Gas pimienta en presentación de llavero y en variedad de colores, entre 8.000 y 15.000 pesos. Paralizador o tábano eléctrico, con apariencia de Iphone y capacidad de descargas de 2,1 miliamperios, 40.000 pesos. Pistola de balines calibre 4,5, con proveedor de 14 tiros y alcance de 40 metros, 279.000 pesos. ‘Tambos’ o bastones extensibles altamente contundentes, 40.000 pesos.
Esas son algunas de las ofertas de armas de letalidad reducida, cuya venta ha entrado en furor por estos días en páginas web como Mercado Libre y en locales comerciales, especialmente en sanandresitos. También, a través de servicio a domicilio.
El año pasado, según cifras de la Policía Fiscal y Aduanera, ingresaron legalmente al país 55.996 unidades y partes de este tipo de armas, por un valor de 3’120.709 de dólares. Este año han sido importadas 14.277 unidades por un valor de 386.327 dólares. Usualmente son adquiridas en Estados Unidos, Taiwán, Turquía, Alemania, China, Japón, España y Suiza. Y las que llegan de contrabando se pueden contar en centenares de miles.
El coronel Juan Manuel Padilla, gerente de Indumil, dijo que están incursionando en ese mercado al considerar que proporciona una “alternativa” para quienes “quieren contar con una opción diferente de defensa personal”.
Las condiciones y la misma percepción de inseguridad en ciudades como Bogotá; la falta de regulación sobre el uso de estos elementos, así como la creciente oferta han llevado a que miles de ciudadanos del común opten por adquirirlos para protegerse.
Es el caso de María Fernanda, de 24 años, quien hace seis meses llegó a instalarse a Bogotá y a quien sus amigas de Medellín le regalaron un espray de gas pimienta “para que se defendiera de los acosadores en TransMilenio”. Eugenia Ramírez, de 37 años, decidió comprar el suyo en un mercado en Cúcuta, como medida de protección cuando retira dinero del banco.
El uso del gas –cuyos efectos nocivos le dieron la vuelta al mundo hace pocas semanas, cuando los jugadores del River Plate fueron agredidos con esa sustancia en un clásico de Copa Libertadores con el Boca Juniors– es popular entre mujeres que usan el servicio público de transporte y entre los que se mueven en motocicleta o por las ciclorrutas.
“Uno tiene que frenar en los semáforos o en los trancones y está siempre expuesto a los ladrones. Por eso siempre tengo a la mano el gas”, dice un joven mensajero que se mueve en moto. Muchos motociclistas lo llevan colgando de la muñeca o en los guantes. “Yo camino con el dedo sobre el botón rojo mientras llego a la estación o a la buseta. Ahí lo guardo en el bolso”, dice Yadira, de 30 años.
Expertos en seguridad, como Jorge Restrepo, director del Cerac, y el exviceministro de Justicia Miguel Samper dicen que esa demanda de armas de defensa personal responde a una percepción de inseguridad que lleva a que la gente adopte medidas preventivas. “Como existe una sana prohibición de porte de armas, buscan este tipo de elementos. Pero si los problemas se agravan, la gente buscará armas de fuego para autoprotegerse”, dice Restrepo.
La creciente inseguridad en las calles –que se refleja en la acción, a plena luz del día, de los ‘rompevidrios’ y los indigentes que desvalijan carros en los trancones– es la razón que arguyen los usuarios de estos artefactos, cuyo comercio, uso y porte son casi invisibles para la legislación colombiana.
Si bien su importación es avalada por Indumil (Industria Militar), y verificada por la Dian, en el Código Penal no se sanciona a quien las lleve consigo. La Policía dice que tan solo puede incautar las réplicas de armas de fuego –las pistolas de balines o las de fogueo (que usan balas de salva que suenan exactamente igual que un disparo y queman pólvora)–. Esto, porque en el Código de Policía se considera el porte como una contravención que puede afectar la tranquilidad y convivencia ciudadanas.
