Luego de 15 años, no hay condenas en caso de periodista Jineth Bedoya

Luego de 15 años, no hay condenas en caso de periodista Jineth Bedoya

Exparamilitar alias el 'Panadero', uno de los implicados, apenas irá a juicio en dos semanas.

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23 de mayo 2015 , 09:05 p.m.

Aunque el caso fue declarado de lesa humanidad por la Fiscalía y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mantiene vigilante, la agresión contra la periodista Jineth Bedoya Lima sigue en la impunidad.

Quince años después del secuestro y la agresión sexual de los que fue víctima, apenas empezará el primer juicio contra uno de los implicados. El miércoles 3 de junio deberá comparecer ante el juez quinto penal del Circuito Especializado el exparamilitar Mario Jaimes Mejía, alias el ‘Panadero’.

Él es la persona con quien la periodista –vocera de las mujeres que han sufrido violencia sexual y quien lidera la campaña No Es Hora De Callar– debía entrevistarse en la cárcel Modelo de Bogotá el 25 de mayo del 2000, cuando fue secuestrada mientras esperaba autorización para ingresar al penal. Bedoya lideraba una serie de investigaciones periodísticas sobre el paramilitarismo y su creciente poder, tanto en esa cárcel como en la capital de la República.

El ‘Panadero’ enfrenta cargos como coautor por secuestro simple agravado, tortura y acceso carnal violento. Según la Fiscalía, habría participado en la reunión en la que se planeó el ataque a la periodista, que se dio en el patio de alta seguridad de La Modelo y fue encabezado por los asesinados jefes paramilitares Miguel Arroyave Ruiz y Ángel Custodio Gaitán.

El proceso en la justicia ordinaria por el caso de Bedoya, que no prescribe, pues fue declarado delito de lesa humanidad, frenaría la salida del ‘Panadero’ de prisión. Jaimes Mejía se desmovilizó, estando ya preso, como miembro del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas y está próximo a cumplir los 8 años de pena alternativa de la Ley de Justicia y Paz.

A lo largo de la investigación, ha negado su participación en los hechos y asegura que su nombre fue utilizado para la falsa cita periodística. Junto con el ‘Panadero’, la Fiscalía también vinculó al caso a los exparamilitares Jesús Emiro Pereira, alias ‘Huevo de Pisca’, cuñado del desaparecido Carlos Castaño, y Alejandro Cárdenas Orozco, alias ‘J. J.’, quien en este caso admitió los delitos de secuestro y tortura, pero no el de violación.

En el 2013 Cárdenas cambió su declaración y aseguró que le habían pagado por implicarse. Aunque los abogados de Bedoya, a quien representa la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), pidieron su exclusión de Justicia y Paz, esta no fue aceptada. Esto, a pesar de que la Ley de Justicia y Paz es expresa en que los desmovilizados que mientan en los procesos penales u omitan contar toda la verdad perderán los beneficios de pena alternativa y deben recibir las condenas completas por sus crímenes.

La Fiscalía no ha llamado a juicio a estos dos ex-Auc, pues considera que aún no hay pruebas suficientes para dar ese paso.

Las dilaciones

Aunque las autoridades tienen conocimiento de los hechos desde el 26 de mayo del 2000, un día después de que ocurrieron, los precarios avances en tres lustros de investigación llevaron a que el proceso fuera admitido el 21 de julio del año pasado por la CIDH, que investiga la responsabilidad de los Estados en casos de violación de los derechos humanos.

El pasado viernes, los abogados de la Flip presentaron ante ese organismo internacional un documento en el que amplían los argumentos para que el caso siga su curso hacia la Corte Interamericana.

El proceso obtuvo pobres avances durante los 11 primeros años, cuando estuvo a cargo del fiscal sexto de Derechos Humanos. Bedoya y sus representantes pidieron cambiar al investigador, petición que el 24 de agosto del 2011 fue aceptada por la Fiscalía General de la Nación.

El proceso pasó a la Fiscalía 49 de DD. HH, que el 10 de septiembre del 2012 dictó medida de aseguramiento contra los tres ‘exparas’ involucrados y declaró el caso de lesa humanidad. Luego estuvo 4 meses estancado, de mayo a septiembre del 2013, pues fue trasladado a Justicia y Paz, de donde terminó regresando a la Fiscalía 49.

En todo este tiempo, la justicia no ha avanzado en la identificación de los autores intelectuales ni en la posible complicidad de miembros del Inpec y la Fuerza Pública en el secuestro.

Inexplicablemente, la Fiscalía no ahondó en la versión de un testigo que llegó al proceso en los primeros años y que fue reiteradamente trasladado de cárcel hasta que fue declarado enfermo mental y su testimonio, desestimado.

Parte del expediente de Medicina Legal después de la agresión contra la periodista y documentos del DAS que daban cuenta de su situación de riesgo en el año 2000 se perdieron o estuvieron desaparecidos por años.

La demanda ante la CIDH

Las amenazas que recibió la periodista Jineth Bedoya antes de su secuestro, entre 1998 y el 2000, serán decisivas en la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pese a que, en su momento, ella las puso en conocimiento del Estado -existieron reportes del DAS al respecto-, la comunicadora no recibió ningún tipo de protección frente al peligro en el que se encontraba. De hecho, solo se le asignó un esquema de seguridad cuando ya había sido agredida. Además, en la demanda los abogados reseñaron otras irregularidades, como la pérdida de parte del dictamen de Medicina Legal que se emitió después de la agresión y las omisiones en el proceso de investigación de funcionarios del Inpec, que involucra el personal que estaba de guardia el 25 de mayo del 2000 y al director de la cárcel Modelo de Bogotá de ese entonces.

EL TIEMPO

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