“Muchas veces es el cariño o la amistad que le ofrece la persona, la motivación de los 'pelaos' que hay en la esquina. Les dan ‘la liga’ para que tome fresco, por eso el 'pelao' siempre llega ahí (...). Entonces muchas veces no es reclutamiento, es la misma voluntad”.
Este testimonio, de un joven reclutado por un combo delincuencial de la comuna 1 de Medellín, hace parte del estudio del reclutamiento forzado de niños y adolescentes en grupos armados y estructuras delincuenciales realizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y la Alcaldía. La primera fase se realizó en tres comunas de la ciudad donde más se presenta el fenómeno: Villa Hermosa, Popular y San Javier.
Allí queda revelado que los ilegales están usurpando o aprovechando los vacíos de la sociedad y la familia para tener en sus filas a los menores de edad.
Precisamente con ese primer documento académico que tiene la capital antioqueña, según el vicealcalde de Seguridad y Gobernabilidad, Luis Fernando Suárez, tendrán los insumos suficientes para atacar el fenómeno del que se ha hablado desde años atrás, pero del cuál poco se sabía.
Lo revelado en la investigación deja claro que no se puede establecer cuántos niños, niñas y adolescentes hacen parte de los grupos armados, pero sí cuáles son las causas que los llevan a ser parte de los mismos.
“El reclutamiento no solo es causa de la guerra y la pobreza. Hay condiciones y especificidades históricas y sociales para que se presente. Por eso, para prevenirlo, hay que primero conocer esas características de cada barrio o comuna, porque no va a funcionar una política única, deben ser sectoriales”, explicó el líder de la investigación, Manuel Alberto Alonso.
De acuerdo con él, no siempre la familia y los colegios son unos entornos que protegen al menor. De hecho, lo que establecieron es que esos son los espacios que más propician la vinculación pues, contrario a lo que se piensa, hay vulneración de derechos y los niños y adolescentes encuentran en los grupos armados lo que les niegan en su hogar.
“Cuando en las familias se les vulnera, los combos o bandas aparecen como los protectores (...) Allí los jóvenes –aseguró Alonso– comparten espacios con normas, donde operan mecanismos afectivos que contrasta con lo que viven en sus familias”.
Otro elemento fundamental para la vinculación tiene que ver con que las bandas son parte del paisaje de determinadas comunas: “No existe cómo separar el barrio del actor armado, más aún cuando los reclutadores es un par (un amigo), que no está por encima del menor, o es un familiar”.
Así se demuestra que no solo la amenaza o la coartación es lo que lleva a que los menores terminen sirviéndoles, en distintas facetas, a los grupos armados ilegales.
Son víctimas
Independiente del análisis de la Universidad de Antioquia, Suárez aseguró que estos son solo víctimas de las estructuras delincuenciales: “Cuando se permite que un niño sea utilizado por las estructuras criminales, esta sociedad no está haciendo la tarea completa”.
Recordó, por eso, que para enfrentar ese delito no solo basta con la articulación de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín. Debe establecerse, según él, un trabajo conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía del Área Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, el director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), Fernando Quijano, puso el dedo en la llaga. Denunció que los combos delincuenciales inician el reclutamiento, incluso, desde los 8 o 9 años.
“Empiezan como ‘campaneros’, que son los que avisan del ingreso del enemigo y la policía, luego los cogen de ‘carritos’ (transportar armas y drogas) y, cuando les ven capacidades con las armas, los llevan a escuelas de sicarios”, aseguró.
Lo hacen por las ventajas legales que tienen: “El menor de 18 años, por ley, no está obligado a confesar quién lo mandó a cometer el delito. Eso le da tranquilidad al jefe criminal”.
Lo más delicado para Quijano es que de los 13.000 miembros que –según investigaciones de su corporación– tienen los combos de la ciudad, por lo menos el 50 por ciento son menores de 18 años.
Jóvenes y delitos
La secretaria de Juventud de Medellín, Valeria Mejía, reveló que de los 570.000 jóvenes (entre 14 y 28 años) que hay en Medellín, un 14 por ciento (79.000) están en riesgo de ser víctimas de reclutamiento, mientras que el 11 por ciento (62.700) podrían estar al borde del delito.
“Tenemos una pirámide criminal donde los jóvenes son una mano de obra barata, enérgica, efectiva e inquieta. Por eso los grupos hacen el esfuerzo por tenerlos y seducirlos. Por ello, cuando uno va a la cárcel vemos un reflejo de lo que tenemos”, dijo.
Según ella, la Policía se ha dedicado a capturar a la base de la criminalidad, que en su mayoría son jóvenes, y no a las cabezas que “sobrepasan los 33 años y manejan esa economía”. No en vano en la ciudad hay tras las rejas 3.998 personas entre los 18 y 28 años.
“Cada joven en una cárcel le cuesta al Estado 1,4 millones de pesos mensuales, es decir, alrededor de 67.000 millones al año. Si se invirtiera en proyectos sencillos, para prevenir que estos lleguen al delito o que sean reclutados, solo les costaría 390.000 pesos al mes”, aseguró Mejía.
No hay niños soldados
En Medellín ya no es válido pensar en la figura del menor con un fusil, camuflado y preparado para la guerra. Ese concepto, según el estudio de la Universidad de Antioquia, debe reconfigurarse, pues las estructuras delincuenciales han cambiado su dinámica desde hace 10 años, cuando en la ciudad se desmovilizaron las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia.
El diagnostico reveló que los tentáculos de estas alcanzan los mercados legales y formales (con cobro de extorsión y venta de estupefacientes), así como los mercados ilegales que tienen influencia delincuencial, donde los niños y jóvenes son un eslabón fundamental en la cadena de la economía, pues son los que realizan tareas como cobro de extorsiones.
Grupos armados también explotarían sexualmente
Poco se conoce de la influencia de las estructuras armadas en la explotación sexual a niños, niñas y adolescentes en Medellín. Sin embargo, la directora de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social, Adriana González, explicó que –pese a que no tienen denuncias claras– sí saben que los contextos de algunos sectores de la ciudad son propensos para que se presente.
“Cuando en un barrio hay un combo es claro que los niños y las niñas están en peligro, no solo en el tema de la explotación sexual”, dijo.
Por su parte, el abogado Sebastián Mesa, de la mesa de infancia de la Personería de Medellín, reveló que tienen denuncias que estos grupos al margen de la ley tienen una logística en sus barrios de injerencia.
“Colocan a los niños en distintas casas que son ocultas. Tenemos reportes, no precisos, de la comuna 8 y 13 (...) Esos grupos, en definitiva, son los explotadores, los que están ganando cuando llevan a los supuestos clientes hasta esos lugares”, dijo.
La Secretaría de Inclusión Social, de otro lado, aseguró que al finalizar el año anterior tenían identificados 184 menores de 14 años que eran explotados sexualmente.
YEISON GUALDRÓN
Redactor de EL TIEMPO
Medellín
