Un edificio de 3 torres y 16 pisos de altura albergará a los 6.000 funcionarios de diversos ministerios y entidades del Gobierno central y se convertirá en la primera obra de la renovación urbana del Centro Administrativo Nacional (CAN).
El desarrollo del resto de edificios (serán 112 en total) depende de modificaciones en la norma urbanística. La clave está, según el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, en un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en vista de que la modificación excepcional (Mepot) del alcalde Gustavo Petro está suspendida.
El proyecto, que se denomina ‘edificio de transición’, se ubica en la carrera 50 con la avenida 26, en terrenos que son de propiedad del Ministerio de Minas y Energía. Ahí operarán, transitoriamente, dependencias de los ministerios y entidades descentralizadas, que hoy operan en estructuras más antiguas.
Las obras se iniciarán en el segundo trimestre del 2016, durarán 30 meses y se construirán mediante una alianza público-privada (APP) de iniciativa pública. La empresa de renovación urbana Virgilio Barco (EVB), a cargo de las obras, estimó que la inversión de las tres torres será de 401.000 millones de pesos.
En los 104.00 metros cuadrados que tendrá estarán, según Vargas Lleras, “todas las entidades de la Nación que prestan servicios al ciudadano”. Así, contará con 400 sillas de espera y 50 ventanillas para atender a los más de 1.800 visitantes que a diario se espera tengan estas instalaciones.
Andrés Escobar, presidente de la EVB, señaló que el diseño del complejo del CAN no solo contempla el ‘edificio de transición’, sino también equipamientos, viviendas y áreas comerciales. Esta obra fue seleccionada mediante un concurso y la ganadora fue la firma Daniel Bermúdez y Compañía.
La totalidad del proyecto cubrirá un área de 2,75 millones de metros cuadrados (86 hectáreas), desde el parque Metropolitano Simón Bolívar hasta la calle 26.
En el centro, el vicepresidente Germán Vargas Lleras. |
Hoy hay ahí 18 entidades de la Nación; 4 ministerios, con 21.000 empleados; 66 edificios, 424.000 metros cuadrados de área construida y 4.324 estacionamientos en superficie. Todo, en 57,1 hectáreas de suelo.
El lío del POT
Esta primera etapa es posible construirla gracias a que hoy está ceñida al POT actualmente vigente, que es el del exalcalde Antanas Mockus. Como este prohíbe usos del suelo diferentes a los de Gobierno, el ‘edificio de transición’ solo contempla 15 pisos para oficinas de la Administración central y el primer piso, sin reñir con la norma vigente, sería para otros usos como bancos y restaurantes que sirvan al sector de oficinas.
Pero solo el 40 por ciento de los 112 inmuebles que tendrá el CAN serán para ese fin. El otro 60 por ciento no podrá avanzar en tanto no se cambie el POT, pues será para otros usos, como vivienda, equipamientos y oficinas.
“Ahora que la decisión de revivir el Mepot del alcalde Gustavo Petro es remota, toca pensar que el próximo alcalde está obligado a hacer uno nuevo. Respetando la autonomía que tendrá, nos gustaría que incluyera cambios que hagan el proyecto posible”, explicó Escobar.
De hecho, Vargas Lleras señaló que la viabilidad del plan está comprometida por las dificultades alrededor del Mepot y, durante la rueda de prensa para presentar la primera etapa, mencionó la importancia de tener una nueva norma.
Además de los cambios en el uso del suelo, otro impedimento para próximas etapas está en que la cuota en el número de estacionamientos que hoy se les exige a las construcciones es muy alta y obliga a que se haga en superficie.
“Es un desperdicio de espacio público. Ojalá que una próxima norma permita dos cosas: la primera, hacerlos subterráneos; la segunda, que se exijan menos parqueaderos”, agregó el presidente de la EVB.
Según él, el proyecto está concebido para que no genere trancones y sea sostenible: viviendas, comercio y equipamientos para que la gente esté cerca de sus lugares de trabajo y no necesite el carro particular. Así, se desplazarían en bicicleta, a pie, en TransMilenio o en los buses del SITP.
Así se financiará la megaobra
De los 112 edificios que tendrá el CAN en un plan a 30 años, solo el 40 por ciento es del Gobierno. Se estima que esa parte cueste $ 3,5 billones, que serán financiados por APP de iniciativa privada, es decir, que la Nación aportará el 20 por ciento de los recursos, representados en el terreno de construcción (920.000 metros cuadrados de área).
También se invertirán $ 400.000 millones en infraestructura (redes de servicios públicos y vías), que se harán por obra pública, o sea, pagados con recursos públicos.
El restante 60 por ciento estará en manos de firmas privadas e inmobiliarias que construirán los edificios residenciales, oficinas, equipamientos y comerciales con el modelo de Ciudad Salitre, por medio de la ‘venta con obligaciones de hacer’, que implica exigencias para las constructoras como mantener cierto precio de las viviendas, mezcla de usos y cierto número de parqueaderos, entre otros.
BOGOTÁ
