Editorial: Un debate de altura

Editorial: Un debate de altura

Al amparo de un decreto expedido por la Alcaldía, Bogotá quedaría condenada a construir sin control.

24 de junio 2015 , 08:45 p.m.

Un intenso debate se viene desarrollando en la capital del país en torno a una norma expedida por la Administración Distrital que tiene literalmente con los pelos de punta a urbanistas, constructores, antropólogos y ciudadanía.

Se trata del decreto 562 del 2014, que, si bien pretende ponerle orden a la actividad edificadora en la capital, paralelamente da vía libre a la construcción en altura sin límite, a cambio de retribuirle a la ciudad espacio público o vivienda de interés social.

El decreto fue expedido al margen del Plan de Ordenamiento Territorial –que se encuentra suspendido–, pero está inspirado en uno de los pilares del gobierno del alcalde Gustavo Petro: la densificación del centro ampliado de Bogotá para revitalizarlo, esto es, unas 11.400 hectáreas.

El solo concepto de densificación ha dado para múltiples debates, comoquiera que Bogotá se ubica entre las ciudades más densas del mundo. Pero en lo que se concentra hoy la polémica es en el alcance de la norma, pues al amparo de ella se vienen presentando casos que, de no ser atendidos por el propio Gobierno, pueden desencadenar en procesos con consecuencias irreversibles.

Tiene razón la Alcaldía cuando señala que la falta de normas claras, las avivatadas del pasado y la poca planeación llevaron a que buena parte de la capital creciera de manera desmedida y sin garantizar un aceptable acceso a servicios públicos. Ello dio pie a exabruptos como los que registra Cedritos, en el norte, donde las consecuencias se traducen en falta de vías, pésima movilidad y problemas de acueducto y alcantarillado.

No obstante, lo que se advierte ahora es que el decreto 562 está llevando las cosas al otro extremo: a erigir rascacielos sin garantía de que a la ciudad se le retorne lo que realmente necesita, a la eliminación de los pocos barrios que le quedan o a la irrupción de estructuras sin estética, sin lógica urbanística y sin la posibilidad de construir comunidad ni solidaridad.

Este tipo de políticas son las que han desatado el apetito de constructores y la ambición de residentes que encuentran en la norma una oportunidad de renta económica, sin reparar en lo que pueda estarse engendrando hacia el futuro.

Alega la Administración que hoy se levantan grandes edificaciones al amparo de normas anteriores, que no contemplaron ningún tipo de retribución a la ciudad. Y es cierto. Pero ello no puede ser motivo para expedir normas inadecuadas, en momentos en que el tema urbano admite otro tipo de enfoques.

Llevar la ley a su límite máximo solo indica que se tiene una visión única de ciudad. Por supuesto que es importante generar espacios públicos y compensaciones, pero no a costa de estructuras verticales, sin orden y a riesgo de que generen efectos perversos.

Y aquí es bueno resaltar lo que ya promueven conocedores de la materia: los entornos urbanos deben optar por ser compactos, pero no bajo la lógica de que la prioridad la tiene el edificio y no el ser humano.

Si una lección ha de dejar este fenómeno, esta es que primero se deben sentar las bases de una sostenibilidad social, recuperar el concepto de vecindad. Ya hay experiencias en ese sentido, ¿por qué no tomarse el trabajo de examinarlas y hallar un mínimo de coincidencias para que no suene a imposición?

editorial@eltiempo.com

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