Los estudiantes de Derecho de Los Andes que velan por los presos

Los estudiantes de Derecho de Los Andes que velan por los presos

Visitan cárceles para ayudar a reclusos condenados por distintos delitos y que no tienen abogados.

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20 de mayo 2015 , 10:40 p.m.

Cada dos semanas, los miércoles, un grupo de catorce estudiantes de la Universidad de Los Andes ingresa por las puertas de la cárcel La Modelo.

Caminan por los pasillos del penal, en medio de las celdas. Entre las rejas se asoman algunas manos y pocos rostros, y al paso de los visitantes que acaban de entrar, los silbidos y gritos emergen de entre los barrotes, incomodando especialmente a las jóvenes alumnas que en su mayoría integran el grupo.

Son estudiantes de Derecho de último semestre de la universidad más costosa del país. Al llegar a los patios de La Modelo se sientan cara a cara con presos condenados por delitos que van desde estafa y hurto, hasta tráfico de estupefacientes, secuestro u homicidio.

“La primera vez da susto. Los olores son fuertes. A lado y lado de los pasillos por los que pasamos están las celdas, y son muchos hombres pegados a las rejas gritando, haciendo sonidos. Ya cuando te sientas con ellos la cosa cambia, son muy respetuosos”, dice Cristina Cardozo, una de las jóvenes, próximas a graduarse, integrantes de la Clínica de Justicia Colectiva, un brazo del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la universidad.

Su labor es similar a la de los abogados de oficio que asigna el Estado. Realizan tutelas para lograr la libertad de quienes ya han cumplido su pena y no han salido, o intervienen para que a presos que requieran una cirugía les sea practicada la intervención.

En otras palabras, estos jóvenes asisten jurídicamente a personas presas de escasos recursos que de otra forma no tendrían acceso a un abogado.

Pero la labor es ardua, el sistema carcelario es un terreno complejo y poco alentador.

“En uno de los casos que llevo, la abuela del recluso es quien le hace las tutelas. Una vendedora de aguas aromáticas de un barrio haciéndole tutelas a su nieto que está preso”, exclama la joven estudiante sin esconder ademanes que dejan al descubierto su indignación.

“Otro tiene cálculos en la vesícula y necesita una bolsa para orinar. Le estoy ayudando a tramitar una cirugía. Mientras tanto, cada ida al baño le resulta un suplicio”, agrega Cardozo, quien de paso intenta que al enfermo, condenado por tentativa de hurto, le otorguen prisión domiciliaria, ya que pronto cumple la mitad de la pena. “El lío es que es un habitante de la calle, y los juzgados no les conceden fácil prisión domiciliaria a habitantes de la calle porque no tienen una dirección. Entonces se las niegan”, remata la joven.

Sin embargo, no todo es frustración. Silvia Quintero, una joven abogada de 24 años que lleva trabajando en cárceles desde el 2012 y se convirtió en la coordinadora del proyecto, aclara que el trabajo de los alumnos ha sido positivo. Y aunque no se atreve a dar cifras, cuenta que han sido varios los casos en los que los estudiantes han logrado que a reclusos se les concedan beneficios como la libertad condicional, prisión domiciliaria o sacarlos del todo por pena cumplida.

“Hace un buen tiempo, en el Buen Pastor, un par de mujeres tenían esquizofrenia. Los jueces las consideraban un peligroso para la sociedad, pero eran madres que finalmente logramos sacar de la cárcel haciendo efectivo su derecho a la libertad condicional. Logramos revertir el argumento de que por la esquizofrenia resultaban un peligro para la sociedad y quedaron libres”, recuerda la joven.

Buscan un cambio profundo en el sistema

Manuel Iturralde, uno de los profesores que dirige el proyecto, afirma que los esfuerzos van dirigidos no solo a ayudar a uno, dos o cien presos, sino a aplicar el derecho como herramienta estratégica para lograr cambios profundos en el sistema penitenciario.

“Lo que buscamos con una tutela para que alguien salga de la cárcel, por ejemplo, no es solo el beneficio individual que puede recaer sobre ese recluso particular, sino que la tutela pueda llegar a la Corte Constitucional y que esta le exija al Estado colombiano que tome soluciones más estructurales”, dice el abogado, quien agrega que como tal este proyecto es único de la Universidad de los Andes, aunque enfatiza que en otras instituciones universitarias también se realizan trabajos que tienen que ver con la población carcelaria.

Iturralde, que le dio vida al programa hace dos años y medio con su colega Libardo Ariza, prestando asistencia en La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, agrega que el “compromiso ético es aportar algo desde la academia para que cambie la situación carcelaria del país que es sin duda una violación sistemática a los derechos humanos de las personas”.

Y su pensar se oye también en las voces de los catorce jóvenes que integran el grupo. La mayoría coincide en la importancia de que a los presos se les debe garantizar sus derechos, independientemente de su pasado.

“Esto me gusta. Nos sensibiliza. Al principio uno tiene estigmatizados a los presos, que todos son la escoria de la sociedad y que uno no debe ayudarlos, que se lo merecen, pero ellos son personas con derechos, y cuando uno ve la realidad de la cárcel, el hacinamiento, la comida, las condiciones de salubridad, se da cuenta de que el tema carcelario en Colombia necesita de un cambio", afirma otra de las jóvenes que integran el grupo.

“La sociedad tiene que tener un estándar mínimo de protección y garantías de los Derechos Humanos. Pero cuando entro a la cárcel me doy cuenta de que a veces pareciera que eso está simplemente escrito en el papel", agrega otro joven del grupo de Los Andes, que cada dos semanas entra por las puertas de La Modelo con la convicción de servirle a quien tenga enfrente, sin importarle sus antecedentes, solo con la idea de ayudarle a que le cumplan sus derechos.

ANÍBAL MARÍN CASTAÑO
ELTIEMPO.COM

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