Un reporte elaborado por la organización estadounidenses Human Rights Watch (HRW) y que será divulgado este miércoles en Bogotá sostiene que altos mandos militares, entre ellos generales y coroneles aún activos, estarían implicados en numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en el país durante la década pasada. (Lea el informe completo).
Según HRW el informe, que cuenta con 105 páginas, está basado en información suministrada por la Fiscalía de Colombia e incluye testimonios hasta ahora inéditos de militares que están siendo procesados y que han implicado a sus superiores.
La ONG sostiene que además de la revisión de los casos que adelanta la justicia colombiana, entrevistó a fiscales, testigos, familiares de víctimas y sus abogados para llegar a sus conclusiones. (Lea también: Senador de EE. UU., preocupado por informe sobre falsos positivos)
Conocidos como "falsos positivos" este tipo de ejecuciones extrajudiciales tuvieron su auge entre los años 2002 y 2008 cuando tropas del ejército, al parecer presionadas para que incrementaran el número de baja en el conflicto con los grupos guerrilleros, asesinaron a civiles y luego los presentaron como muertos en combate para además recibir beneficios ofrecidos por su supuesta efectividad.
La Fiscalía investiga más de 3000 de estos casos y si bien ya se han producido arrestos y condenas, HRW alega que muy pocos coroneles y ningún general ha sido castigado hasta la fecha.
“Los 'falsos positivos' representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables. No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”, dice José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch y quien presentará el reporte durante una rueda de prensa prevista para este miércoles en la mañana.
De acuerdo con HRW, la Fiscalía ha identificado a más de 180 batallones y unidades tácticas que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales durante ese período. Para la ONG, lo más revelador de este dato es que los implicados pertenecían a casi todas las brigadas y todas las divisiones que existían en el país para ese momento.
En otras palabras, dice HRW, eso en sí mismo refutaría la tesis de que se trató de algunas manzanas podridas y apuntaría más a una operación sistemática que contó con el respaldo de rangos superiores.
Según la ONG, si a eso se suman otros elementos como los testimonios incriminatorios y la función que cada uno de ellos desempeñaban en las respectivas brigadas, no puede haber otro desenlace porque estos "al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos y, por lo tanto, podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando".
La evidencia
Aunque la Fiscalía encontró evidencias de 'falsos positivos' en 41 brigadas del Ejército, la ONG se concentró en el estudio de 11 de ellas por considerarlas más representativas y porque estaban encabezadas por personas que luego llegaron, o están, en lo más alto de la cúpula castrense.
Menciona, por ejemplo, que 28 ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por la Cuarta Brigada cuando esta estaba encabezada por el actual comandante de las Fuerzas Armadas, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán.
El oficial le dijo a EL TIEMPO que no hay ninguna investigación en su contra y que “existen intereses oscuros de inescrupulosos” que quieren dañar su buen nombre.
También encontró otras 113 ejecuciones atribuidas nuevamente a la Cuarta Brigada mientras la encabezó el general y exjefe del Ejército, Óscar González Peña; 44 durante el período durante el período en el cual el general (r) Mario Montoya estuvo al mando; y al menos 48 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Novena Brigada durante el año que estuvo encabezada por el actual comandante del Ejército, el general Jaime Lasprilla Villamizar (de julio de 2006 a julio de 2007).
Además, presentan casos en la Séptima Brigada (Meta, 66 ejecuciones); la Octava Brigada (Quindío, 56 ejecuciones); la Décima Brigada (Cesar, 146 ejecuciones ): la Décima Primera Brigada (Córdoba, 214 ejecuciones); la Brigada Móvil N.º 12 (Meta, 27 ejecuciones); la Décima Cuarta Brigada (Antioquia, 51 ejecuciones); la Brigada Móvil N.º 15 (Norte de Santander, 38 presentas ejecuciones); la Décima Sexta Brigada (Casanare, 113 ejecuciones), y la Vigésima Octava Brigada (Vichada, 45 ejecuciones).
Vale anotar que los nombres de Rodríguez Barragán, Montoya y González Peña ya estaban vinculados a investigaciones que adelante la Fiscalía y que son de conocimiento público. En gran parte gracias al testimonio del coronel (r) Robinson González del Río, en la cárcel por tráfico de armas y por su participación directa en 'falsos positivos'.
Pero HRW presenta nueva evidencia contra ellos hasta ahora inédita. Entre otros, la transcripción de la confesión de González Diaz y de otros militares, algunos identificados con nombre propio y otros no, pues la fiscalía pidió reserva de sus nombres. Así mismo la transcripción de conversaciones entre González del Río y otros militares que fueron interceptadas.
En el caso de Lasprilla, sin embargo, el informe no presenta testimonio alguno que lo vincule con los 'falsos positivos'. HRW alega que, pese a ello, tiene responsabilidad, pues como comandante de Brigada firmaba todas las órdenes de operación ─donde se reportaban las ejecuciones como muertos en combate─ y debió al menos sospechar que algo malo estaba sucediendo.
El caso contra Rodríguez Barragán que presenta HRW está basado primordialmente en las declaraciones de González Díaz a la Fiscalía. Durante su tiempo al mando del Gaula Antioquía (entre 2007 y 2008), González ya reconoció que en reiteradas ocasiones sus soldados habían engañado a presuntos delincuentes comunes para que se trasladaran a sitios remotos con la falsa promesa de que participarían allí en algún tipo de actividad ilícita, como extorsión, y luego los asesinaban.
