Un par de exámenes psiquiátricos podrían cambiar el rumbo de indignantes casos judiciales ocurridos en Bogotá.
Uno de ellos se le practicará a Hernando Hernández Patiño, el hombre acusado de asesinar a la sobrina de su esposa, a ella y a dos de sus tres hijos, el 10 de noviembre del 2013, en una casa de la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad.
Al otro será llevado Jonathan Vega, el agresor de Natalia Ponce de León, la joven que tendrá que someterse al menos a 60 cirugías luego de que este le arrojara ácido en su cuerpo y rostro, el pasado 27 de marzo del 2014.
En ambos casos, la prueba que deben hacer peritos de Medicina Legal podría concluir que tanto Hernández, cuando cometió el crimen, como Vega, cuando le lanzó el agente químico y salió corriendo para evitar su captura, no eran conscientes de lo que hacían.
La razón, tan clara para la justicia como irritante para las víctimas y buena parte de la ciudadanía, es que si el instituto forense concluye en su informe que sufrían de algún tipo de trastorno en el momento de la agresión y un juez acoge esa teoría, ambos sindicados serían declarados inimputables.
En otras palabras, este sería un primer paso para determinar que –como lo señala el artículo 33 del Código Penal– no comprendían lo que estaban haciendo “por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares”.
A su vez, significa que no podrían ser medidos ni juzgados con las leyes penales y que, por ende, podrían no ser llevados a una cárcel sino a una clínica.
Si bien en el caso de Vega hay varias pruebas que van en contravía de una posible inimputabilidad (compró el ácido con anterioridad, se hizo pasar por otra persona para que ella saliera de su casa, etc.), el abogado de Hernando Hernández ha dicho que “lo que pasó con esta persona no es normal” y que merece ser estudiado.
Despierta la polémica
Mientras expertos en materia judicial y de la salud sustentan que a los sindicados se les debe garantizar un proceso justo, en el que, de ser necesario, se evalúe si efectivamente no eran conscientes de lo que hacían, con el ánimo de recibir un trato diferente, entre ciudadanos no deja más que una sensación de impunidad.
Para el analista internacional Jairo Libreros, la inimputabilidad es una de las garantías más importantes que tienen los sistemas penales. “No se puede condenar a una persona que no tiene control y dominio de sí mismo; el gran inconveniente –explicó– es que cuando se trata de justificar su crimen por falta de condiciones para entender los hechos que cometió, el mensaje hacia las víctimas es muy fuerte porque consideran que enviarlo a un centro especializado no es una sanción verdadera y que no hay justicia para la situación que viven”.
Esa es precisamente la queja de Norma María y Yanibe Losada, hermanas de Jenny, esposa de Hernández cuando el hombre tomó un machete y acabó con su vida.
Coinciden en que él “no está loco” y que lo único que busca con el examen psiquiátrico es no pagar con cárcel el dolor que ha afrontado toda la familia desde la masacre.
“No es justo lo que nos está pasando. Es un dolor inmenso –recordó Norma el pasado 12 de mayo, cuando aplazaron por cuarta vez la audiencia preparatoria– ver cómo una persona que era de la familia, a la que apoyamos, que siempre aconsejamos, fue capaz de destruir nuestras vidas”.
“No está loco. Queremos justicia”, precisó Yanibe.
Su indignación tiene que ver con que en el pasado una decisión de ese calibre llevó a un homicida a reintegrarse pronto a la sociedad. Recuperó su libertad, solamente pagando una multa y garantizando que continuaría su tratamiento psiquiátrico.
Fue el caso de Javier Velasco, el homicida de Rosa Elvira Cely, en el 2012. Por un trastorno mental, fue declarado inimputable 10 años atrás luego de cometer el cruel asesinato de otra mujer. Esto lo llevó a permanecer escasos tres meses en una clínica psiquiátrica. Luego, torturó a Rosa Elvira y la mató.
