La plenaria de la Cámara aprobó ayer, en último debate, el proyecto de ley que equipara el contrabando con el lavado de activos y endurece las penas de cárcel para quienes sean hallados culpables de ese delito.
De acuerdo con el texto aprobado, a partir del ingreso de mercancías de manera ilegal, por una cuantía superior a 50 salarios mínimos (más de 30 millones de pesos), se tipifica como contrabando.
Además, el responsable deberá pagar multas de entre 200 y 300 por ciento sobre el valor de lo traficado. La misma condena, tanto prisión como la sanción económica, será aplicada a quien ayude a que se desarrolle este delito.
La norma también sanciona hasta con 16 años de prisión a quien trafique un volumen de combustible mayor a los 1.000 galones e impone una multa que podría llegar a 50.000 salarios mínimos (poco más de 32.000 millones de pesos).
Pero cuando el volumen sea superior a 80 galones, pero inferior 1.000, se podría imponer una pena de hasta 14 años de prisión.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que el proyecto también incrementa de 4 a 8 años de cárcel la pena para el contrabando de mercancías como licores, cigarrillos y textiles, entre otros.
Cárdenas añadió que el tráfico de mercancías valoradas en más de 200 salarios mínimos (casi 129 millones de pesos) puede dar entre 8 y 12 años de prisión.
Ley sanciona a los funcionarios públicos que participen en el contrabando. Por ejemplo, quienes faciliten el tráfico de mercancías valoradas en más de 200 salarios mínimos podrían afrontar una pena de hasta 15 años de cárcel.
La iniciativa, además, contempla un régimen sancionatorio común por incumplimiento de las obligaciones derivadas del impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos; licores, vinos, aperitivos y similares; cigarrillos y tabaco elaborado para departamentos y para Bogotá.
La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, explicó que la norma establece mecanismos más efectivos para atacar una actividad que le está pasando una factura a la economía de 2 puntos del Producto Interno Bruto.
Tras la aprobación del Congreso, la Federación de Sanandresitos de Colombia (Fesacol) denunció que se verán afectados cerca de 4 millones de comerciantes en todo el país. Esta agremiación señaló que tan solo en el Sanandresito de la 38, en Bogotá, están en riesgo cerca de 13.000 empleos y anunció alistan marchas en diferentes ciudades.
Esta norma se aprobó con 100 votos a favor y 5 en contra. Uno de quienes dio su voto negativo fue el represente Antenor Durán (Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia), quien proviene de La Guajira, una de las zonas más golpeadas por el flagelo del contrabando.
El ministro aclaró que el objetivo del proyecto es enfocar la persecución sobre los grandes contrabandistas. “No se afectará a los pequeños comerciantes de las zonas de frontera, ni se modificará el Régimen de Zonas Aduaneras Especiales”, concluyó.
En esto lo respaldó el director de la Dian, Santiago Rojas, quien sostuvo que “la ley no va en contra de los comerciantes, sino de los grandes cabecillas del contrabando”.
Fiscalía tiene un año para resolver situación de sindicados
Al cierre de la edición, el pleno de la Cámara aprobó el proyecto de ley que le da un año a la Fiscalía para resolver la situación de los sindicados que están en prisión. Este término se contará a partir de la sanción presidencial. Así se evita la excarcelación, por ahora, de varios de los implicados en la ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, entre otros.
En el caso de delitos como homicidio, concierto para delinquir y terrorismo, la norma establece dos años para que les sea resuelta la situación jurídica a quienes se encuentran con detención preventiva. En el resto de casos solo fija un plazo de un año.
El Senado también terminó ayer de darle trámite a la reforma de equilibrio de poderes.
EL TIEMPO