La Corte Suprema de Justicia y su Sala de Casación Laboral dejó sin efecto la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta (Norte de Santander), que condenaba a Ecopetrol a pagar una millonaria indemnización en favor de unos 500 trabajadores. La suma a cancelar ascendía a los 16.000 millones de pesos.
Además, concedió la protección solicitada por la empresa contra el Juzgado Tercero laboral de Circuito, despacho en donde varios de los trabajadores interpusieron sus demandas.
Según la Corte, la apoderada de Ecopetrol fundamentó la solicitud de amparo constitucional debido a que en contra de la entidad fueron promovidos múltiples procesos ordinarios laborales.
Las demandas tenían el propósito de que la empresa le reconociera unas diferencias salariales, prestacionales, indemnizaciones, dotaciones y demás conceptos de orden laboral legal y extralegal.
Adujo la abogada en su apelación que, por ejemplo, el despacho judicial de primera instancia, por sentencia de 28 de junio de 2012, “no solo accedió a las solicitudes de los demandantes, sino que, sin motivación alguna y violando las normas que reglan la congruencia de la sentencia judicial y la condena en concreto, declaró que los demandantes tenían total derecho a las condenas impuestas”.
Por este hecho la alta Corte ordenó que se investigaran los despachos judiciales que ordenaron el millonario pago por parte de la estatal petrolera.
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