La prensa de Bogotá y de las capitales del país ha difundido con amplitud la escandalosa noticia de que para las elecciones de octubre próximo la mayoría de los candidatos a concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones esconden hojas de vida sospechosas, están claramente vinculados con actividades ilícitas o tienen cuentas pendientes con la justicia. Y ha expresado editorialmente su asombro, su indignación y su protesta contra semejante eventualidad “que ensombrece el ejercicio democrático”.
Esa posición editorial de nuestros periódicos, aparte de ser una importante reafirmación de defensa de los principios democráticos y un oportuno llamado de atención a las altas autoridades, no aporta ninguna solución concreta para un problema concreto: cómo atajar la corrupción en el sistema electoral.
El campanazo de alarma lo dio el domingo pasado el magistrado presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Emiliano Rivera, en una entrevista (El Espectador, 14-6-2015). Advirtió que “la democracia está en peligro” y sostuvo que en el CNE “no tenemos recursos ni técnicos ni humanos para asumir los retos que tiene que enfrentar una autoridad seria. Eso quiere decir que no tenemos cómo enfrentar unas mafias políticas que se han enquistado en la democracia y que se han adueñado del poder local para desangrar el presupuesto, para manejar la minería ilegal y las rutas del narcotráfico. Eso es lo que se ha visto. Pero si el gobierno no se despierta y no nos da las herramientas para hacerle frente a esas estructuras, la democracia va a estar en peligro”.
El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a los que corresponde dar al CNE esas herramientas mencionadas por el magistrado presidente en su gravísima y no menos valiente denuncia, no se despertarán. Están durmiendo el sueño de la borrachera que se metieron, y que le metieron al país, con la dolosa reforma del equilibrio de poderes. Un sueño tan profundo y estólido que el señor Ministro del Interior ha salido, en un momento de sonambulismo, a declarar (¡en nombre de Cristo!) que “con la reforma del equilibrio de poderes no habrá más hombres poderosos en Colombia”. Hasta dormido hace malos chistes el señor Ministro del Interior.
La corrupción electoral, que ha convertido a los mil y pico de municipios colombianos en otras tantas satrapías al servicio de la narcopolítica, no es de ahora, ni se va a estrenar para las venideras elecciones de octubre. La he denunciado en esta columna varias decenas de veces. La ha denunciado en la suya Antonio Caballero, en Semana. Por denunciarla han sido amenazados, asesinados y exiliados cientos de periodistas de las provincias. Los alcaldes sátrapas y las mafias que los eligen, los respaldan y ordeñan son muy sensibles a la crítica, sobre todo cuando se les canta la verdad.
El señor magistrado presidente del CNE tiene razón. “La democracia está en peligro”. Mas se queda corto. La democracia electoral en Colombia ha sido eclipsada por la corruptocracia. Y la ausencia de democracia electoral deslegitima el resto de las instituciones democráticas.
Preguntemos ¿por qué el gobierno y el Congreso (el Ejecutivo y el Legislativo) se embarcaron en una reforma innecesaria e irracional como la denominada Equilibrio de Poderes? Y ¿por qué se destruyó una entidad como el Consejo Superior de la Judicatura que ha funcionado con eficiencia y eficacia ejemplares, cuando bastaba con aplicar las sanciones de ley a los magistrados acusados de manejos impropios de su investidura? Es algo tan descabellado como proponer que se extinga el Ejército Nacional porque unos oficiales y unos soldados cometieron esa atrocidad de los falsos positivos. Hay que castigar (como se ha hecho en el caso de los falsos positivos) a los que cometen la falta, no a la institución. ¿Por qué el Gobierno y el Congreso se han hecho los ciegos, los sordos y los mudos ante la verdadera reforma que el país necesita, la Reforma Electoral?
Una reforma como la esboza el magistrado presidente del CNE que, sin escatimar un ápice, dote a esa institución con los instrumentos y los recursos necesarios para arrancar de las manos de la mafia el ejercicio del sufragio y devuelva a las elecciones la pureza democrática sin la cual los colombianos estaremos sujetos, como ya lo estamos, al dominio del Estado por las mafias, que se han tomado, por el camino de la fraudulencia en las urnas, el poder municipal y regional, ni más ni menos.
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(Este jueves, EL TIEMPO informó que la organización Transparencia por Colombia reveló en un profundo estudio que la Cámara de Representantes, el Senado, la Judicatura, el Ejército y la Agencia de Contratación son las entidades estatales que corren más riesgo de corrupción. Entonces, ¿por qué no se las eliminó a todas, sino solamente al Consejo de la Judicatura? Además, qué gran majadería es descubrir que las entidades corren “riesgo de corrupción”. Las entidades no corren esos riesgos, ni tampoco son modelos de honradez. Las características de honradez o de corrupción están en las personas que manejan las entidades, altos, medios o bajos mandos, y es a las personas a las que hay que corregir y reformar si se quiere que las instituciones funcionen correctamente).
Enrique Santos Molano