A evaluación, impacto del escándalo Odebrecht en Colombia

A evaluación, impacto del escándalo Odebrecht en Colombia

La mayor constructora de la región tiene grandes proyectos en el país.

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19 de junio 2015 , 09:32 p.m.

Los presidentes de Odebrecht y Andrade Gutiérrez, dos de las mayores constructoras de Brasil y Latinoamérica, fueron detenidos este viernes por la policía federal brasileña en la fase número catorce de la operación Lava Jato, un episodio que amplía a altísimos niveles las investigaciones por la corrupción en la petrolera estatal Petrobras y en que sale a relucir a menudo el nombre del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Marcelo Odebrecht y Otávio Azevedo encabezan una nueva acción contra la red corrupta que operaba desde y hacia Petrobras, que el fiscal Carlos Fernando dos Santos Limas ha llamado “cartel” y que cobró de más a la petrolera por trabajos y traspasó el exceso de fondos a ejecutivos y políticos.

La operación ya ha supuesto la prisión de decenas de cargos políticos, ejecutivos de la propia compañía y de varias empresas constructoras que operaban en conjunto para dividirse los contratos que ganaban ayudados por sobornos.

Además de la cifra de alrededor de 2.100 millones de dólares en sobornos, para observadores son más inquietantes los vínculos personales que el arrestado Odebrecht, de 46 años, tiene con Lula. Esto podría acercar más el escándalo al corazón político del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

“Existe una conexión mayor entre Lula y Odebrecht y vemos la posible acusación (de Odebrecht) como un gran riesgo”, dijo a Reuters  el investigador para Latinoamérica de Eurasia Group Cameron Combs.

Mas aún, la presidente del país, Dilma Rousseff, quien durante la presidencia de Lula fue la presidente del directorio de Petrobras, ha negado haber tenido conocimiento del esquema de corrupción que según las pesquisas podría datar de 2004. Además pidió una investigación exhaustiva. Ni ella ni Lula han sido implicados. Pero, en mayo, la Fiscalía abrió una línea de investigación para determinar si Lula benefició de alguna manera inapropiada a Odebrecht, pues, según el organismo, desde 2011 el mandatario ha viajado a menudo con cargo a la poderosa firma. El Instituto Lula ha negado cualquier irregularidad.

Junto a Odebrecht y Azevedo, otros altos ejecutivos de sus compañías también fueron apresados. En total, fueron 59 autos judiciales, entre ellos 38 de prisión, los que han sacudido a Brasil en un nuevo bombazo en una trama que sigue ampliando sus tentáculos.

A los detenidos se les investiga por formación de cartel, fraude en licitaciones, desvío de dinero público y lavado de dinero.

Las empresas divulgaron ambos comunicados, en los que aluden a que las detenciones no eran necesarias. El de Odebrecht dice, literalmente, que “la compañía y sus ejecutivos siempre estuvieron a disposición para cooperar”.
No fue a sus espaldas

Sin embargo, los investigadores se mostraron duros ante la prensa respecto a los detenidos, y no dejaron dudas sobre su participación en el escándalo. El fiscal Dos Santos Lima aseguró que ambas empresas “capitaneaban el esquema dentro de Petrobras”, y que las acciones no se circunscribían a la práctica inadecuada de algunos directivos, sino que “era una práctica del negocio; las empresas estaban implicadas como un todo”. Aún más allá, el juez que conduce la operación Lava Jato, Sérgio Moro, concluyó, a la vista de las pruebas, entre ellas varios correos electrónicos, que “considerando la duración del esquema delictivo, al menos desde 2004, y viendo la dimensión millonaria de los contratos y de los sobornos a directivos de Petrobras, parece inviable que los presidentes de las empresas no lo conocieran”.

Para los analistas, las detenciones traspasan una frontera que siempre estuvo en el inconsciente del país, pero nunca se delineó en la realidad: “El proceso toma un eje esperado, la corrupción endémica y sistemática hasta la raíz por la confluencia entre lo público y lo privado. Esa relación promiscua hace que lo público no cumpla la función encomendada y lo privado, que consuma prácticas que atentan contra la economía de mercado más básica, con formación de carteles y prácticas excluyentes”, dijo a EL TIEMPO Paulo Bahía, politólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Carlos Melo, analista del Insper de São Paulo, va más allá: “En general siempre se ha hablado más de los corrompidos, los políticos o los cargos de Petrobras, pero nunca de los corrompedores. O sea, se hablaba de lo público pero no de lo privado. Creo que es inédito que el empresariado esté siendo al fin llamado a su responsabilidad”, afirma Melo.

