Tras fin de era del glifosato, así será la estrategia contra la coca

Tras fin de era del glifosato, así será la estrategia contra la coca

Cuadruplicarían recursos para sustitución y se llevaría a legalidad a familias en zonas cocaleras.

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16 de mayo 2015 , 08:42 p.m.

Aunque cantada, la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de este jueves de acabar con el uso del glifosato en las fumigaciones contra la coca es histórica, porque marca el comienzo de una nueva era en la política antidrogas.

Si bien el Ministerio de Defensa y la Policía trabajan en encontrar un sustituto del herbicida para mantener las fumigaciones, el Gobierno tiene ya esbozado un plan de acción en el que la fumigación y la erradicación manual forzosa no tienen el protagonismo que han mantenido por décadas.

Altas fuentes oficiales confirman a este diario que la Presidencia estudia la viabilidad económica de la hoja de ruta a la que el Ministerio de Justicia, como cabeza de la política de drogas, le apostará en los próximos cinco años: una ‘revolución’ en los programas de sustitución de cultivos ilícitos y de normalización de las zonas cocaleras.

Las proyecciones de cubrimiento parten del número de hectáreas con coca y la cifra de familias vinculadas a estos sembradíos, basadas en el reporte que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU está a semanas de hacer público y que corresponde al 2014.

El censo muestra, como lo había anticipado un documento del Ministerio de Defensa revelado por este diario hace dos semanas, un ostensible aumento en las siembras de coca. De 48.000 hectáreas detectadas en el 2013 se pasó a al menos 62.000 el año pasado, lo que significa un incremento del 29 por ciento y un retroceso del promedio que el país tenía hace cinco años.

Técnicos que participaron en los estudios explican que si en el país hay 62.000 hectáreas de coca, al menos hay 65.000 familias sembrando.

El plan no apunta solo a atender a esas familias, sino casi al triple por dos razones: la primera es que las que están cerca de los sembradíos son vulnerables de caer en esa actividad y la segunda, que para que esa intervención sea sostenible se debe involucrar a toda una comunidad.

Así las cosas, el Ministerio de Justicia plantea cubrir a 200.000 familias con programas de sustitución que incluyan desarrollo alternativo e integración regional.

El presupuesto proyectado es de 2 billones de pesos para cinco años, es decir, 400.000 millones de pesos cada año. Pero para que esto funcione, el Gobierno tendrá que redistribuir la torta del presupuesto antinarcóticos, un plan cuya viabilidad económica estudia el Ministerio de Hacienda. (Lea: 'La sustitución es una manera eficiente de combatir cultivos ilícitos')

La Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial tiene asignados cerca de 85.000 millones de pesos, con los que 10.000 familias han sido involucradas en proyectos productivos. De ese total, 65.000 millones son ejecutados a través de la ONU y el resto, con las autoridades locales.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, ha dicho que en los últimos 10 años se ha invertido un billón de pesos en programas de ese tipo. Además, que apostarle a la sustitución puede ser una jugada más lenta pero de efectos más duraderos.

La sustitución, explican técnicos, no necesariamente tiene que darse con una erradicación voluntaria, sino que estará acompañada por la erradicación manual forzosa que hoy realizan los Grupos Móviles de Erradicación. En esa estrategia, el Gobierno invierte 45.000 millones de pesos.

En el rediseño del Minjusticia no está contemplado un plan intensivo de la erradicación manual, por el riesgo que implica para los encargados de esa tarea por las minas antipersona y por los hostigamientos de los grupos armados ilegales. “No es una estrategia que se deba universalizar. Solo se realizaría en zonas donde se puede hacer, con la visión de que detrás de esa erradicación va el desarrollo alternativo”, dice una alta fuente en el Gobierno.

‘Inteligencia táctica’

La sustitución no es la única herramienta contemplada para compensar el impacto que en la lucha contra los cultivos generará la ausencia de la aspersión.

El Gobierno también ha incluido un remezón en la estrategia militar y policial.

Ese segundo énfasis está dirigido a “asfixiar” los principales núcleos de siembra y producción con una interdicción aún más efectiva, concentrada especialmente en zonas de difícil acceso.

La clave, de acuerdo con los asesores que trabajan en esa propuesta, es aplicar la inteligencia táctica, que ha sido exitosa en la caída de grandes capos, al objetivo de cerrar y bloquear las rutas de movilidad de las redes del narcotráfico.

Esa es concretamente la estrategia coercitiva que compensaría el fin (al menos temporal) de la aspersión de cultivos ilícitos. En esa estrategia, de acuerdo con cifras de la Policía, se invierten unos 94.000 millones de pesos al año, de los cuales cerca del 80 por ciento lo aporta Colombia.

“Lo que buscamos es que esa inteligencia táctica con la que se atacan los objetivos, de alto valor entre narcos y jefes de guerrilla, sea aplicada para recuperar territorios”, dijo otro de los cerebros de la nueva estrategia.

Añade que el objetivo es que se cierren rutas por carreteras y ríos para bloquear el ingreso de insumos químicos a esas zonas de difícil acceso donde están cultivos y laboratorios, y así mismo cerrar la puerta a la salida de la base o clorhidrato.

¿Nuevo herbicida?

El plan incluye redestinar a los hombres de la Brigada Antinarcóticos del Ejército y a los de la Policía Antinarcóticos que hoy están enfocados en la erradicación hacia la interdicción. Ya no prestarían seguridad a los pilotos y las aeronaves de EE. UU. que hacen la fumigación.

Entre las debilidades proyectadas está el alto poder corruptor de las mafias, en las que pueden caer algunos miembros de la Fuerza Pública. Por eso se plantea incorporar medidas de control más severas para blindar a esos pelotones.

La política antidrogas no se puede quedar en el mismo enfoque. Un cambio de paradigma es la única vía para superar la aspersión”, indica una fuente en el Gobierno.

El Ministerio de Defensa ha dicho que hallar una nueva molécula herbicida diferente al glifosato es una salida viable para continuar con la aspersión en zonas de difícil acceso. Y aunque ya hay preseleccionadas entre 5 y 7 que podrían usarse, su aprobación no se prevé para el corto plazo.

En la lista de opciones no solo hay químicos sino plagas controladas, como gusanos, para atacar los narcocultivos. Es una iniciativa casi descartada, porque ese tipo de medidas podría desencadenar riesgos biológicos.

Por eso, Daniel Mejía, presidente de la Comisión Asesora para la Política de Drogas, advierte que el Gobierno debe cuidarse de “cambiar un problema por otro” en el afán de encontrarle reemplazos al químico que por 30 años llovió de los aviones antinarcóticos.

PAULINA ANGARITA MENESES
Subeditora de Justicia
pauang@eltiempo.com

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