfonos celulares que estaban en patios y pabellones donde supuestamente son elementos prohibidos. Las llamadas extorsivas se realizaban, además, en horarios en los que, se supone, los internos estaban más expuestos a la custodia de la guardia.

Todos esos detalles de la operación en contra de la banda ‘Los condenados’ muestran hasta dónde ha fracasado el Estado en el control de las ‘vacunas’ que se hacen desde las cárceles.

Tanto así que el propio director de la Policía, general Rodolfo Palomino, pidió más efectividad del Inpec para evitar que los teléfonos móviles sigan entrando sin control. “El haber encontrado 952 teléfonos celulares da muestra de una sensible fragilidad de los controles de ingreso a los establecimientos carcelarios”, dijo Palomino.

La extorsión, que es uno de los delitos que más han crecido en Colombia en los últimos años, sigue siendo fuerte desde los centros penitenciarios, incluso desde los reclusorios femeninos. De hecho, una de las capturas se dio en la cárcel de mujeres de Bucaramanga.

Según la investigación, al menos una de las cabezas de la red, una mujer identificada como Astrid Carolina Delgado, había logrado que le dieran detención domiciliaria. Ahora se investiga cómo obtuvo ese beneficio. Las víctimas eran extorsionadas con sumas que iban entre los 200 mil y los 40 millones de pesos, casi siempre con la amenaza de retaliaciones de la guerrilla o de bandas como el clan Úsuga.

Usualmente las exigencias iniciales eran por armamento o medicamentos difíciles de conseguir, y cuando los afectados argumentaban su imposibilidad de conseguir esos elementos, cambiaban entonces a una suma de dinero. Muchos de los pagos se hicieron a través de giros.

La investigación arrojó que fueron al menos 51 personas afectadas en 11 departamentos. En ocasiones no eran llamadas sino mensajes de texto intimidantes que llegaban a médicos, transportadores, prestamistas, ganaderos y comerciantes, entre otros.

Quienes ubicaban a las víctimas eran familiares de los reclusos. Con la información obtenida, muchas veces del directorio telefónico, los reos empezaban la extorsión.

Llamadas y mensajes de textos salían de cárceles ubicadas en Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Girón (Santander), La Modelo de Barranquilla y el centro de reclusión de mujeres en Bucaramanga.

En todos los casos, los afectados eran intimidados para que, además del pago, se abstuvieran de denunciar ante las autoridades.

A pesar de todos los esfuerzos, el flagelo de extorsión carcelaria no parece ceder. En un solo año, el 2013, los controles en las visitas y los operativos sorpresa permitieron la incautación de casi 18 mil teléfonos y miles de ‘sim cards’.

¿Por qué se mantiene esta situación? Fuentes que conocen la realidad de las penitenciarías y del delito de la extorsión señalan varios factores. Por un lado, la falta de equipos bloqueadores de señales celulares sigue siendo un problema: a corte de abril pasado, solo 12 cárceles del país tenían inhibidores de señal en plena operación, pero se necesitan al menos el doble.

La corrupción en la guardia es otro problema. En varias cárceles del país se ha detectado que los equipos han sido saboteados en zonas a las que solo tienen acceso los miembros de la guardia penitenciaria.

Las autoridades tienen además dificultades para que las empresas de celular bloqueen las líneas desde las que se realizan llamadas extorsivas, pues ese proceso puede demorarse meses mientras se expide una orden judicial. La afectación del servicio a comunidades vecinas a las cárceles es otra barrera, pues hay casos de protestas por la activación de los inhibidores en zonas urbanas.

JUSTICIA

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