Editorial: Solidaridad con Salgar

Editorial: Solidaridad con Salgar

La tragedia exige que el país se movilice y priorice la prevención para evitar estos hechos.

18 de mayo 2015 , 08:53 p.m.

Justo el día en el que se cumplía un año de la tragedia de Fundación (Magdalena), en la que 33 niños murieron dentro del bus que los transportaba, otro siniestro sacudió al país. La súbita crecida de la quebrada la Liboriana de Salgar (Antioquia), en la madrugada de ayer, deja como saldo, hasta el momento de escribirse estas líneas, más de medio centenar de víctimas, similar número de heridos, además de múltiples destrozos y decenas de familias en precaria situación.

Lo primordial, por supuesto, es lamentar esta nueva desgracia. Hacer un llamado a la solidaridad con los salgareños. Pedir acciones urgentes para aliviar su drama y buscar soluciones y techo para quienes quedan a la intemperie. Aquí, la solidaridad tiene que ser la primera en hacer presencia. En este sentido, es reconfortante ver cómo, a través de diversas vías, entre ellas las redes sociales, inmediatamente conocida la noticia de la catástrofe comenzaron a coordinarse iniciativas espontáneas de gente dispuesta a ayudar.

La nación debe movilizarse, las instituciones, la sociedad civil, para atenuar hasta donde sea posible el dolor que hoy invade a este municipio, lo cual incluye un llamado a las autoridades y entes de control que deben permanecer vigilantes para que las ayudas lleguen a quienes las necesitan. Recordatorio que hay que hacer, dados los lamentables antecedentes recientes.

Y al tiempo con la movilización para llevar socorro a los sobrevivientes, procede reflexionar sobre los factores por causa de los cuales este fenómeno natural derivó en tan lamentable desastre, con miras a que las duras lecciones que siempre deja un acontecimiento así puedan aplicarse en tantos otros municipios con condiciones similares.

Es un hecho que por razón del cambio climático el país está cada vez más expuesto a lluvias con una intensidad sin antecedentes en los registros que se llevan para cada región. Son cantidades abundantes de agua que caen sobre terrenos que en muchas ocasiones han sido afectados por la deforestación y la erosión. Recientemente, en este espacio presentamos el preocupante panorama que afronta Colombia en esta materia, con cerca del 40 por ciento del territorio continental degradado.

Una realidad así obliga a darle prioridad en la gestión pública a la prevención. Esta implica sistemas de alertas tempranas, pero también la obligación legal de los mandatarios locales de ejercer control urbanístico para evitar que surjan asentamientos en las zonas con algún grado de riesgo, tarea a la que cada ente territorial debe darle absoluta prelación.

La Ley 1523 del 2012 fija una hoja de ruta para que alcaldes, gobernadores y autoridades del orden nacional puedan identificar todos aquellos lugares que son susceptibles de sufrir una catástrofe, y emprender las acciones necesarias para estar preparados. Esto implica, además de las mencionadas alertas, programas de reubicación.

En esta nueva tragedia, aparte de la atención integral del desastre, que incluye el proceso de recuperación del territorio una vez se supere el impacto, lo ocurrido obliga a volver a examinar cómo estamos en prevención. Desafío ineludible dada la certeza de que los embates de la naturaleza no cesarán y, al contrario, su ocurrencia se intensificará. Aquí, Colombia tiene mucho por hacer si queremos evitar estos luctuosos episodios.

editorial@eltiempo.com.co

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