La verdad es un imperativo ético

La verdad es un imperativo ético

La sociedad se acostumbró a tratar la guerra con verdades a medias, incluso trivializó la atrocidad.

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17 de junio 2015 , 07:14 p.m.

Leíamos en esta sección de opinión los reproches y temores del señor procurador Alejandro Ordóñez Maldonado con relación a la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, diseñada en uno de los acuerdos de la mesa de conversaciones de La Habana.

El procurador Ordóñez se cuenta entre quienes se han dedicado a distorsionar los acuerdos preliminares de los actuales diálogos de paz. Ha expresado su rechazo a cada uno de ellos, desfigurando su contenido, acomodándolos a su interpretación e intentando infundir temor y desconfianza si se implementan, así eso signifique acabar la guerra. Pregonar que es preferible mantener el conflicto armado, altamente degradado, que hoy padecemos a optar por los acuerdos que puedan conducir a la superación de esa condición es incompatible con la función de velar por la protección de los derechos humanos. No solo eso: es incomprensible, viniendo de alguien que propone un “pacto nacional por la paz”.

La Comisión de la Verdad sería la primera en el país que abarque el período completo del conflicto armado y que desarrollaría audiencias públicas en los territorios donde se van a presentar los testimonios y las declaraciones. Esas audiencias podrían ser el escenario de actos de reconciliación que permitan abrir las puertas a la convivencia democrática del posconflicto armado. El acuerdo estatuye claramente la necesidad de conocer y reconocer la verdad sobre lo que ocurrió y sobre las responsabilidades, así como plantea que conocer la verdad es condición para garantizar la no repetición. Esta comisión no sustituiría a la justicia, sino que hace parte del sistema integral de cuatro aspectos de los derechos de las víctimas. Es prematuro (y malintencionado) plantear conclusiones hasta que no se dé a conocer el sistema en su conjunto: sin saber cómo se garantizará el derecho a la justicia, en qué consistirán las medidas de reparación o cuáles serán las que aseguren el principio de no repetición. El Gobierno y las Farc tienen el deber de garantizar que la comisión tendrá una composición que no permita dudas sobre su imparcialidad, autonomía e independencia.

El Procurador, además, se escandaliza porque se pueda concluir la responsabilidad del Estado. Una comisión de la verdad que examine en forma seria las responsabilidades deberá llegar a esa conclusión y acabar con la ficción de que, después de más de medio siglo de crímenes de lesa humanidad, las élites que han dirigido el país no tendrían ninguna responsabilidad. Ya el expresidente César Gaviria señaló que el negacionismo de las élites no es el camino para la reconciliación.

Señor Procurador, la verdad es, ante todo, un imperativo ético que aún no ha sido asumido por muchos sectores. En Colombia, la basura de la casa se ha guardado debajo de la alfombra. Por miedo o por conveniencia, la sociedad se acostumbró a tratar la guerra con verdades a medias, incluso trivializó la atrocidad.

El éxito de este ejercicio de sinceridad dependerá del compromiso ético de quienes concurran a contar lo que no han contado. Por supuesto, deberán hacerlo los mandos militares y guerrilleros. Pero también los partidos políticos, los directivos de los gremios económicos, los ejecutivos de las compañías transnacionales, los representantes de las ramas del poder público, y muchos otros sectores, deberían preguntarse si necesitan ser escuchados por la sociedad colombiana para reconocer, de manera franca, la responsabilidad que puedan tener, por acción u omisión, en lo que ha acontecido.


Iván Cepeda Castro
*Senador de la República

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