Editorial: Una reforma necesaria

Editorial: Una reforma necesaria

Con la reforma de equilibrio de poderes, el Gobierno y el Congreso hicieron la tarea.

06 de junio 2015 , 11:33 p.m.

Contra viento y marea, y también contra intereses muy poderosos, el Congreso ejerció una de sus tareas esenciales, como es la de legislar, y aprobó esta semana reformas fundamentales para la democracia colombiana.

Hay que ver lo ocurrido en un plano realista. Si bien es cierto que el acto legislativo denominado de ‘equilibrio de poderes’ está lejos de ser la panacea para los graves problemas de la administración de justicia y de corrupción en la política, lo es también que representa un enorme paso adelante en ese camino.

En este sentido, hay un hecho real. Aún pendientes la discusión de algunos artículos y la labor de las comisiones de conciliación en Cámara y Senado –que hace tres años malograron la reforma de la justicia del 2012, en un oscuro y vergonzoso episodio cuyos protagonistas siguen hoy campantes–, el corte de cuentas es positivo por varias razones. En lo político, por encima de todo, porque se determinó la eliminación de la figura de la reelección presidencial, extraña a la democracia colombiana del último siglo y que, según sentencias de la Corte Suprema, resucitó en el Congreso en el 2004 mediante actos delictuosos de altos funcionarios del gobierno de la época.

Este es un timonazo oportuno. En momentos en los que muchas democracias de la región han cedido a los cantos de sirena de los presidencialismos populistas, es alentador ver cómo la institucionalidad colombiana, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo, ha demostrado su fortaleza enterrando una entidad que desde su mismo regreso dio pie a duras polémicas y no pocos excesos. Baste recordar el accidentado intento de la segunda reelección que atajó la Corte Constitucional en el 2010.

En lo jurídico, los efectos son también profundos. A pesar de las voces provenientes de las altas cortes y la Fiscalía que sostenían que el Congreso no tenía legitimidad para reformar la justicia, primero el Senado y ahora la Cámara han demostrado que reformas fundamentales de la Constitución pueden y deben hacerse a través de los canales establecidos por la misma Carta del 91.

Derrotada la peregrina, y peligrosa, tesis de que la arquitectura del Poder Judicial solo podría reformarse mediante constituyente, son –como lo han señalado observadores tan serios como la Corporación Excelencia en la Justicia– claves los cambios frente a instituciones que a lo largo de las últimas décadas demostraron su inoperancia y su alta vulnerabilidad frente a la corrupción.

Así, después de varios intentos fallidos desaparece del mapa de la institucionalidad colombiana el polémico Consejo Superior de la Judicatura. Creado por la Constitución de 1991, ese órgano estuvo lejos de cumplir con la misión de asegurar un manejo transparente de los recursos –nunca suficientes, es vedad– de la Rama Judicial. Además, tuvo entre sus miembros a algunos de los magistrados más cuestionados en la historia del país.

Esta reforma le apunta a la alta gerencia, lo que parece ser lo indicado. La Sala Administrativa dará paso a un consejo de gobierno judicial en el que tendrán asiento las cortes, los empleados de la justicia y tres expertos en políticas públicas que deberán darle a la Rama el manejo gerencial que nunca ha tenido.

De otro lado, el nuevo órgano que reemplaza a la Sala Disciplinaria no tendrá la facultad de resolver tutelas ni los conflictos de competencias, funciones que en los últimos años dieron pie a más de un escándalo. También se aumentaron condiciones para llegar a las altas cortes –tal vez no lo suficiente– y se aparta a la justicia de la participación directa, fuertemente permeada por los intereses políticos, en la elección de Contralor General y contralores departamentales y locales.

Como se sabe, y era otro punto crítico, había un manto de impunidad que garantizaba la polémica Comisión de Acusación frente al comportamiento de magistrados de las altas cortes y fiscales generales. Este también pasa a la historia. Un tribunal de aforados, con dientes y carácter investigativo, rondará en adelante a esas altas dignidades. Habrá procedimientos más ágiles –incluso la posibilidad de suspensión temporal del cargo en investigaciones por indignidad y faltas disciplinarias– y una mayor probabilidad para que, a diferencia de lo que sucede ahora, los que no merecen estar en la cúpula de la justicia o aprovechan su fuero para blindarse judicialmente sean castigados. Esto ya es una diferencia enorme frente al magro panorama que en materia de justicia presenta la malhadada ‘comisión de absoluciones’, como se la llegó a denominar.

Nadie dice que lo aprobado sea suficiente. Habrá, además, que estar pendientes del último trance en el Congreso para evitar que se repitan las malas historias del pasado, y seguramente los detractores de la reforma tienen ya listas las demandas para intentar tumbarla en la Corte Constitucional. Pero es claro que el país lleva años exigiendo cambios radicales en su justicia y en la política y que, con la reforma de equilibrio de poderes, el Gobierno y el Congreso hicieron la tarea.

EDITORIAL

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