El general Mario Montoya, excomandante del Ejército y cerebro de la famosa Operación Jaque, tendrá que explicar a la Fiscalía qué hizo para evitar que hombres bajo su mando perpetraran ‘falsos positivos’ y qué instrucciones dio a las tropas para incrementar el número de bajas en combate.
Montoya no está relacionado con ningún caso concreto. El punto de partida de la indagación es una posible responsabilidad por omisión en su labor como comandante del Ejército para evitar que esa práctica, de la que ya se tenía información entre los mandos, se siguiera repitiendo en las unidades militares de todo el país.
El general Montoya fue comandante del Ejército entre marzo del 2006 y noviembre del 2008, cuando –según cifras de varias ONG y la Fiscalía– se dio el pico más alto de esos casos. Un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) señala que en 2006 se registraron 93 casos, en 2007 fueron 196 y en 2008 se reportaron 108. En el 2005 se habían denunciado 49 casos y en el 2004 fueron 38.
Investigadores señalaron que a Montoya deberá explicar las órdenes que dio para golpear a los grupos ilegales y por la existencia de una política de premios para los uniformados que más dieran resultados operacionales (muertes en combate). “La investigación tendrá que determinar si con esas órdenes altos oficiales promovieron las ejecuciones extrajudiciales. Y si, además, los mandos militares no tomaron medidas de fondo para detener esa práctica criminal”, dicen quienes conocen el caso.
En el expediente aparece un informe de más de cien páginas de la Dirección de Contexto de la Fiscalía (Dinac) que señala que en algunas regiones del país, como Meta, Córdoba y Antioquia, los ‘falsos positivos’ fueron una práctica sistemática. De hecho, ya en una sentencia de una de las víctimas de Soacha el Tribunal Superior de Cundinamarca elevó ese caso a delito de lesa humanidad, al considerar que fue parte de “un plan criminal sistemático y generalizado” contra la población civil.
En el documento se habla de las coincidencias en los ‘falsos positivos’ registrados en el país en temas como similitud del perfil de las víctimas, el modus operandi y el móvil, que apuntaría a mostrar resultados operacionales por acciones en combate.
Según el informe de Human Rights Watch presentado esta semana en Bogotá, al menos 44 ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada cuando el general Montoya era el comandante de esa unidad militar. En el informe se cita un documento del 2009 del inspector general del Ejército a la embajada de Estados Unidos en el que señala que “un factor clave detrás de los ‘falsos positivos’ era la constante presión de Montoya” para producir bajas de supuestos guerrilleros o paramilitares.
Aplicando legislación internacional y jurisprudencia de la altas cortes la Fiscalía busca definir si por linea de mando altos oficiales como Montoya deben responder por los crímenes cometidos por otras personas. Esa tesis ya fue aplicada en la investigación que llevó a la condena de 37 años de cárcel contra el general Jaime Humberto Uscátegui. El general fue responsabilizado de omisión impropia en los homicidios y secuestros perpetrados durante la masacre de Mapiripán (Meta), entre el 15 y el 20 de julio de 1997.
La Fiscalía tiene investigaciones contra 22 generales en tres despachos de delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Por ahora serán escuchados, además de Montoya, los oficiales Ricardo Andrés Bernal Mendiola, Henry William Torres Escalante y Jorge Salgado Restrepo. Algunos de los subalternos de esos oficiales, dos de los cuales aún están activos en el Ejército, ya fueron condenados por ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, Casanare y Norte de Santander.
El fiscal Eduardo Montealegre se comprometió con las víctimas de ‘falsos positivos’ a que antes de diciembre habrá decisiones de fondo frente a los máximos responsables.
Caso se investiga en la Corte Penal
Desde el 2012, la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación en Colombia y entre los cinco puntos de examen se encuentran las ejecuciones extrajudiciales.
ONG han pedido a la Corte que intervenga, mientras que la Fiscalía ha argumentado que ya ha logrado 817 condenas, de las cuales el 10 por ciento son contra coroneles, capitanes y tenientes como máximos responsables de esos delitos.
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