Durante al menos 24 horas, el Ejército dio por muertos al sargento viceprimero Rodolfo Díaz Donoso y al cabo Alfonso Carvajal, pertenecientes a la Brigada Móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército, que opera en el Cauca.
Sus superiores creían que por la sevicia del ataque de las Farc al corregimiento de Timba, la medianoche del martes 14 de abril, ambos habían caído al lado de sus 10 soldados y de un suboficial. En ese mismo episodio, que alcanzó a afectar los diálogos de paz en La Habana entre el Gobierno y las Farc, quedaron heridos 21 soldados. (Lea aquí detalles sobre el ataque de las Farc).
Pero Díaz y Carvajal, cabezas del contingente, aparecieron vivos y hoy completan una semana detenidos en el Batallón de Ingenieros n.° 3, Agustín Codazzi, por delitos que les podrían significar más de 20 años de cárcel.
El jueves circuló la versión de que la Justicia Penal Militar estaba indagando si Díaz y Carvajal estaban evadidos del sitio del ataque y ebrios.
Pero EL TIEMPO estableció que los cargos en su contra son mucho más complejos. El propio comandante del Batallón de Combate Terrestre (Bacot) 110, mayor Andrés Celemín Celis, los está acusando de haber entregado coordenadas incorrectas del lugar del ataque guerrillero.
Cargos por homicidio
La juez 52 penal militar, Eliana Figueroa Botero, busca establecer qué llevó a los uniformados a alterar información y documentos oficiales, incurriendo en falsedad ideológica en documento público.
Todo indica que querían ocultar que estaban en un sitio no autorizado (en la cancha de microfútbol del pueblo), incumpliendo órdenes de sus superiores.
“Hasta ahora no hay evidencia de complicidad con las Farc –como ocurrió en el ataque a La Gorgona, en noviembre de 2014–, pero sí de su omisión”, dijo una fuente castrense. Pero ese es el señalamiento de menor gravedad.
A Díaz y a Carvajal también los van a procesar por homicidio culposo y lesiones personales de sus subalternos.
En el expediente, al que reporteros de este diario tuvieron acceso, se advierte que su conducta impidió que sus hombres dieran una respuesta militarmente adecuada al sangriento ataque de miembros de la columna móvil Miller Perdomo de las Farc. (Lea también: Procuraduría investigará 9 militares por masacre de las Farc en Cauca)
Según testimonios de los sobrevivientes, los atacaron primero con granadas y explosivos, y luego con ráfagas de fusil, reduciendo su capacidad de respuesta.
Para probar la presunta responsabilidad de los oficiales, se están pidiendo copias del diario operacional y del libro que llevaba el comandante de pelotón, el sargento Díaz.
Esto permitirá establecer si se incumplieron órdenes operacionales y maniobras tácticas dadas por radio y por escrito, impidiendo que los soldados respondieran a la emboscada.
Diaz y Carvajal también deberán explicar por qué llevaban tres días acampando en el mismo lugar.
Para sus superiores no hay duda de que esa decisión permitió el avasallamiento por parte de las Farc y la pérdida de vidas y de material y pertrechos militares. Sin contar las consecuencias que esta acción tuvo en La Habana y en el ánimo del país.
De hecho, el mayor Celemin asegura que los dos suboficiales desobedecieron la orden expresa de pernoctar en un predio protegido, lo que facilitó la emboscada de los subversivos.
Hay más investigados
El 23 de abril se abrió investigación formal contra los dos uniformados y contra un tercero: el sargento Diego Molina Benavides, quien murió a causa de las graves heridas de fusil. Por eso, la causa penal en su contra cesó de inmediato.
Ese mismo día se decretó la práctica de varias pruebas. Entre ellas, escuchar la versión del radio-operador del batallón, Ibachi Molina y del escribiente del libro de programas del comando.
También, se le ofició a la Procuraduría General para que adelantara las investigaciones disciplinarias del caso, además, para que el Ministerio Público evitara una posible obstrucción a la justicia por parte de los investigados.
Para darle celeridad al caso, el 18 y 19 de junio, la juez Figueroa escuchó en indagatoria a los sindicados y, luego de tres horas de diligencia, ordenó privarlos de la libertad. (Lea: Once militares muertos en el Cauca tras ataque de las Farc)
EL TIEMPO se contactó con allegados de uno de los investigados, quienes negaron las sindicaciones y manifestaron que es falsa la versión de que estaban ebrios. Y así lo reiteró Díaz en la indagatoria.
Sin embargo, hace 72 horas, tanto Díaz como Carvajal fueron cobijados con medida de aseguramiento.
Y la Procuraduría parece estar yendo más allá. Además de investigar a los dos uniformados, profirió auto de apertura de investigación en contra del coronel Pedro Antonio García Vásquez, comandante de la Brigada Móvil n.° 17; y los comandantes de la compañía coloso: cabo primero Wilder Aguilar, Merbyn Jaramillo y Diego Montes.
En el expediente, a cargo de los procuradores María Eugenia Gómez Carreño y Juan Carlos Novoa, también se está investigando el mayor Andrés Celemin, comandante del Batallón de Combate Terrestre 110, cuyo informe originó los procesos contra Díaz y Carvajal, quienes insisten en su plena inocencia.
De hecho, sus familias dice que fueron calificados como héroes por resistir al ataque con explosivos y ahora son los villanos de la cruel masacre de las Farc.
La defensa de los uniformados
Catalina Sánchez, pareja del sargento Rodolfo Díaz, calificó como injusto que él y el cabo Carvajal sean investigados por la masacre de las Farc. Dijo que Díaz fue uno de los heridos y que está anímicamente afectado por los señalamientos. “Él se siente orgulloso de pertenecer al Ejército y lleva más de 18 años”, dijo. Allegados de otros uniformados aseguraron que la tropa estaba en el polideportivo esperando el abastecimiento de provisiones y que “los están convirtiendo en la carnada de las Farc”. Por estrategia de defensa, los abogados de los investigados no hablarán, por ahora, con los medios.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com