González del Río informó a la Fiscalía que, para cada operación, obtenía la aprobación previa de Rodríguez Barragán. "Declaró que Rodríguez Barragán no le pedía detalles de la operación planificada y que no sabía cómo se engañaría y trasladaría a la víctima hasta el área del falso combate, ni que podrían colocarle armas. En vez, dijo que la participación de Rodríguez Barragán en la planificación consistía en indicarle que diera de baja, en lugar de arrestar, a individuos que, según se le había explicado, participaban en delitos comunes, como extorsión", dice el reporte.
Según González del Río, Rodríguez Barragán le advertía: “A mí no me vaya a salir con cuentos de que no pudieron [darlos de baja]. Hay que dar bajas”.
Ante la pregunta de si el general Rodríguez Barragán estaba informado de que sus soldados fueran a cometer un 'falso positivo' cuando autorizaba las operaciones, González del Río respondió a la Fiscalía: “Yo le explicaba… mire, mi general, vienen tres, cuatro sujetos con armas cortas, al parecer van a llegar a este punto a hacer una extorsión... Él, lo único que le decía a uno era… ‘No [inaudible] porque los capturaron o que no fueron capaz o que se les volaron. Lo que necesitamos son bajas, y hay que hacer bajas¨.
González del Río también señaló a la Fiscalía que Rodríguez Barragán contrató a un investigador policial para que “hiciera la acomodación en la escena” del supuesto combate antes de que llegaran los investigadores de la Fiscalía para reunir pruebas.
“Si las bajas son tan claras y son tan transparentes, ¿por qué el comandante de la brigada tiene que contratar un funcionario de Policía judicial para que fuera a verificar la escena?”, le dijo el testigo a la Fiscalía.
En el caso del general González Peña, la Fiscalía investiga en la actualidad al menos 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Cuarta Brigada mientras estuvo al mando de esta, entre 2003 y 2005. Según HRW, dos exmiembros de la Cuarta Brigada acusados de 'falsos positivos' dijeron que González Peña visitaba a los soldados que habían sido detenidos y les daba instrucciones sobre lo que debían decir a las autoridades judiciales.
De acuerdo con un documento de la Fiscalía que HRW conoció, varios soldados indicaron que González Peña tuvo conocimiento de lo realmente acontecido, es decir, que no existió ningún combate con grupo subversivo y sin embargo los presionó para que continuaran asegurando a la Fiscalía que tal enfrentamiento sucedió”. Y menciona a su vez acusaciones similares de González Río contra Peña González y que se desprenden de cuando este último era comandante del Comando Conjunto del Caribe.
En el informe de la HRW, según conoció este diario, hay un audio que corresponde a una conversación que la Fiscalía interceptó entre el coronel González del Río y el general Jorge Enrique Navarrete, otro de los cuestionados. Ese audio hace parte de las pruebas que tiene la Fiscalía en el proceso por 'falsos positivos'.
Sobre el general Montoya, HRW menciona sin identificar con nombre el testimonio de un oficial de alto rango que ha admitido responsabilidad en 'falsos positivos' y en el que dice que Montoya sabía que se estaban cometiendo ejecuciones extrajudiciales, pues el mismo diseñó la política de exigir muertes en lugar de capturados. Así mismo, un cable de la Embajada de Estados Unidos se narra cómo el inspector general del Ejército les dice que Montoya está obstaculizando sus investigaciones y que el general estuvo involucrado directamente en ellos o los aprobó tácitamente.
El informe dedica un capítulo a contar los "sustanciales obstáculos" que dice enfrenta la Fiscalía en las investigaciones.
La ONG asegura, por ejemplo, que documentó amenazas, ataques y actos de hostigamiento contra los soldados que denunciaron a sus superiores y presenta el caso de Nixon de Jesús Cárcamo, quien después de confesar su rol en falsos positivos fue asesinado en el centro de reclusión militar de la Décima Primera Brigada.
Igualmente, destaca el caso de otra mujer que habría sido violada en represalia por las declaraciones de su marido en la Fiscalía. De acuerdo con el testimonio de la mujer, los hombres que la ultrajaron le dijeron en varias oportunidades que eso le pasaba por que su marido era un "sapo".
También que los militares se han resistido a entregar documentos claves a los investigadores y que muchos casos de 'falsos positivos', según los fiscales, aún se encuentran ante la justicia penal militar cuando se supone que este tipo de casos deben ser asumidos por la ordinaria.
A manera de conclusión, HRW le pide al Gobierno que ordene a las autoridades militares cooperar con las investigaciones, asigne suficientes fiscales a los casos y proteja a los testigos y sus familias. Asimismo, pide asegurar que las medidas de justicia transicional que se incluyan en un futuro acuerdo de paz no impidan que se haga justicia en los casos de 'falsos positivos'.
También le pide al gobierno de EE. UU. que suspenda la ayuda militar que le brinda a Colombia, pues el país no estaría cumpliendo con una condición puesta por el Congreso donde se exige que los casos de derechos humanos estén “sujetos únicamente a la jurisdicción penal ordinaria” y que los militares cooperen con los fiscales en estos casos.
El documento de HRW ya fue entregado en el legislativo de EE. UU. donde ha generado algunas reacciones.
El senador de Estados Unidos Patrick Leahy se declaró preocupado por el informe y advirtió que “será muy difícil continuar con el apoyo a una institución que ha cometido este patrón de horrendas violaciones”.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
@sergom68