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¿Qué papel tienen las universidades dentro del proceso de paz?

Configurar escenarios para el posconflicto es uno de los objetivos de la academia en pro de la paz.

Contribuir a repensar e investigar los procesos de paz, ese es el papel de las universidades dentro de este escenario, ya que es en la academia donde se propicia el debate, el diálogo y la construcción crítica. Además, está en la capacidad de entregarle al grueso de la sociedad los temas del posconflicto y de la paz de una manera sencilla, enmedio de su complejidad, para que la gente entienda de qué se trata y de esta manera poder contribuir al debate.
De hecho, una de las dificultades dentro de todo este proceso en Colombia es que no existen mecanismos efectivos para que la opinión pública entienda exactamente qué pasa en La Habana, así lo reconoció hace unos meses el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien informó que el 60 por ciento de los colombianos desconoce los resultados del proceso de paz.
Por esta razón, según, Juan Diego Castrillón Orrego, Rector de la Universidad del Cauca y representante del sector académico al Consejo Nacional de Paz, actualmente en muchas universidades se debaten los acuerdos y documentos generados en este escenario, como insumo académico para la reflexión y el debate.
“El compromiso de las universidades con la promoción de una cultura de paz y convivencia en el país se hace evidente en múltiples acciones que se vienen desarrollando en un esfuerzo dirigido a cumplir con los propósitos que se gestan en la Mesa de Negociación en La Habana”.
De hecho, las conclusiones de estos encuentros no quedan ahí. Hoy la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) tiene un acuerdo con el Congreso de la República, a través de las comisiones paz de la Cámara y el Senado, y la Red de Universidades por la Paz, para realizar una serie de eventos a nivel nacional, con el propósito de explicar a la ciudadanía las diferentes dimensiones que tiene el proceso que se vive con las Farc.
“También tenemos el proyecto Hagamos las Paces, que en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las Naciones Unidas, busca hacer pedagogía sobre el fin del conflicto, la construcción de la paz y el papel de los jóvenes en la creación de un nuevo país”, dice Castrillón.
En este sentido, la Universidad Nacional, a través del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz, ha organizado, conjuntamente con Naciones Unidas, los Foros sobre Participación Política, Desarrollo Agrario Integral y Cultivos Ilícitos, en Bogotá y San José del Guaviare, así como los foros con las distintas víctimas del conflicto en Villavicencio, Barrancabermeja, Barranquilla y Cali. En los Foros participaron líderes campesinos, colonos, afrocolombianos, indígenas, mujeres dirigentes de distintas organizaciones, agricultores y empresarios, los cuales produjeron diagnósticos sobre esos temas en sus regiones y expresaron sus demandas y expectativas frente a las negociaciones de paz con las Farc. Esos insumos fueron enviados a la Mesa de Diálogos de La Habana para ser tenidos en cuenta por las partes.
Justicia para la paz
Hace unos días se realizó el Segundo Foro de la Alianza de las Universidades para la paz, en el que docentes de la Javeriana, la Nacional, los Andes y el Externado, coincidieron con que en la Habana no deben reducir la discusión sobre la Justicia Transicional al debate penal sobre los posibles beneficios legales para los victimarios, sino a entender este concepto como un conjunto de normas que garanticen los derechos de las víctimas, la recuperación de la confianza de los ciudadanos, y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Para el profesor de la Pontifica Universidad Javeriana, y exsubdirector del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia, Gustavo Salazar, si bien es necesaria una dosis de justicia para lograr la paz, la propuesta de enjuiciar a todos los victimarios es inconveniente a la hora de garantizar un cese definitivo del conflicto armado en nuestro país.
“Justicia transicional no es un escenario donde se perdone u olvide de manera absoluta. Implica el esclarecimiento, la garantía de los derechos de las víctimas, la implementación de reformas institucionales, la recuperación de la confianza de los ciudadanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho”, aseguró.
Al respecto el docente y constitucionalista de la Universidad Externado de Colombia, Francisco Barbosa, planteó la posibilidad de resolver los temas de justicia relacionados con el proceso de paz con las Farc a la luz del concepto del Margen Nacional de Apreciación.
“Esta alternativa permite abordar el tema de la justicia transicional sin los límites que impone hoy el Derecho Internacional para buscar soluciones propias, toda vez que el conflicto armado colombiano tiene características históricas que no tiene ninguna otra confrontación en el mundo, y por las implicaciones que tiene la paz como un bien superior en nuestra sociedad”.
Por su parte, en el seminario 'Las dimensiones internacionales del posconflicto en Colombia', desarrollado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), la conclusión fue que mientras a nivel de la sociedad internacional hay una creciente expectativa y una gran fe en el proceso de paz de Colombia como un proceso civilizatorio y de redención del país frente a una violencia sempiterna, los colombianos no logramos internamente superar nuestro acostumbramiento mental a la violencia.
Y es justamente en este último aspecto en el que los académicos juegan un rol preponderante, ya que deben propiciar la desradicalización ideológica y violenta de sectores específicos. Por ejemplo, explica Fabio López de la Roche, director del Iepri: “el país tiene que superar la actual confrontación improductiva entre uribismo y santismo, que tanto seduce a los medios, para empezar a diseñar una agenda pública y una política para “cerrar” definitivamente el conflicto”.
López añade que las universidades están en la obligación de analizar y transmitir cómo recibir a quienes dejen las armas tanto en los barrios como en las empresas y en las zonas campesinas en donde se reintegren. “Cómo brindarles seguridad física para no repetir la historia de la Unión Patriótica, cómo acabar con las bacrim y garantizar seguridad a la población campesina, indígena y afrocolombiana, a los comerciantes y a los empresarios; cómo trabajar en las ciudades con los jóvenes de sectores marginales, cómo educar para la tolerancia en un país profundamente intolerante donde izquierdas y derechas tienen que empezar a hacer política sin armas y a respetarse en sus diferencias y visiones del mundo”, explica.
Para Diana Rojas Rivera: Coordinadora de la Maestría en Estudios Políticos del Iepri, en el campo de la investigación, hay muchos temas que están todavía por estudiar y que conciernen a los impactos de la guerra en las regiones, los procesos de desmovilización y reinserción, la situación de la población desplazada, las dinámicas de recomposición de los grupos armados, las necesidades y demandas en los gobiernos locales así como la participación de las comunidades en los programas vinculados al posconflicto.
“En todos esos temas la academia puede aportar un conocimiento objetivo y verificable que sirva de guía para la definición de políticas públicas”, afirma Rojas.
No obstante, es importante señalar que no basta con hacer más cátedras de educación cívica. Si hay algo que resulta verdaderamente crucial es la necesidad de generar conciencia de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en la construcción de la paz, ésta no depende sólo de la voluntad de la guerrilla o de la capacidad de acción del Gobierno nacional; esa paz se edifica en la vida cotidiana, en la familia, en las relaciones con los amigos, los colegas, los conciudadanos.
Tatiana Lizarazo
Redactora VIDA
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