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Guerrilla sigue cometiendo atrocidades, dice informe de EE. UU.

En el 2014, tanto las Farc como el Eln habrían secuestrado a por lo menos 34 personas.

Pese a los diálogos de paz que se adelantan en Cuba, las Farc siguieron reclutando menores, sembrando minas antipersonales y secuestrando a civiles, entre muchos otros crímenes.
Eso, en parte, dice el último reporte sobre la situación de Derechos Humanos en el país que fue publicado este jueves por el Departamento de Estado.
De acuerdo con el informe, durante el 2014 también hubo reportes de nuevas ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la Fuerza Pública y se afirma que los principales problemas de Colombia a lo largo de ese año fueron la impunidad, la ineficiencia del sistema judicial, el desplazamiento forzoso, la corrupción y la discriminación social.
Según el reporte, los grupos guerrilleros de las Farc y el Eln, pero primordialmente las Farc, habrían secuestrado a por lo menos 36 personas y seguían exigiendo pagos por su liberación.
Así mismo, sostiene que, según datos del Gobierno, serían responsables de la muerte de 27 personas y 161 heridos que fueron víctimas de minas antipersonales entre enero y agosto de 2014. Entre ellos, 30 eran niños o adolescentes.
Dice a su vez que ambos grupos continuaron con la práctica de reclutar a menores de edad y citan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando dice que el promedio de edad del reclutamiento es de 12 años.
"Los asesinatos políticos y asesinatos ilegales siguieron siendo un problema muy serio y se presentaron varios reportes de que miembros de las Fuerzas de Seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales en conexión con el conflicto armado", asegura el reporte.
El Departamento de Estado dice que hasta julio del año pasado la Fiscalía había reportado 32 nuevos casos de supuestos homicidios agravados cometidos por agentes del Estado y acusado a 147 miembros de las fuerzas de seguridad por homicidios de civiles.
También cita a la ONU para decir que durante el año pasado se presentaron menos reportes de militares presentando a civiles como bajas en combate, pero que se investigaban 11 casos que podían encajar en esta categoría.
El reporte también menciona datos de Cinep, según los cuales hasta julio se habían documentado nueve ejecuciones extrajudiciales (cuatro atribuidas a miembros del Ejército, cuatro a la Policía y una a empleados del Inpec).
De acuerdo con el Departamento de Estado, en investigaciones del Gobierno, al igual que reportes de ONG, se acusó a miembros activos de las fuerzas de seguridad por colaborar con grupos criminales. Según datos de la Fiscalía, dice el Departamento de Estado, entre enero y julio del año pasado se arrestaron a 41 personas por vínculos con el 'clan Úsuga'.
Aunque el informe destaca cómo el Gobierno ha procurado más recursos para la investigación de estos casos y otras violaciones de derechos humanos, las investigaciones avanzaron con lentitud y se presentaron múltiples obstáculos.
Dice, a su vez, que la situación de miles de exparamilitares seguía en el limbo, pues la Fiscalía carece de recursos para procesar los casos y cuestiona el poco dinero y tierras que se les ha podido confiscar a los jefes paramilitares.
Por su parte, el consejero de Derechos Humanos, Guillermo Rivera, destacó que este informe resalta el mejoramiento en esta materia Colombia. “Son más los reconocimientos que las preocupaciones”, enfatizó.
Rivera aseguró que Estados Unidos reconoció los esfuerzos que vienen realizando el Gobierno de Juan Manuel Santos por acabar con más de 50 años de guerra interna, y enfatizó que no son muchos los cambios que se han realizado para mejorar en materia de derechos humanos.
Sobre la preocupación en torno a las ejecuciones extrajudiciales que se expresan en el informe, Rivera recordó que fue gracias al cambio de políticas que impulsó Santos en el 2007, cuando oficiaba como Ministro de Defensa, que las investigaciones en torno a este tema han podido avanzar.
“En la Fiscalía hay más de 3.000 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, que se vienen desarrollando desde el 2007, y también ya hay más 800 condenados”, enfatizó Rivera.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
@sergom68
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