“Estas armas son de venta libre, no hay legislación. Incluso, las taser (pistolas eléctricas que utiliza la Policía) no son consideradas armas sino elementos de control”, dice el general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Sobre qué tanto se están usando, bien como protección o también para la comisión de delitos, pueden dar luces las estadísticas de Medicina Legal que indican que el 1,5 por ciento de los 100 casos de lesiones personales tiene que ver con afectaciones por gases irritantes o por efectos de los paralizadores. Este año van 33.542 casos de lesiones, y el 1,5 por ciento representa al menos 500 afectaciones por armas no letales.
Riesgo de más violencia
Además del riesgo que implica el eventual mal uso de estos elementos, a las autoridades les preocupa que los ciudadanos puedan exponerse a reacciones más violentas de los delincuentes. En esto coinciden el general Guatibonza y Carlos Valdés, director de Medicina Legal. De hecho, el mercado abierto de estos elementos nutre el arsenal de los criminales. Fue el caso del agente de la DEA James ‘Terry’ Watson, que en junio del 2013 murió en un intento de paseo millonario en el norte de Bogotá.
Sus agresores, los taxistas presos en EE. UU., primero lo atacaron con choques eléctricos y ante su resistencia le propinaron una puñalada en el pecho que le quitó la vida.
En Chapinero, una de las localidades más complejas de Bogotá, la Policía ha detectado el uso de armas de fogueo en los atracos. “También se ve el uso de pistolas de balines para lesionar a otras personas y generar daño en bien ajeno. Las utilizan para romper vidrios, ventanales y hasta para atacar estaciones de TransMilenio”, dice un oficial.
Andevip, que reúne al gremio de la seguridad privada, señala que es urgente reglamentar el tema. “La vulneración puede ser muy grande. Un elemento de estos mal utilizado en un lugar no adecuado puede afectar a un gran número de población y puede poner en riesgo la vida”, dice Oswaldo Parada Prieto, presidente de la entidad.
Policía usa ‘taser’
El único reglamento en el país sobre el uso de estas armas existe en la Policía. El protocolo, según expertos de la institución, se diseñó basado en las recomendaciones que la ONU da en esa materia.
Si bien la Policía hizo la primera compra en el 2009, fue en el 2012 cuando se fijaron los criterios de adquisición.
Hoy, esa institución cuenta con cerca de 400 pistolas taser que están asignadas a unidades en Bogotá, Cali y Medellín, y de los grupos especiales. Según dijeron, recibieron un entrenamiento de la fábrica a la que compraron.
La Metropolitana de Bogotá dice que las 100 con las que cuenta esa unidad han sido usadas en 20 ocasiones en tres años. La mayoría, para disuadir riñas.
Sector de vigilancia pide regulación
“Llamamos a nuestros entes de control para que se regule este tipo de arma, su porte y utilización, para que no sea cualquier ciudadano el que las pueda utilizar”.
Esa es la petición que el gremio del sector de vigilancia privada, Andevip, hace a la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada y al Departamento de Comercio y Control de Armas para que tomen medidas sobre este tipo de elementos.
Y agrega: “Si no se toman medidas, se va a presentar una anarquía: cualquier persona utilizando armas de defensa personal. Se puede incurrir en actos delictivos o vandálicos al ser usadas por barras bravas, como ocurrió en Argentina”.
Actualmente, según Andevip, las empresas de seguridad han optado por diseñar sus propios protocolos.
La base en estos es que solo pueden ser usados como vía de prevención y disuasión de la delincuencia. Eso, unido a las alertas que generan a la Policía por cuadrantes, con las que trabajan de la mano.
Señalan que ven en este tipo de elementos una alternativa de garantizar la seguridad. En ese sector, es usual el porte de gases pimienta y bastones eléctricos de diferentes tamaños.
EL TIEMPO consultó a la Supervigilancia, pero no obtuvo respuesta al respecto.
JUSTICIA
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