La minería ilegal en el departamento no tiene un único rostro. Para dar con los responsables de esta actividad, que se consume los recursos naturales sin ninguna restricción o cuidado, las autoridades ambientales enfrentan una difícil y escurridiza tarea para identificar y sancionar a quienes realmente están detrás de estos actos delictivos.
Así lo dejan entrever los reportes de la Corporación Autónoma Regional (CAR) sobre los procesos de sanción en este ámbito. De los 270 que se abrieron desde 2009 a mayo de este año, solo 39 expedientes ya están decididos. La mayoría de estos (29) se finiquitaron el año pasado.
El aumento de la efectividad en el control de las mineras se debe principalmente a la creación, desde hace ya un año y medio, de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (Uiga) de la Corporación Autónoma Regional, que tiene la responsabilidad de ejecutar los operativos de alto impacto en las zonas más complejas. En el 2014 esta unidad ejecutó trece operativos en zonas rurales de Guatativa, Cota y Soacha (en la vereda Panamá), donde decomisaron excavadoras, volquetas, cargadores y retroexcavadoras por más de 1.069 millones de pesos.
Este año, la misión se ha enfocado en Soacha y Nariño, en la provincia del Tequendama, donde hace un par de semanas se logró una incautación de 1.600 millones de pesos.
En ese municipio, a media hora de Girardot, se extrajeron materiales de construcción y gravilla a unos cuantos metros de las aguas del río Magdalena, afectadas por la extracción delincuente. (Lea: Lío político por cantera en cerros de Soacha)
“Somos conscientes que hay mucha minería, no alcanzamos a bombardear todos los frentes, pero también tenemos apoyo de las oficinas provinciales”, asegura Lucía Sánchez, líder de la Uiga.
En el momento, se han levantado 121 medidas cautelares en todo el departamento que frenan acciones de contaminación. Tres son los casos más frecuentes por las que se emiten: los mineros incumplen los instrumentos de control ambiental, o no los tienen aunque sí tengan un título, e incluso, sin tener posesión de un título ni un plan ambiental extraen minerales, especialmente carbón y material de construcción en las provincias de Sabana Occidente, Tequendama y Soacha.
La Uiga solo puede levantar sanciones administrativas, pero no capturar a quienes encuentran en flagrancia. Además, después de imponer la medida, tienen tres días para iniciar el proceso de sanción, que implica rastrear quiénes deben pagar por el daño ambiental.
“Muchas veces quienes están explotando no son los dueños del título, en algunos casos tampoco les pertenecen las máquinas, y ni siquiera estas tienen registros para ubicar a los dueños, porque son prestadas o en arriendo”, explica Sánchez de la CAR.
Así no se sabe bien a quién debe cobrársele la sanción, que depende de un cálculo del impacto ambiental y que puede ascender hasta los 5 salarios mínimos vigentes diarios, más otras sanciones que la autoridad ambiental considere pertinente.
Otras estrategias de los mineros ilegales son operar en las noches o esconder las volquetas y las máquinas.
Para José Henry Pinto Rodríguez, comandante del comando aéreo de combate n.° 4 de la Fuerza Aérea Colombiana, quien ha venido acompañando los operativos, las bandas criminales ahora ven en la minería ilegal su mayor entrada de recursos. "Pasaron de la marihuana y la cocaína, al negocio del oro, el coltán y los materiales de construcción".
Por su parte, Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, cree que no se puede hablar de minería ilegal en el departamento, sino de operadores informales que están siendo capacitados para mejorar sus prácticas. No obstante, reconoce que hay que calificar e intervenir la minería criminal por otras vías.
Este año se han realizado cuatro operativos contra la sociedad Invercot en Soacha, donde se han decomisado equipos por más de 200 millones de pesos. |
Cuestionan falta de control en Cogua
La Procuraduría General de la Nación cuestionó la falta de control para la actividad minera en Cogua, de la provincia Sabana Centro. (Lea: Aumentaron en un 900 % áreas con títulos mineros en Cogua)
El ente de control les solicitó a la alcaldía de ese municipio y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) información puntual sobre las explotaciones mineras en esa jurisdicción.
En especial, porque cuestiona el hecho de que se siga permitiendo el desarrollo de la actividad minera si no se cuenta con instrumento de control ambiental. También pregunta por las acciones que ha adelantado el municipio para controlar a los mineros, debido a que no cuentan con un instrumento de control.
Asimismo, le solicita determinar si el actual uso del suelo donde se están llevando a cabo las actividades mineras es compatible con el desarrollo de estas.
En un informe publicado en mayo por este medio, se denunció cómo la comunidad de Cogua teme por la expansión minera en este municipio, debido a que quieren darles prioridad a sectores económicos como el ecoturismo.
CUNDINAMARCA
