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Alerta por beneficios a estafadores de Fondo Premium de Interbolsa

Hay un hueco de $ 110.000 millones, y Ortiz y Jaramillo siguen buscando gabelas judiciales.

Este miércoles se frustró una audiencia en la que los abogados de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, quienes manejaban el Fondo Premium, tenían planeado reiterar su solicitud de que se les otorgue prisión domiciliaria.
Por un error en el número del juzgado, la audiencia quedó aplazada, pero la posibilidad de que se les entregue ese beneficio está latente, a pesar de que ambos empresarios admitieron ser los cerebros de una megaestafa que, según cálculos oficiales, supera los 330.000 millones de pesos en captaciones ilegales.
Pero esa no es la única gabela para Ortiz y Jaramillo, que tienen en máxima alerta a los abogados de sus 1.082 víctimas. Alegando haber entregado de buena fe los bienes a su nombre para resarcir a las víctimas y estar dispuestos a colaborar con la Fiscalía, siguen buscando sellar un principio de oportunidad.
Si este se llegase a firmar, les generaría una reducción significativa de la pena y les permitiría congelar dos delitos que les pueden representar varios años tras las rejas: captación masiva y el no reintegro de los dineros.
La captación masiva está probada dentro del expediente gracias, en buena parte, a los aportes documentales y testimoniales que ha hecho la defensa de las víctimas, a cargo de los abogados Juan David Riveros, Julio Sampedro y Sergio Rodríguez Azuero.
Riveros y Sampedro le enviaron un memorial a la fiscal del caso, Alexandra Ladino, en el que se oponen a que se les otorgue el principio de oportunidad.
Sería contrario a la búsqueda de la reparación integral a las víctimas y a la voluntad estatal de combatir la captación ilegal”, le dicen los abogados a Ladino.
“Nadie entendería que los principales imputados en esta estafa puedan beneficiarse de un principio sin haber puesto un peso de su patrimonio para reparar a las víctimas”, agregan.
Y aunque el vicefiscal Jorge Perdomo ha sido claro en que sin reparación no hay principio de oportunidad, hay información de que, en el caso de Ortiz y Jaramillo, el beneficio sigue su curso.
Lo que pedimos es que les devuelvan a los inversionistas el dinero que les entregaron, y aún hay un hueco de aproximadamente 110.000 millones de pesos que los implicados en la estafa se resisten a cubrir”, le explicó a EL TIEMPO el abogado Riveros.
Entre los bienes embargados y la recuperación de deudas y otros activos, el liquidador de Premium alcanzará a reunir apenas 240.000 millones. El resto se perdería si no se les obliga a pagar.
Lo más grave es que Víctor Maldonado, cuyas empresas se beneficiaron con la captación ilegal en Premium, sigue interponiendo recursos para que España no lo extradite a Colombia, y Eric Andersen, directivo de Premium –y uno de los denunciados por las víctimas–, ni siquiera asiste a las audiencias.
Anoche, Jaime Lombana, abogado de Tomás Jaramillo, le aseguró a EL TIEMPO que su cliente y Ortiz, presos en La Picota, van a renunciar a la solicitud de prisión domiciliaria.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
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