Investigan acciones que obligan a Elsa Noguera a pago de 'Mesada 15'

Investigan acciones que obligan a Elsa Noguera a pago de 'Mesada 15'

Fiscalía anunció investigación preliminar a 2 magistrados, 2 jueces y un abogado.

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19 de junio 2015 , 09:05 a.m.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la Nación, anunció que abrirá investigación preliminar contra dos magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla, un juez penal del circuito de Barranquilla, un juez penal municipal y un abogado.

La iniciativa surgió a raíz de los hechos relacionados con el trámite de varias acciones judiciales de incidente de desacato y tutela que buscan que la actual administración desembolse más de 25 mil millones de pesos por concepto de la llamada 'Mesada 15' que desde el año 2000 no se les paga a los pensionados, dado que no se encuentra cobijada por la ley.

El más reciente fallo ordena que la alcaldesa Elsa Noguera debe darle visto bueno al pago de estos recursos para hacerle el quite una sanción de 10 días de arresto.

El jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Alfredo Del Toro, celebró la decisión de la Fiscalía, que, a su vez, delegó la investigación a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia que indagará en torno a si existió o no el delito de prevaricato por acción.

La Fiscalía anunció que investiga preliminarmente la posible responsabilidad de los magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla Julio Ojito Palma y Jorge Eliécer Cabrera Jiménez; el juez penal del circuito de Barranquilla Jaime Angulo De Castro, el juez penal municipal Jorge Enrique Gómez Urueta y del abogado que defiende los intereses de los pensionados, Luis Armando Mola Insignares.

Hace un par de días, en vista de que la sanción de 10 días de arresto era inminente, la alcaldía se mostró atenta a cumplir con el fallo judicial, así no estuviera de acuerdo con el mismo. Sin embargo, su oficina jurídica recurrió a presentar la situación ante los distintos entes de control como lo son la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Del Toro explicó que las acciones anunciadas por la Fiscalía obedecen a que el distrito, siendo coherente con un trámite de más de 12 años y un debate que se revive en torno a un incidente de desacato que ha sido archivado en 5 ocasiones, acudió a los entes de control para dar a conocer que no estaba de acuerdo con el pago de una prestación considerada como inconstitucional y que podría incurrir en lo ilegal.

"Esta investigación es el resultado de esa información que suministró el distrito, pues seguimos considerando que esa prestación no debe pagarse, al igual a como lo sostuvieron las administraciones pasadas. Se investigará al abogado Mola Insignares porque es quien promueve el incidente de desacato, a los jueces porque son quienes ordenan el arresto de la alcaldesa en primera y segunda instancia y a los magistrados porque negaron una acción de tutela que interpusimos para proteger el derecho a la libertad de la mandataria", explicó Del Toro.

Sobre el cumplimiento del fallo que obliga a pagarles a los pensionados para que así no se cumpla el arresto de Elsa Noguera, reiteró que se avanza en la individualización de los beneficiarios y los montos que recibiría cada uno, así como la fuente de consecución de dichos recursos.

Para el jurista, es importante tener en cuenta que en 2009 la Contraloría hizo la advertencia de no pagar esa mesada para no incurrir en un detrimento patrimonial.

El caso de más de 9 años

El reciente fallo a favor de la tutela interpuesta en el 2002 contra el Distrito por la Asociación de Pensionados obligaría a la alcaldesa Elsa Noguera a tener que responder con el pago de una prima navideña que se les dejó de pagar y además cumplir los días de arresto por el supuesto desacato.

Se trata de una decisión que revivió una pugna jurídica de vieja data que libran pensionados del Distrito relacionada con esa prestación, denominada ‘mesada 15’, aprobada por el Concejo en 1963 y ratificada dos años más tarde, pero que les fue suspendida cuando comenzó a discutirse el acuerdo de Restructuración de Pasivos de la Alcaldía con sus acreedores, en ese entonces por el promotor para la Ley 550, Luis Javier Clever, en el 2000.

En vista de que no quedó incluida en la reestructuración, los pensionados interpusieron la primera acción de tutela que un juez catalogó como improcedente. Otro intento fallido para la parte demandante ocurrió cuatro años más tarde, en el 2006, lo que los llevó a impugnar, ahora, ante el Juez Segundo Penal del Circuito que revocó la decisión y ordenó que se les pagara.

Según Guillermo Acevedo, abogado del Distrito, tras intentar trazarse los términos y gestiones para responderles a los pensionados, la administración del entonces alcalde Guillermo Hoenigsberg acogió la Ley 100 que estableció solo 14 mesadas y acabó con regímenes especiales.

En 2009, cuando fungía como alcalde de Barranquilla el ingeniero Alejandro Char, también fue cobijado por un nuevo incidente de desacato, pero tampoco prosperó. “Esa vez, el juez, el Tribunal Superior del Distrito y la Corte Suprema de Justicia coincidieron en que tampoco hubo incumplimiento y no se sancionó al exalcalde Alejandro Char”, agregó Acevedo.

El proceso revivió sin éxito en el 2010 y de nuevo a finales del 2014, pero a partir de enero de este año el fantasma de la sanción comenzó de nuevo a rondar, ahora, a la alcaldesa Elsa Noguera.

El abogado Acevedo explicó que a raíz del nuevo fallo conocido se ha estudiado de qué manera se le puede dar cumplimiento, pero es que ese supuesto pago no está contemplado ni presupuestado en la vigencia 2015, lo que podría hacer caer a la administración en una falta mayor e incluso la ilegalidad.

Por su parte, el abogado de los jubilados, Luis Armando Mola Insignares, dijo que todo se ha ajustado a las leyes, porque fueron derechos adquiridos de sus clientes. Agregó que a la alcaldesa, sus asesores no le ha dicho toda la verdad.

El pasado martes en la noche, la alcaldesa Elsa Noguera calificó de extraña la situación, después de nueve años. “No puede haber orden de arresto cuando en ningún momento nosotros como administración hemos dicho que no vamos a cumplir el fallo.

Estamos en la obligación de defendernos hasta el último minuto”, precisó.

Comunicado completo de la Fiscalía:

La Fiscalía General de la Nación se permite informar:

1. Que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (Atlántico) denunció ante la Fiscalía General de la Nación, hechos relacionados con el trámite de unas acciones judiciales de incidente de desacato y de tutela a través de las cuales se pretende obligar desembolsar al Distrito multimillonarios recursos públicos por concepto de prestaciones sociales, cuyo pago no se encuentra cobijado por la ley.

2. Con fundamento en los hechos denunciados dio inicio a una indagación preliminar cuyo conocimiento se asignó a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de verificar la existencia del delito de prevaricato por acción, así como establecer la posible responsabilidad penal de los funcionarios judiciales Julio Ojito Palma y Jorge Eliécer Cabrera Jiménez, magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla; Jaime Angulo de Castro, juez penal del circuito de Barranquilla; Jorge Enrique Gómez Urueta, juez penal municipal de esa ciudad, y del abogado Luis Armando Mola Insignares.

BARRANQUILLA

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