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Por acción popular 134 buses del MIO no podrán rodar por vías de Cali

Se suspenderá la operación del 15 por ciento de la flota, por orden de juzgado.

CALI
La decisión corresponde a proceso abierto en el Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Cali, que admitió una acción popular y decretó la suspensión de adiciones a contratos que se hicieron en 2011 con el argumento de completar la flota del sistema masivo.
A partir de ello, Metrocali dispuso ese año que se harían adiciones a los contratos adjudicados a dos de sus operadores. De ese modo, la empresa GIT (que pasó 229 a 301 buses, esto es del 22 a 33 por ciento del parque automotor del MÍO) mientras que Blanco y Negro (que pasó de 202 a 264, al saltar del 22 al 29 por ciento) en 2011, ante la no definición del quinto operador del sistema.
Voceros de esos operadores sostienen que la decisión del juzgado afectará la cobertura en un momento crítico del servicio. La idea es minimizar los traumatismos que pueda generar la parálisis de los 134 buses.
El presidente de Metrocali, Luis Fernando Sandoval, dijo que en el término legal se ofrecerá una contestación a esa medida cautelar, una vez se surtan los mecanismos de notificación, además advirtió que las rutas no saldrán de circulación ya que la medida solo exige un pronunciamiento por parte de la empresa.
El abogado Néstor Herrera Valencia elevó la acción popular para que se declare la nulidad de las adiciones a los contratos originales con los dos operadores, porque considera que se pasó por alto el ordenamiento jurídico y el interés público, al ser adjudicados en forma directa por Metrocali, sin mediar licitación.
Los buses corresponderían al quinto operador del MÍO, para el que estaba definido el 15 por ciento y que debía estar conformado por medianos y pequeños transportadores.
El pasado 24 de noviembre pasado la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años al entonces presidente de Metrocali, Luis Eduardo Barrera, y a su director jurídico, Rodrigo Salazar Sarmiento, porque se habría violado el ordenamiento jurídico y el interés público con la celebración de las adiciones del 16 y 27 de septiembre de 2011 al no acudir al proceso licitatorio para elegir el contratista.
El 85 por ciento de la operación del MÍO fue adjudicado en noviembre de 2006 a cuatro operadores y se declaró desierto el 15 por ciento restante que correspondía a un quinto operador.
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