Pero esto no ha sido motivo de polémica exclusivamente en Colombia. En Perú, por ejemplo, fue clave el caso de un exsoldado que asesinó al menos a 16 personas y quien fue declarado inimputable. Esto hace un poco más de tres años. Algo similar ocurrió con Anders Behring Breivik, autor de la matanza de 77 personas en Oslo (Noruega), cuando un primer examen psiquiátrico señaló que sufría de esquizofrenia.
En cambio, en otros países como Inglaterra, a pesar de que se demuestre que sufrían trastornos mentales, pueden pagar incluso cadena perpetua.
El juez es el que decide
El doctor José Manuel Calvo, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Nacional, explicó la tarea que tienen los peritos.
¿Qué se tiene en cuenta?
El perito toma una serie de elementos para tratar de hacer un juicio sobre lo que sucedió. La idea es analizar cómo estaba la persona en el momento en que cometió la situación, lo que lo hace complejo. Uno de los elementos es el estudio del expediente, que generalmente el juez le envía con los relatos de los testigos, las investigaciones que se han hecho, pruebas toxicológicas. El otro elemento es la entrevista psiquiátrica. Entre otros, le interesa averiguar antecedentes médicos familiares.
¿Puede equivocarse?
Son seres humanos y puede suceder esa situación, pero generalmente tienen un entrenamiento para desarrollar habilidades y técnicas para detectar simuladores. Pero el perito da un concepto técnico y el juez tiene la última palabra.
¿Qué tipo de trastornos pueden incidir?
Generalmente son homicidios muy cercanos a la familia. Pero hay que decir que quienes sufren de enfermedades como la esquizofrenia no son más violentos que la población normal, por llamarla así.
Usualmente este tipo de delitos se cometen en el contexto de la enfermedad mental porque tienen una idea delirante. También puede haber trastornos de personalidad, pero en estos casos no eximen a las personas de culpa.
‘El inimputable sí responde’: abogado penalista
Frente a la polémica que se abre cuando se habla de inimputabilidad, el abogado penalista y docente de la Universidad del Rosario Francisco Bernate explicó que este es un proceso justo para las familias y los sindicados, pues una persona que no fue consciente de un delito no puede ser juzgada como alguien que sí lo fue.
Francisco Bernate, abogado penalista. |
¿La inimputabilidad es sinónimo de impunidad?
Existe la creencia errada de que los inimputables no responden. Al respecto, hay que decir que en Colombia el inimputable sí responde. ¿Cuál es la diferencia? Que no se va a una pena; por el contrario, se le aplica una medida de seguridad que busca el tratamiento, la curación y la rehabilitación de esa persona. Tiene que quedar claro que el inimputable no es un irresponsable ni esta es una estrategia para hacerse el loco.
¿Es justo para víctimas y sindicados?
Sí, porque es reconocer al ser humano como lo que es, como una persona. Si una persona sufre de una enfermedad mental y no puede escoger entre si cometer o no un delito, no se le puede tratar tal cual como a quien sí pudo escoger.
Pero podría estar en una clínica poco tiempo y volver a quedar en libertad solo con el compromiso de seguir un tratamiento…
Hoy en día no, porque en Colombia la medida de seguridad tiene un tiempo que es el que se demorará la persona para rehabilitarse, para curarse. Además, en esos procesos interviene el Instituto Nacional de Medicina Legal, con los mejores especialistas y la experiencia que hace que no puedan ser engañados con facilidad.
Pero en el pasado han existido inconsistencias y han incurrido en el error. Un caso puntual fue el del agresor de Rosa Elvira Cely, asesinada en el parque Nacional...
La legislación colombiana actual permite que la víctima cuestione ese tipo de exámenes, de opiniones; entonces, ese riesgo se ha reducido mucho.
Sin estadísticas sustanciales
Medicina Legal no cuenta con el número de exámenes psiquiátricos que se han practicado en los últimos años para determinar la salud mental de los sindicados. El Consejo Superior de la Judicatura no tiene datos puntuales sobre el número de sindicados que han sido remitidos a una clínica por su condición, precisamente porque estos procesos no han terminado en una condena, y la Fiscalía tampoco guarda reportes de este tipo.
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ALEJANDRA P. SERRANO GUZMÁN