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En Panamá se cierra el cerco sobre Ricardo Martinelli

La corrupción y el espionaje a adversarios tienen al expresidente en una encrucijada judicial.

LUIS ALEJANDRO AMAYA E.*junio 13 de 2015, 06:50 P.M.

Si hay una forma en la que el vacío de poder puede hacer a un expresidente realmente vulnerable, la está enfrentando ahora mismo el panameño Ricardo Martinelli, que día a día está viendo cómo su capital político y su mismo prestigio personal están en caída libre por las investigaciones judiciales a las que está siendo sometido.

A menos de un año de haber dejado la presidencia panameña, Martinelli, uno de los empresarios más ricos del istmo, ha tenido que ver cómo se ha destapado un entramado de corrupción y malas prácticas durante su gobierno (2009-2014).

Incluso antes del término de este, entes de control como el Ministerio Público (Procuraduría) ya tenían abiertos expedientes en los que figuraban personas muy cercanas al mandatario en millonarios desfalcos, lo que le auguraba un futuro problemático fuera del palacio presidencial de Las Garzas.

Martinelli, que llegó a la presidencia de su país con un amplio favorecimiento popular respaldado en un muy altisonante discurso anticorrupción, ahora parece estar rodeado por ella. Pero es un caso en específico, entre varios otros, el que roba la mitad de su atención: los multimillonarios sobrecostos en el estatal Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Según lo recopilado en investigaciones tanto judiciales como periodísticas, Martinelli habría ordenado estos exorbitantes cobros en la dotación de comida deshidratada para las escuelas y centros de enseñanza primaria en el país. (Véase “Cheques de un colombiano...”).

“Hay razones muy objetivas, elementos que han salido a la luz pública, declaraciones de funcionarios que fueron parte del esquema administrativo del presidente Ricardo Martinelli que evidencian que las investigaciones que se adelantan tienen un sustento. Hay razones e informaciones que dicen que lo que está haciendo el Ministerio Público es canalizar esta investigación. Yo no diría que esto esté impulsado por el actual gobierno (el de Juan Carlos Varela) como una revancha”, le dijo a EL TIEMPO Dorindo Jayán Cortéz, director del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá.

Precisamente, el tan esgrimido argumento de la persecución política ha sido el más usado por el exmandatario.

En su cuenta de la red social Twitter, escribió esta semana: “Soy un perseguido político y no seré el último”, endilgándole culpas al actual presidente Varela, quien fue su fórmula vicepresidencial en las elecciones del 2009 y de quien se distanció abiertamente en los últimos tres años de su gobierno.

El primero de julio del 2014 se posesionó como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), con sede en Guatemala. El Ministerio Público panameño dio curso legal el 28 de enero del 2015 a la denuncia del caso PAN a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que le abrió la primera investigación formal.

Al día siguiente, Martinelli invocó protección inmunitaria del Parlacen, pero las directivas del ente regional se la negaron. Desde ese momento, al exmandatario no se le ha visto por Panamá, pero a través de sus allegados hizo saber que regresaría acompañado de una caravana de sus copartidarios, aunque no se sabe cuándo. La segunda investigación motivo de preocupación para Martinelli es por escuchas telefónicas. El pasado lunes, la CSJ le abrió expediente por su supuesta vinculación con un controvertido caso de ‘chuzadas’ a decenas de personalidades políticas, empresariales y religiosas en su mandato.

La demanda fue admitida con diez querellas particulares de los 150 individuos que, según la Fiscalía, fueron espiados, incluidos opositores, empresarios, aliados políticos, periodistas y hasta al arzobispo de Panamá.

“Se abrió la causa por los presuntos delitos de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, peculado, abuso de autoridad y contra la seguridad informática y asociación ilícita”, dijo la CSJ en un comunicado. Las filtraciones de WikiLeaks sobre actividades de las embajadas estadounidenses en el mundo dan cuenta de esto.

Una de ellas muestra cómo en agosto del 2009 la entonces embajadora del país norteamericano en Panamá, Barbara J. Stephenson, le escribía al Departamento de Estado sobre cómo el exjefe de Estado le pedía ayuda para espiar de forma electrónica a contradictores políticos. Cuando la filtración se hizo pública, el gobierno panameño sólo se limitó a decir que Stephenson estaba equivocada.

“El que me acusen por escuchas cuando el artículo 191 de la Constitución es claro. No hay ley”, tuiteó Martinelli en su defensa.

Según el artículo al que hace referencia el exmandatario, “los presidentes y vicepresidentes solo serán responsables por los delitos de extralimitación de funciones; actos de violencia o coacción contra los poderes electorales y legislativos; y por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la Administración Pública”.

“Lo que está ocurriendo con Martinelli es producto directa y exclusivamente de la manera como se abrieron los espacios para que la corrupción fuera uno de los elementos esenciales de esa estructura de poder. Acá se ha dicho que lo que operó en el Estado panameño era una mafia organizada que afectó profundamente la vida política panameña”, aseguró Jayán Cortéz.

El panorama no le favorece. Le espera a Martinelli una larga batalla judicial en la que tratará de salvar su nombre ante evidencias que parecen tener más peso que cualquier defensa.

LUIS ALEJANDRO AMAYA E.*

Subeditor Internacional

*Con Reuters

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LUIS ALEJANDRO AMAYA E.*junio 13 de 2015, 06:50 P.M.