Desde que los tratamientos para la infertilidad fueron excluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud junto con la cirugía plástica cosmética por la Ley 100 de 1993, sancionada por el expresidente César Gaviria, quedó en el imaginario colectivo la idea de que las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) también deben ser consideradas suntuarias y privilegiadas.
Las leyes que regulan el cubrimiento de dichas técnicas varían de país a país y obedecen a presiones sociales, culturales y religiosas según su concepto de familia. En Colombia, el 25 por ciento de la población que está entre los 25 y 35 años(12 millones) busca ser padres y el 20 por ciento de ellos sufren de infertilidad (2,5 millones).
Es una cifra considerable que lamentablemente no ha tenido la fuerza ni la decisión mediática de hacer pública su tragedia y la gran desigualdad aún no reconocida por la Corte Constitucional, donde el sistema de salud privilegia con generosas políticas la anticoncepción pero olvida intencionalmente la infertilidad. Ha sido mayor lo logrado por grupos de minorías de género y defensores del aborto que lo pretendido por las parejas que sueñan con concebir un hijo y no tienen ningún apoyo.
Sin duda, en el Congreso las leyes relacionadas con la eutanasia y el aborto han tenido un trámite difícil pero exitoso, mientras el Proyecto de Ley 109C, que busca incluir los tratamientos para la infertilidad, parece dirigirse al hundimiento por falta de trámite y de conciencia social.
No ha importado que asociaciones de pacientes y grupos de médicos benefactores hayan ofrecido su concurso para explicar la forma en que dicha inclusión se pueda dar, sin que cause gran impacto fiscal y por el contario permita incentivar la formación de nuevos especialistas y grupos terapéuticos que puedan tratar en todas las latitudes del país a conciudadanos que sostienen día a día con sus aportes el sistema de salud.
Si la recién sancionada Ley Estatutaria reconoce la salud como derecho fundamental, ¿es justo desconocer dentro de ella el deseo natural de poder ser padres? A nivel mundial, muchos países del sudeste asiático ya permiten las TRA, así como Egipto, Italia, Francia. Austria, Suecia, Dinamarca, Irlanda y hasta los EE.UU. permiten el tratamiento de cualquier pareja infértil cada día con menores exigencias.
Colombia ha sido pionero en Latinoamérica desde hace más de 30 años de los tratamientos de Reproducción Asistida y a nivel privado ha difundido y compartido su experiencia con Brasil, Bolivia, Panamá, Venezuela, Argentina, Uruguay, Perú, México, Chile, y Nigeria, donde que ya han incluido el tratamiento de la infertilidad en su plan de salud o están en el proceso de hacerlo. No tiene presentación que permanentemente se enseñe a las nuevas generaciones el arte de tratar la infertilidad y tengamos la vergüenza de seguir desconociendo el justo reclamo de las parejas para ser tratadas.
¿Qué nos hace falta? El costo de las TRA sólo puede cubierto por parejas de alta capacidad económica que no alcanza a ser el 3 por ciento de los afectados. Estudios serios y documentados realizados por la Fundación Colombiana de Parejas Infértiles (Funcopi) han señalado que el 70 pór ciento de la población infértil puede ser tratado sin grandes inversiones y sólo el 30 por ciento (700.000) requieren de reproducción asistida.
Tanto la Corte Constitucional como la Federación Médica Colombiana conocen dichos estudios que además sugieren la forma programada y progresiva con que en una sana logística dicha patología puede ser resuelta. Entonces, ¿por qué el miedo a hablar de ella en el Congreso, la academia y en los medios de comunicación que facilitan el debate público?
La propuesta, científicamente sustentada, ofrece una reducción de costos de más del 50 por ciento sobre los precios existentes en centros privados de reproducción asistida, si se crea el talento humano en las instituciones apropiadas sin perjuicio de su eficiencia. La Asociación Americana de Reproducción Asistida (ASRM), en su pasada reunión científica de octubre de 2014 ( 70th Annual Meeting) celebrada en Hawaii, reconoció mediante su Director Ejecutivo Richard H. Reindollar, M.D. que la propuesta del Dr. Elkin Lucena, director científico de Cecolfes del Cultivo Intravaginal de Gametos, ha contribuido de manera importante a bajar los costos conocidos en varios países.
El valor de las TRA depende de cuántos ciclos se necesiten y de los medicamentos utilizados y en promedio oscila entre 14 y 20 millones, cifras que causarían un considerable impacto fiscal, pero acogiendo planes de reducción de costos podríamos equipararnos a Israel, Arabia Saudí, Hungría, Libia, Francia, España, Eslovenia y Dinamarca, Austria, Singapur, Letonia, Portugal, Kazajistan y Corea del Sur, países donde no se ha afectado la economía.
El pasado 25 de mayo se vencieron los términos para que la Corte Constitucional, en su sala sexta de revisión de tutela, se pronuncie frente al EXPEDIENTE T-4492963 con sentencia de cierre que podrá poner en firme los términos en que el Congreso y el Gobierno señalen en forma clara su determinación de incluir o no los tratamientos de la Infertilidad en el P.O.S.
De igual manera esperamos que los representantes de la Cámara Ángela Robledo, Ana Cristina Paz y Rafael Romero decidan como ponentes en plenaria si la llamada Ley Sara sigue su curso al Senado o “dormirá el sueño de los justos”.
Son muchos los años de lucha y esfuerzos de pioneros de la medicina reproductiva y asociaciones de pacientes que desean decirle al Gobierno: ¿Qué podemos hacer para ayudarle implementar la forma de reconocer un gran derecho “el derecho a procrear con ayuda médica”?
Jorge A. Ramirez M.D.
Presidente Fundación Colombiana de Pacientes Infértiles (Funcopi)
Profesor Universitario de la Cátedra de Infertilidad y Medicina Reproductiva
jorgeramirezmd@hotmail.com