Desde que empezó la investigación de Petrobras el efecto dominó ha ido derribando fichas, incluidas las políticas. Por eso ahora se esperan novedades: “La tensión sobre el Gobierno y el PT crece dramáticamente. Si el primero ya no tenía en su poder la agenda política del país, ahora está mucho peor. En política la expectativa es muy importante, porque hasta que los hechos se comprueban y se demuestran hay un período de tensión que tiende a fragilizar al poder”, concluye Carlos Melo.

Bahía coincide: “Esto le da una dimensión nueva a esa crisis definida en paralelo a la trama y, ahora, tiene unas posibilidades de alcanzar proporciones inimaginables”, asesta.

Junto a la órbita política, hay otra consecuencia que puede repercutir de manera más torrencial, en la calle. Desde que empezó la investigación de la Lava Jato se dieron todo tipo de protestas, hasta llegar al pico de marzo, cuando más de un millón de personas salieron a la calle.

Paulo Baía cree que la situación se puede repetir, porque “la gente está profundamente insatisfecha e indignada”.

Melo matiza, sin embargo: “Las convocatorias empezaron a perder fuelle porque no tenían liderazgo político. Fíjese que pasando lo que está pasando, un grupo importante de legisladores de oposición estaba en Venezuela. Yo le aseguro que si el Gobierno pudiese elegir el titular de los periódicos elegiría el de los senadores en Venezuela, y no el de Odebrecht, preso”.

Las esperanza para los brasileños de a pie es que la investigación no perdone a la élite en un país donde los ricos han gozado de relativa impunidad.

Los escenarios en Colombia por el escándalo

El Gobierno activó los controles para evitar un posible ‘coletazo’ en los contratos de infraestructura en los que participa la brasileña Odebrecht.

Estos proyectos son, fundamentalmente, el de la Ruta del Sol Sector 2, entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), avaluado en 3,5 billones de pesos y en el que tiene el 62 por ciento; así como el de la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena (contratado por Cormagdalena), por 2,5 billones de pesos, y en el que tiene una cuota del 86,7 por ciento en el consorcio Navelena. También está en la fase 2 de la transversal de Boyacá. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, dijo que el estatuto anticorrupción prevé que cualquier condena internacional en materia de sobornos inhabilitará a una firma por 20 años para contratar con el Estado.

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, señaló que aunque solo un fallo en firme tendría implicaciones jurídicas, se activaron las alertas para garantizar que se mantenga el cumplimiento en las obligaciones contractuales, lo cual ha venido sucediendo con la Ruta del Sol 2, que hoy tiene un avance del 50 por ciento.

Sin embargo, el funcionario reveló que se elevará una consulta de urgencia ante el Consejo de Estado, con el fin de aclarar las implicaciones de la situación, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 80 de 1993, o ley de contratación pública. Se busca que este tribunal aclare el alcance de esta norma, que señala que si el representante legal de una firma es arrestado por hechos u omisiones relacionados con su actuación contractual, quedará inhabilitado para proponer y celebrar contratos con el Estado mientras dure la medida de aseguramiento.

La consulta tiene que ver con la interpretación de la ley cuando la orden de arresto se da en el exterior (como en este caso) y si la inhabilidad se aplica a los contratos ya firmados o a las nuevas contrataciones.

De otra parte, el Gobierno también tomó medidas preventivas tras enterarse del arresto de un funcionario del Gobierno de Panamá, quien aparentemente admitió haber recibido un soborno, caso que podría involucrar a Hidalgo e Hidalgo, de Ecuador, que tiene dos proyectos con la ANI.

Uno es la vía entre Zipaquirá (Cundinamarca) y Bucaramanga, y el otro es el recién adjudicado corredor Santander de Quilichao-Popayán (Cauca), de las vías 4G, donde la firma tiene el 30 por ciento.

En este caso, las autoridades decidieron hacer una investigación antes de firmar el contrato, para lo cual hay un plazo de un mes y medio luego de la audiencia de adjudicación.

Según el Ministerio de Transporte, si hay que tomar acciones contra las firmas, existen alternativas para asegurar el cumplimiento de las obras, como la cesión del contrato o hacer efectivas las garantías.

ARTURO LEZCANO
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